México tiene un fallido sistema de salud mental que afecta a los usuarios de estos servicios. Así lo revela la organización Documenta en el informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.
El documento, publicado ayer, exhibe la situación que viven las personas en hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —como albergues o centros de integración— donde se brindan servicios a la salud mental y se puede alojar a personas en contra de su voluntad.
El informe señala que los abusos son frecuentes y en estos se encuentran golpes, humillaciones y maltrato; también electroterapias y castración química; violencia sexual; aislamiento y sujeciones; y castigos como el encierro, la medicación y la restricción de contacto con el exterior.
Incluso, revela que hay casos de negligencia del Estado que han derivado en la muerte de personas usuarias.
“Se denunció que el trato humillante llevó a una persona a aventarse de un tercer piso y a una mujer a intentar acabar con su vida por las condiciones en las que vivían.
“También existen varias quejas que narran suicidios consumados y dos recomendaciones que señalan a las autoridades penitenciarias como responsables de los suicidios por omisas en la vigilancia y seguridad de las personas ubicadas en los pabellones psiquiátricos”, se lee.
Entre los problemas que tienen estas instituciones está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la falta de presupuesto, así como de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a sus derechos, señala el documento.
Las condiciones de violencia y violaciones a los derechos humanos están sustentadas en la sistematización de quejas, informes, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional, explica Documenta.
Recomendaciones al sistema de salud mental
La organización emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, a congresos estatales, a la Secretaría de Salud, a organismo públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal que brinda atención a la salud mental.
Entre estas se encuentra una reforma a la Ley General de Salud que tenga con piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
