Acabar con las empresas dedicadas a simular operaciones mediante facturas apócrifas (factureras), es uno de los principales desafíos en materia fiscal del gobierno de la llamada cuarta transformación.
En el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría, diversas reformas se impulsaron con el propósito de acabar con esta mala práctica que significa pérdidas por miles de millones de pesos anualmente para el fisco federal.
Para concretar los objetivos de recaudar los impuestos reales, combatir la evasión y las empresas factureras, entes como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal comenzaron a indagar a empresas sospechosas de burlar la ley en contubernio.
Como parte de esas acciones, la UIF informó ayer que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de una organización que comprende al menos 99 empresas catalogadas como factureras a la que se le detectaron retiros por alrededor de 8 mil 500 millones de pesos a través de un esquema de pago a tarjetas de nómina.
Entre septiembre y octubre pasado, en el Congreso de la Unión se aprobó un paquete de leyes que elevó a delito de delincuencia organizada y de seguridad nacional la facturación falsa y las empresas fantasma
La Unidad agregó que el dinero que persigue está vinculado a operaciones ligadas a los Panama Papers, investigación periodística que reveló desde 2016 negocios con empresas constituidas en paraísos fiscales que involucraron a políticos y empresarios.
Tras identificar depósitos en efectivo y transferencias bancarias de las empresas, la UIF inició el procedimiento para bloquear las cuentas relacionadas.
El universo de defraudación en el país es mucho más amplio. A mediados de este mes, el SAT informó que en conjunto con la Unidad de inteligencia Financiera logró el congelamiento de 339 mil millones de pesos que corresponden a 977 contribuyentes vinculados a operaciones con empresas factureras.
Los contribuyentes bajo investigación emitieron comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas, mencionó el SAT; estos movimientos fueron realizados entre los ejercicios de 2017 y 2019.
Con respecto a las 99 empresas investigadas por facturación falsa, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Mexicanos (Concamín) declaró que no existe presión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para los empresarios que actúan conforme a la ley.
“Yo creo que la presión es para los factureros, ahí sí hay presión. Ahorita, como podrás ver, en el tema de subcontratación estamos batallando los empresarios, por algunos que han hecho malas prácticas”, dijo Cervantes Díaz ante medios de comunicación.
Empresarios y el gobierno confrontados por leyes contra factureras
Varios son los desencuentros entre las cúpulas empresariales y el gobierno de la cuarta transformación desde su llegada al poder.
Muchos de estos conflictos se generan desde el Poder Legislativo. El bloque mayoritario -conformado por Morena, PT, PES y PVEM- impulsó reformas enfocadas a vigilar el comportamiento de compañías que utilizan malas prácticas con el fin de evadir al fisco federal o sus responsabilidades como empleadores.
Perseguir a las empresas que simulan operaciones con facturas falsas o el uso del esquema de la subcontratación laboral con el fin de no pagar prestaciones o evadir impuestos a espaldas de sus trabajadores, son algunas de las controversias en las que el empresariado ha pedido que no haya persecución en su contra por parte de las autoridades y que los instrumentos legales no se conviertan en una maquinaria de terrorismo fiscal.
Uno de los episodios más polémicos fue la discusión y aprobación -entre octubre y septiembre de 2019- del paquete de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional y a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, al Fiscal de la Federación y al Penal Federal.
Estas modificaciones derivaron en que la facturación falsa o la operación de empresas fantasma sea catalogado como un delito de delincuencia organizada y que vulnera a la seguridad nacional.
Ante esta legislación, cúpulas empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunciaron en contra de esa medida y denunciaron terrorismo fiscal.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que no fuera tomada en cuenta la opinión de los empresarios.
Para Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara alta, el propósito de la reforma fue en beneficio de los empresarios con el fin de propiciar un piso parejo entre ellos y sancionar a quienes realizan malas prácticas.
Creo que los empresarios saben que esto va contra la competencia desleal y contra los políticos que se hicieron delincuentes o delincuentes que se hicieron políticos y que tenían sus operadores en Hacienda y desde ahí propiciaron la industria de la facturación falsa
Otro punto de discusión entre dueños de empresas y legisladores es el que se suscita en el Congreso con respecto a la regulación de la subcontratación ilegal.
En las últimas semanas, tanto en San Lázaro como en el Senado, se realizaron asambleas de parlamento abierto en donde representantes de la iniciativa privada, funcionarios federales, académicos y expertos en materia laboral expusieron sus puntos de vista sobre combatir el mal uso del outsourcing.
Aunque el dictamen para modificar la Ley Federal del Trabajo está en construcción, el martes pasado Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que su unidad se encuentra trabajando en 51 denuncias que involucran a 30 empresas fachada que cooperan en esquemas de facturación falsa y outsourcing ilegal.
