Aquí lo que falla es la responsabilidad que tiene la DGAC como órgano regulador
Las dilaciones en el rescate de Mexicana de Aviación y la consecuente salida del juez concursal Felipe Consuelo, solo evidencian que el tiempo ya se agotó.
El proceso ya llegó al “punto sin retorno”, y el siguiente paso que habrá de evaluar la nueva juez Edith Alarcón es la quiebra natural de la línea aérea.
Así opina Alejandro Zendejas, especialista en Derecho Concursal del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe.
El experto explica que las ofertas no cristalizadas (PC Capital, Med Atlantica, Fides) han retrasado el proceso judicial para concluir el rescate, desvalorizando los activos de la línea aérea.
El proceso está llegando al “punto sin retorno”, y una vez rebasado, expone el investigador a Reporte Indigo, va a ser inviable la recuperación de la aerolínea por el monto de capital que se le va a tener que inyectar.
El retraso de dos años, acusa, es porque la Ley de Aviación Civil no prevé sanciones para la dilación del proceso.
Se justifica que el retraso es en aras de un bien común, lograr un acuerdo para que Mexicana vuelva a volar, pero los tiempos “ya están rebasados”.
En opinión de Zendejas, la nueva juez encargada del proceso concursal tiene primero que evaluar la viabilidad de los recursos de la empresa aeronáutica y garantizar los recursos del inversionista.
Si el capitalista interesado, como ha venido sucediendo, no demuestra su solvencia financiera, insiste, el proceso va a tender “a una quiebra natural”.
Hoy el tiempo ya corre en contra de Mexicana de Aviación y de su gente, de los mismos pasivos.
“Y si no hay otra (salida) más que la quiebra, se venderán los bienes de Mexicana de Aviación para liquidar a los trabajadores, al fisco y a los acreedores, hasta donde alcance”.
La jueza debe actuar dentro de los seis meses que marca la ley de concurso mercantil, es decir, tiene hasta febrero del 2013.
Juzga que la Ley Concursal no ha fallado, tampoco la especialización de los jueces en la materia.
“El proceso ha adolecido de seriedad de parte de los actores que aprovechan los vacíos legales de la Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil”.
La quiebra de Méxicana “no debió haber sucedido porque la propia legislación marca que las empresas que sean concesionarias para explotar el espacio aéreo deben tener un plan de negocios financiero, jurídico y técnico”.
Es responsabilidad de la autoridad auditar a las empresas.
Se refirió a la función reguladora que no cumplió la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT.
Y es que toda aerolínea está sujeta a título de concesión y tiene que presentar a la autoridad elementos que acrediten su viabilidad financiera, técnica y jurídica.
Si no cumple con esas condiciones, la autoridad puede revocar la concesión y el certificado de explotador aéreo.
Aquí lo que falla, además de la legislación en la materia, es la responsabilidad que tiene la DGAC, como órgano regulador del sector.
