A falta de ley: reglamentos antidiscriminación

La discriminación en el estado de Jalisco ha sido un tema estancado a nivel estatal desde hace más de una década.

Así lo afirma Gerardo Moya García, académico del Centro de Formación Humana del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Occidente (ITESO), y miembro del Colectivo Jalisco Incluyente.

De la misma forma, aplaudió la reciente presentación de un Reglamento Municipal Antidiscriminación en el municipio de Zapopan, al igual que la aprobación del mismo en la capital tapatía.

Las polémicas por discriminación más recientes se han dado en el municipio encabezado por Héctor Robles Peiro, quien tomó acciones en los casos denunciados desde las redes sociales, aunque se reconoció la ausencia de una reglamentación en la materia.

El 2 de julio pasado, el Ayuntamiento de Zapopan clausuró por actos discriminatorios la cafetería del Centro Médico de Puerta de Hierro, luego de que en febrero de este año despidieron a Yuri Alejandra Delgado Luévano por su preferencia sexual.

Zapopan actuó bajo el artículo 28 fracción XIV del Reglamento de Comercio y Servicio del municipio, donde se prohíbe negar el servicio por raza, sexo o nacionalidad. 

Esa misma tarde el alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, se comprometió en crear un reglamento para combatir la discriminación.

Sin embargo, a más de dos meses en que el alcalde zapopano afirmó la creación del mencionado reglamento, no fue éste sino la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano (MC) quien a inicios de septiembre presentó la esperada propuesta.

“Este es un cuerpo normativo que va a proteger la manera en la que alguna persona, que se sienta discriminada, pueda proceder con un procedimiento muy ágil que se está encajado dentro de las propias dependencias del gobierno municipal para poder sancionar, con amonestaciones y multas económicas a las personas o negocios que practiquen la discriminación por cualquiera de las variables que se presenten”, explicó Augusto Valencia López, regidor por MC que presentó la iniciativa en cabildo.

Las quejas, de acuerdo con lo propuesto en la iniciativa, se podrán realizar en módulos de defensoría que se distribuirán en el municipio, en atención ciudadana o la dirección de desarrollo social y humano de Zapopan, de igual forma se podrán presentar vía telefónica o vía web, en un micrositio en la página del Ayuntamiento.

Después de presentada la queja, se canalizará a la dirección correspondiente por la naturaleza de la demanda y de esa forma iniciará una investigación, la cual deberá realizarse en un plazo de 30 días hábiles.

Dependiendo de la gravedad y afectación en el acto discriminatorio se impondrá una amonestación, recomendación o una sanción económica que va de cinco a mil salarios mínimos, según la propuesta.

Así mismo la iniciativa contempla la creación de un comité que agrupará a distintas organizaciones sociales o colectivos defensores de derechos humanos que colaborarán con la Comisión Edilicia y Permanente de Derechos Humanos en la resolución de quejas; así como la generación de instrucciones y líneas de acción para campañas de concientización.

En ese mismo tenor, el documento obligará al Ayuntamiento de Zapopan a trabajar en la reducción de la discriminación, capacitando a sus funcionarios de las distintas áreas para que no incurran en actos de este tipo, al igual que con campañas por toda la circunscripción municipal.

Al mismo tiempo se establecerán instrucciones para desarrollar indicadores de evaluación anual en el tema, que se conformará con información otorgada por la Secretaría de la Contraloría y las direcciones de Comunicación Social, Seguridad Pública e Inspección de Reglamentos.

“Esperemos que el alcalde no lo detenga, no nos vaya a grillar esto que es una prioridad”, señaló Valencia López al explicar que la iniciativa ya se encuentra en comisiones para su estudio y análisis. 

“Este va a ser un instrumento que va a fortalecer al ciudadano para que pueda quejarse, y el gobierno resolver estas quejas pues de manera real, con la aplicación de sanciones”, dijo el regidor zapopano.

Sólo en reglamentos

Para Gerardo Moya García, académico experto en el tema, lo que sucede en Zapopan y la experiencia de Guadalajara se debe celebrar, puesto que la existencia de reglamentos antidiscriminación es un intento para combatir la discriminación, a pesar de que desde el año 2004 se ha intentado crear una ley estatal de la materia.

“Ante la ausencia de una legislación estatal para Jalisco, y una ausencia grave, al menos algunos municipios con mayor índice poblacional están ya trabajando estos reglamentos”, expresó el académico del ITESO.

Porque mientras en el Congreso local se discuten tres diferentes iniciativas estatales para prevenir y combatir la discriminación en Jalisco, son los municipios los que están reglamentando en el tema, lo que genera un foco de atención para los diputados locales, señala Moya García.

Lo más destacable de los reglamentos ante una ausente ley estatal antidiscriminación, es la sanción y persecución de estos actos por medio de lo administrativo.

“Es posible trabajar la sanción a los actos administrativos de discriminación a través de los juzgados municipales, por ejemplo, que es una propuesta que hemos estado haciendo reiteradamente al Congreso del Estado a través de distintas legislaturas, en función de cómo darle trato a los actos discriminatorios”, expuso Gerardo Moya.

El especialista afirmó que mientras ya se analizaban las distintas iniciativas de los diputados para generar un mismo documento, el diputado local Miguel Castro Reynoso presentó una nueva iniciativa, pese a que la fracción del Partido Revolucionario Institucional ya tenía una, lo que podría interpretarse como un intento por detener una ley necesaria.

De la misma forma menciona que por la experiencia generada en su trabajo con partidos políticos para la aprobación de la ley antidiscriminación, esta sería otra Legislatura que deja congelado el trabajo realizado, “aunque las cosas podrían cambiar”, sentenció esperanzado.

Discriminación penalizada, salida fácil

Mientras que para el Partido Revolucionario Institucional, y para su diputado local en el Congreso del Estado, Jaime Prieto, la aprobación de la tipificación de la discriminación como un delito penal es un avance, para el académico del Centro de Formación Humana, Gerardo Moya, esta no es la mejor opción y se queda muy corta al lado de otras legislaciones estatales de la materia.

Para Moya García, la tipificación de la discriminación, contemplada en el estado como Delitos contra el Honor, es una salida fácil para el Congreso, y contrario a ello se debe sancionar por medio de actos administrativos en juzgados municipales.

“No sólo es una salida fácil, sino es una salida que, en atención de como está el sistema de justicia penal en México actualmente, sería incluso doble(mente) victimizadora de las personas que hayan sido sujetas de un acto de discriminación”, explicó Moya García.

De acuerdo con cifras citadas por el académico, de cien delitos por los que se inicia una averiguación previa en el sistema penal de México, sólo uno tiene una sentencia firme, aunado a que de los mismos cien delitos sólo ocho se denuncian.

“Frente a ese sistema de impunidad, ¿cómo yo voy a mandar a una persona sujeta a un acto discriminatorio a un ministerio público? ¿para qué? ¿para qué tenga un uno por ciento de que después de que el ministerio público investigue? Si es que (el MP) no lo pone debajo porque hay cosas previas. Evidentemente es mandarlo casi a una doble victimización por falta de que la justicia sea pronta”, sentenció el académico.

Moya García agregó que para combatir la discriminación, la penalización no es viable, pues genera un proceso burocrático y largo en un sistema donde impera la impunidad.

El académico concluye que un buen acto de sanción por discriminación será la vía administrativa y no penal, además de la creación de un organismo autónomo del rubro y la prevención por medio de campañas de sensibilización, que han quedado contempladas en las iniciativas congeladas del Congreso local.