Factureras, vía libre para utilizarlas durante el proceso electoral

En el año 2014 se reformó el artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación con la finalidad de mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones de los contribuyentes haciendo públicos los datos de las empresas irregulares o “fantasma”.

Las también llamadas factureras son responsables de que millones de pesos del erario se desvíen y no se designen a las prioridades económicas del país, como los programas sociales e infraestructura.

Según especialistas, del 2014 a la fecha, se han facturado más de 4 billones de pesos de manera ilegal.

Actualmente, hay cerca de 80 mil empresas fantasma en espera de aparecer en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que no ha sido posible gracias a la burocracia.

La reforma del artículo 69-B trajo consigo una nueva etapa en la justicia fiscal de México, publicando en el Diario Oficial de la Federación los datos de quienes participan en el tráfico de comprobantes fiscales. A partir de esto, el Servicio de Administración Tributaria funcionaría como juez de las empresas.

Estar dentro de estas  listas de contribuyentes irregulares definitivos trae consigo la inmediata invalidación del CFDI y los efectos retroactivos de la ley. Esto quiere decir, la aplicación de nuevas normas a hechos pasados o previos a la reforma.

Del 2014 a octubre del 2023 se publicaron 10 mil 797 contribuyentes calificados como definitivos después de realizar las investigaciones correspondientes por el propio SAT, y sólo mil 442 contribuyentes con una sentencia favorable.

Información otorgada por Inteli-Iuris

Dicha reforma arrojó de inmediato 573 contribuyentes calificados como irregulares definitivos; el año siguiente, 2015, 331; 2016 la cifra aumentó de manera importante a mil 555 empresas fantasmas.

Durante los tres años siguientes, las investigaciones arrojaron casi el doble: 2017, 3 mil 112 empresas; 2018, 2 mil 249; y 2019, mil 404.

En el año 2020 las listas comenzaron a reducirse con mil 26 compañías calificadas como empresas fantasmas definitivas. En el 2021, 525 empresas, cifra similar a la que se obtuvo al inicio de la reforma al artículo 69-B.

En el pasado 2022, se presentó una diferencia mayúscula con tan sólo 12 empresas integrando las listas; y este 2023, hasta el mes de octubre, sólo se han publicado 10 registros al respecto.

Los motivos detrás

Al no renovarse la lista de empresas irregulares genera que otras instancias como las auditorías superiores y fiscalías especializadas contra la corrupción tengan dificultades para ejercer una persecución judicial.

Para Iván Benumea, especialista en finanzas públicas y su vínculo con los derechos humanos y coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, sólo hay dos motivos que explican la reducción.

“El dato sobre que no se hayan actualizado las listas puede deberse a por lo menos dos cosas: que las empresas ya sofisticaron sus procesos y ahora no son identificadas por el SAT; o que el SAT a hecho tan bien las cosas que ahora no existen posibilidades de que se constituyan empresas fantasmas”, señala.

Para Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, y socio fundador de la plataforma Inteli-Iuris, que busca contribuir a la democratización del conocimiento jurídico y a fortalecer el Estado de Derecho, la disminución de las listas de empresas fantasmas reside  en los obstáculos burocráticos.

“Desconozco las razones institucionales, lo cierto es que estas listas del SAT se han caído, primero porque se formó un comité interno en los tiempos de Raquel Buenrostro (jefa del SAT de 2020 a 2022) para que se hiciera una calificación final antes de publicarse, y como todo comité, implicó un obstáculo burocrático que hizo más lento el proceso al grado de prácticamente anularlo”, dice.

El experto menciona que el SAT tiene un inventario de 80 mil empresas que pueden ser publicadas y debido al trámite burocrático no es posible.  Agrega que más allá de que la institución esté encubriendo factureras, el problema también radica en la falta de personal.

“Se le ha querido dar la explicación de que están encubriendo empresas fantasma. Yo creo que no da para tanto. La lentitud con la que está operando el SAT no da para ese tipo de sospechas. Yo creo que es más burocrático, de falta de recursos humanos y de manejo de bases de datos internos. Sin embargo, termina siendo muy lamentable porque se están presentando varias consecuencias.

“Tan sólo de las casi 11 mil empresas fantasmas que ha publicado el SAT, se han evadido 4 billones de pesos, que no están ingresando a las finanzas públicas”, refiere Luis Pérez de Acha.

El experto prevé que si los 4 billones de pesos resultaron por las casi 11 mil empresas fantasma detectadas en los últimos 10 años, si se encuentran más, la cantidad podría ser estratosférica.

Finalmente, resalta el trabajo de la Auditoría Fiscal que actualmente ha localizado 80 mil empresas irregulares pendientes de publicar, las cuales representarían desvíos por cerca de los 32 billones de pesos.

Impunidad y empresas piramidales

Para el especialista en Derecho Fiscal, Luis Manuel Pérez de Acha, la falta de efectividad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) genera que en la actualidad exista un crecimiento exponencial de factureras falsas en el país.

“Si  tienes una baja efectividad quiere decir que, quienes son empresas factureras, están actuando libremente y con amplia impunidad”, señala.

Debido a esta impunidad, actualmente en México la forma de operar de estos falsos contribuyentes se está convirtiendo en un modelo de negocio que asemeja a las organizaciones con una estructura piramidal: con vendedores que ofrecen el servicio de facturas falsas a quien lo requiera a cambio de una comisión.

“Lo que sucede es un fenómeno expansivo, si no está pasando nada, pues va creciendo el problema. Hay una un crecimiento en la actualidad exponencial de empresas factureras en el país. Yo utilizo una expresión para decir que hasta se está vulgarizado el tema porque ya operan como corporaciones tipo Omnilife o como estas empresas que son piramidales. Se les paga comisiones a quienes vayan y coloquen facturas. Cualquier persona está vendiendo facturas. Es lo que tenemos ahora”, comparte Pérez de Acha.

“Falta saltar todo en las barreras burocráticas que se tienen en el interior, claro, gracias al trabajo de la de la Administración General de Auditoría Fiscal, es que existe un portafolio de 80 mil empresas fantasmas pendientes de publicarse este tamaño estamos hablando”, agrega.

Como afectación directa a la población, el investigador ha encontrado desvíos por más de 2 mil 500 millones de pesos en el sector salud mexicano. Añade que este recurso también evitaría endeudamientos por parte del Estado si se detectara a tiempo la evasión fiscal y el lavado de dinero.

“En realidad tenemos una afectación en el gasto público que debería estar destinado a otras cosas. El Presupuesto de Egresos de la Federación el próximo año autoriza un endeudamiento de casi dos billones de pesos. Pero en realidad, esos dos billones de pesos, contra lo que se trae facturado por empresas fantasma, palidece; quiere decir que si combatimos bien el problema esos dos billones de pesos no tuvieron por qué autorizarse como un préstamo”, finaliza.

Proceso electoral, ideal para factureras

El proceso electoral actual, 2023- 2024, es uno de los más importantes para el país. Será reconocido como el más grande que ha tenido México. Se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

A nivel federal se elegirá a la presidenta o presidente de la República Mexicana; 128 senadurías y 500 diputaciones federales.

A nivel local, en total se elegirán más de 19 mil cargos como gubernaturas, jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó en agosto, el anteproyecto de más de 10 mil 444 millones de pesos que serán destinados para los partidos políticos nacionales de cara a las elecciones de 2024, el mayor financiamiento de la historia.

La anterior cifra registró un aumento de 53.86 por ciento en comparación con el monto que se aprobó para el 2018, el cual fue de 6 mil 788 millones de pesos.

Dicho recurso es regulado por la normatividad del INE, pero los candidatos pueden utilizar a las empresas factureras para financiar con más recursos su campaña, saltándose las normas del órgano electoral.

“En los periodos electorales y preelectorales, las factureras son vehículos ideales para financiar ilegalmente, fuera del presupuesto y  de las reglas del INE tanto para partidos políticos como para candidatos, pues se les se les abre la cancha”, dice Pérez de Acha.

A pesar de no ser algo nuevo, el investigador señala que se carece de proyectos e investigaciones estructurales para entender el problema de fondo y cualquier acción que se pretenda hacer para evitar la ilegalidad en el proceso electoral, llegaría tarde.

Dicha falta de voluntad se la adjudica a que la mayoría de los personajes que han llegado al poder han hecho uso de este esquema ilegal para financiar sus campañas.

“Si las candidatas y candidatos de todos colores toman ventaja de las empresas fantasma, al momento en que llegan a ocupar la posición respectiva, es entendible que no haya la intención de combatir las empresas fantasmas que son las con las que se ayudaron a fundarse”, concluye.