La incapacidad que ha mostrado el Gobierno de Jalisco para dar con los responsables del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pese a haberse cometido hace ya un mes, evidencia que las tareas de fusión de inteligencia que se le asignaron a la Coordinación de Seguridad no están dando los resultados esperados.
Con la llegada de Enrique Alfaro Ramírez a la gubernatura de Jalisco se creó una Coordinación General Estratégica de Seguridad, a la cual se le dotó de una Dirección de Fusión de Inteligencia con la finalidad de concentrar los productos de inteligencia que generan tanto la Fiscalía del Estado como la Secretaría de Seguridad.
Entre las responsabilidades de esa Dirección de Fusión de Inteligencia (actualmente absorbida por el área de Gestión Transversal) están: “Desarrollar análisis, mapas delincuenciales, redes de vínculos y líneas de acción”; y “Desarrollar bases de datos de condiciones sociopolíticas, demográficas y delictivas”.
Además de “obtener y procesar la información referente a la seguridad y procuración de justicia del estado para generar inteligencia que sirva de base para la oportuna toma de decisiones y la planeación de las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y procuración de justicia; así como la creación de estrategias operativas en la materia”, según el Reglamento de la Coordinación emitido en 2019.
Sin embargo, a un mes de los hechos, las autoridades de Jalisco no sólo no han podido detener a los autores materiales e intelectuales del asesinato, sino que incluso debieron recurrir a los ciudadanos para que sean estos quienes, a cambio de una recompensa, aporten información sobre la identidad de individuos sospechosos que “pudieran” estar involucrados en el homicidio.
Este 13 de enero pasado, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, tuvo que salir ante los medios para ofrecer dicha recompensa, y señaló que “se tienen identificadas a dos personas, un hombre y una mujer, que pudieran tener relación con los hechos que se investigan”:
Con la finalidad de obtener información verídica que nos permita la identificación de estas personas, la Fiscalía del estado ofrece un millón de pesos de recompensa para quien proporcione datos certeros sobre cada uno de ellos, pudiendo aumentar la cantidad dependiendo de la calidad de la información proporcionada
Riesgo no prevenido
La alternativa de la recompensa que puso en marcha la Fiscalía del estado para allegarse de datos sobre sospechosos de la muerte de Sandoval Díaz sugiere que el área de fusión de inteligencia no ha podido aportar ni siquiera información sobre las células criminales específicas que operan en Puerto Vallarta.
La Dirección de Fusión de Inteligencia fue creada con otras facultades relevantes como “procesar y clasificar la información generada por las dependencias y entidades sectorizadas a la Coordinación” y “proponer las estrategias de acción en temas de seguridad y procuración de justicia”.
Así como “implementar mecanismos de recolección, registro y clasificación de información en materia de seguridad y procuración de justicia; desarrollar estudios sobre seguridad y procuración de justicia en el estado”; y “establecer canales de comunicación e intercambio de información con las dependencias y entidades responsables de seguridad pública y procuración de justicia en los tres niveles de Gobierno del estado y organizaciones civiles”, de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Interno de la Coordinación, del 1 de enero de 2019.
Sin embargo, pese a esas funciones, ninguna autoridad previno el riesgo que corría el exmandatario Artistóteles Sandoval en Puerto Vallarta, donde lo acompañaba sólo un par de escoltas, y aun cuando desde el 21 de mayo de 2018 el propio Sandoval Díaz había advertido públicamente que estaba amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ese día, al referirse a las acciones que su Gobierno había emprendido contra ese cártel, reveló: “Este combate directo y decidido ha costado amenazas a quienes encabezamos el estado, la Fiscalía estatal así como autoridades políticas, como el secretario General de Gobierno y un servidor (…) ésta es la situación que enfrentamos, un grupo delictivo poderoso al que hemos contenido, créanmelo, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad”.
Hasta ahora la Fiscalía sólo ha podido detener a cinco empleados del bar donde se cometió el homicidio, por el delito de encubrimiento –pues habrían alterado la escena del crimen–, y un individuo más por cohecho.
Cambios en inteligencia sin rumbo
La Coordinación General Estratégica de Seguridad, a la que están sectorizadas la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, ha pasado por cambios importantes en el poco tiempo que lleva de existencia, particularmente tras la salida de su titular, Macedonio Tamez Guajardo, en julio de 2020.
El funcionario tuvo que dejar la titularidad de la Coordinación, y por tanto la jefatura del Gabinete de Seguridad, luego de que el 5 de junio de 2020 agentes de la Fiscalía detuvieran ilegalmente y desaparecieran transitoriamente a cerca de 50 jóvenes manifestantes, en los alrededores de esa institución.
En este Gobierno de Enrique Alfaro se creó una Coordinación General Estratégica de Seguridad, a la cual se le dotó de una Dirección de Fusión de Inteligencia para reforzar la investigación de las organizaciones delincuenciales
Tamez Guajardo había laborado en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como director de Enlace (2009-2011), y había ocupado otros cargos en el sector de la seguridad, como el de director General de Seguridad de Guadalajara (2007-2009); la titularidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (1998-2000); y el secretariado de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados (2015-2018).
Sin embargo, fue sustituido por Ricardo Sánchez Beruben, quien no contaba con ninguna experiencia en puestos operativos en el ámbito de la seguridad; a su llegada se concretó, además, una reestructura de la Coordinación, cuyo nuevo Reglamento data del 4 de agosto de 2020, y que conduciría a que las funciones de la Dirección de Fusión de Inteligencia fueran absorbidas por la Dirección General de Gestión Transversal, que encabeza Antonio Sakae Prieto Nishimura.
El cargo de Coordinador tiene un sueldo mensual de 142 mil 283 pesos.
