En agosto, la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado decidió elevar en alerta máxima el estatus de vigilancia en las tres prisiones, pero este marco de actuación falló en el Penal de Cadereyta.
La alarma también se extendió hasta los celadores, quienes tendrían que anticiparse y buscar la coordinación institucional a cualquier indicio de violencia por parte de los reos, incluso se les indicó que extremaran precauciones personales durante sus trayectos.
Pero esto también fracasó.
Dos meses después, reos del Penal de Cadereyta se amotinaron por más de 17 horas ocasionando severos disturbios y tomaron como rehenes a tres celadores; muerte y caos provocado porque supuestamente trabajan ahí funcionarios penitenciarios ligados con la delincuencia organizada.
Todo esto pudiera haberse evitado si el Gobierno aplicara con rigor la condición de alerta máxima, pero no fue así.
El saldo hasta anoche era de 17 internos muertos y 37 heridos.
Un documento en poder de Reporte Indigo revela que los altos mandos penitenciarios advirtieron a los celadores la situación de máxima alerta en los tres centros penitenciarios.
“Reitera instrucción de mantener la alerta máxima, en el marco de actuación que establece el plan de acción de los centros penitenciarios, así como mantener la coordinación institucional.
“Para la solicitud de apoyos a la vigilancia e informar en forma verbal y escrita las novedades que ocurran en el centro penitenciario, en razón a lo expuesto y atendiendo a lo ordenado por la superioridad”, dice el oficio.
La orden fue enviada por la comisaria de la Agencia de Administración Penitenciaria, Rosa Manuela Félix Valles, bajo el oficio AAP/0114/2017.
Pero pareciera que en la lógica del Gobierno independiente se prefiere remediar el problema después de que sucede un motín.
Tras los disturbios en el Penal de Cadereyta, la noche del miércoles se reforzó la vigilancia en el Penal del Topo Chico y Apodaca, con elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Fuerza Civil.
La orden de máxima alerta fue enviada por la comisaria de la Agencia de Administración Penitenciaria, Rosa Manuela Félix Valles, bajo el oficio AAP/0114/2017
Se pronuncia CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó las acciones de las autoridades del Estado de Nuevo León durante el motín registrado en el Penal de Cadereyta.
“Este organismo nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática, que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad.
“Y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que hoy de nueva cuenta se presentan en Cadereyta”, cita el boletín emitido por este órgano.
La Comisión recordó que además de emitir recomendaciones al Penal de Cadereyta, también se hizo referente a hechos violentos en el Penal de Apodaca y Topo Chico.
“Así también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su recomendación M-01/2016 dio cuenta de las irregularidades que imperan en los tres centros de la entidad, incluyendo Cadereyta”, dice el documento.
Por su parte, el diputado federal panista Juan Carlos Ruiz dijo que se tiene que reactivar el proyecto de un nuevo penal, ya que el plan de ampliar los ya existentes solo vendría a incrementar el problema que ya se vive.
“Preocupado por el alarmante incremento de hechos violentos registrados en los tres penales, en el Topo Chico, Apodaca y Cadereyta; donde ya es notoria la falta de control de los mismos por la autoridad”, dijo el legislador a Reporte Indigo.
“Este organismo nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática, que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad”
Rehenes en peligro
La hermana Consuelo Morales, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), consideró que se puso en riesgo la vida de los celadores que fueron tomados como rehenes.
“Las fotos que vimos, en todas fueron por bala… y fue la inmensa mayoría, son como seis, yo lo que me pongo a pensar, hagamos de cuenta que usted y yo tenemos a alguien en el techo y lo quiero soltar.
“Si me disparan, ¿qué voy a hacer?, soltarlo, no puedo aceptar eso (de que se usó la fuerza letal para rescatar a los celadores); claro que pusieron en riesgo la vida de los celadores, es la medida que menos se debe tomar”, cuestionó Morales.
Agregó que espera que la autopsia de los reos fallecidos se realice de manera transparente por parte de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.
“Ahora la impresión que tengo y lo veremos en la autopsia, varios reos tenían el disparo en la espalda, entonces no me pueden decir que los policías estaban en su legítima defensa, creo que fueron como seis.
“La manera que fueron golpeados fue de una manera muy brutal, o sea, de esta fase pasaron a la siguiente fase del uso de la fuerza letal, y no se vale… no se vale”, detalló molesta la hermana Consuelo Morales.
