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El trágico derrumbe de casas que se presentó en el fraccionamiento Antigua, en Monterrey, donde murió una persona, también es la historia de un permiso bajo sospecha y la negligencia de las autoridades municipales de Monterrey y su reacción tardía para reducir el riesgo para los vecinos.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, que encabeza Horacio Bortoni, no sólo no permitió que se realizaran los trabajos de reforzamiento del muro de contención para la construcción de una torre comercial aledaña al Fraccionamiento Antigua, sino que tampoco tomó medidas para evitar que los vecinos estuvieran en riesgo.
La dependencia de Protección Civil de Monterrey fue omisa en desalojar a los vecinos que vivían en las casas contiguas a esta obra a cargo de la empresa Distrito 4 Desarrollos S.A. de C.V.
Un documento en poder de Reporte Indigo revela que la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal circuló el oficio 2445/17-CJ-SEDUE, donde advierte que se tendría que desalojar o la desocupación de inmuebles. El documento fue fechado el pasado 31 de octubre.
Incluso, este oficio señala que un inspector del Municipio de Monterrey acudió a la ahora zona siniestrada, pero todo apunta que no se tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los vecinos del sector.
El oficio señala que un inspector del Municipio de Monterrey acudió a la ahora zona siniestrada, pero no se tomaron las medidas necesarias
“Se ordena las medidas de seguridad indistintamente consistentes en: la desocupación o desalojo de inmuebles, demolición de construcciones, retiro de instalaciones o de materiales y la prohibición de usos de edificaciones.
“Contratación con radio y/o televisión de transmisiones o emisiones de mensajes de alerta por caída de materiales, por desprendimiento de terreno, apuntalamiento y demolición de partes inestables”, cita el documento.
Inexplicablemente, tuvieron que pasar 22 días para que el Municipio de Monterrey y Protección Civil municipal actuaran para evacuar a las familias de las residencias aledañas a la obra.
En total fueron 100 personas las que tuvieron que desocupar sus casas del Fraccionamiento Antigua.
Las familias de este sector habrían denunciado este mes el riesgo de un colapso de viviendas, pero todo apunta a que no fueron escuchados, y la tragedia apareció este pasado miércoles.
Ayer, varias familias visiblemente afectadas emocionalmente comenzaron a sacar en maletas sus pertenencias de las residencias, pues aún hay temor de que colapsen más inmuebles en ese sector residencial.
Algunos se fueron a vivir temporalmente con familiares o amigos, hasta que se realice un peritaje en la zona o una evaluación del riesgo actual.
La primera indagatoria que tendría que hacer la Procuraduría de Justicia estatal es sobre la autorización de los permisos con los que contaba la empresa Distrito 4 Desarrollos S.A. de C.V. para construcción de una plaza comercial y oficinas sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
Las licencias fueron autorizadas en los meses que estuvo como secretaria de Desarrollo Urbano la panista Erika Moncayo, actual directora jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano de San Nicolás de los Garza.
¿Voracidad comercial?
La excavación para la construcción de la Torre Vía, que provocó el colapsó de cuatro casas y dejó una persona muerta en el Municipio de Monterrey, apunta a que no existieron ingeniería adecuada, estudios del suelo ni anclaje eficiente.
Gráficas en poder de Reporte Indigo exhiben que no se habían colocado anclas para evitar el colapso del muro, necesarias sobre todo en una excavación profunda; además se aprecia que este desarrollo tendría una densidad horizontal importante.
Expertos consultados por este medio señalaron que este tipo de siniestros en la construcción no pueden ocurrir en Monterrey.
Señalaron que la Constructora Legosa, encargada de la obra, no realizó estudios pertinentes del lugar, en suelo e ingeniería adecuada al mismo, pues se pretendió exprimir el terreno al máximo.
Las residencias colapsadas tienen un valor de unos 7 millones de pesos.
Fallan Municipios
Una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgó facultades en 1997 a los Municipios en materia de Desarrollo Urbano, pero su capacidad para formular construcciones eficientes ha sido casi nula.
“Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territorial.
“Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; otorgar licencias y permisos para construcciones”, cita la reforma.
Desde entonces, los Municipios metropolitanos no han tenido la capacidad de mantener un ordenamiento urbano eficiente y con construcciones de calidad para la ciudadanía.
Y para muestra un botón. El derrumbe de cuatro casas del Fraccionamiento Antigua por la construcción de una torre comercial recuerda que no es la primera vez que ocurre un colapso de la tierra en una edificación.
En agosto del 2014, la excavación para la construcción de la zona comercial Fashion Drive colapsó tres carriles laterales de la circulación de poniente a oriente de Lázaro Cárdenas, que además rompió una tubería de gas.
El derrumbe provocó la caída de un poste de luz que generó un chispazo y detonó la explosión, que a su vez generó una columna de fuego de unos 20 metros de alto que duró por horas.
El pasado 29 de septiembre de este año, entre las avenidas Los Ángeles y Nogalar, se formó un socavón que acabó con la vida de Emily Alvarado, de 25 años, quien junto con otros familiares viajaba en un vehículo que cayó al hundimiento.
El Congreso local continúa otorgando facultades a los Municipios metropolitanos en materia de Desarrollo Urbano, vía libre y sin una supervisión jerárquica, pues la nueva Ley de Desarrollo Urbano contempla estas atribuciones.
Esto a pesar de que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano retiró estas atribuciones a los ediles, pues se pretendía que urbanistas fueran los indicados para autorizar edificaciones.
