El argumento por el cual el Gobierno federal y las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados impulsaron la desaparición de los fideicomisos es la opacidad en el manejo de sus recursos y la falta de rendición de cuentas.
Aun cuando la fiscalización de estos instrumentos financieros implica un desafío, extinguirlos no es la solución, explica Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Nosotros hicimos una investigación a profundidad sobre los fideicomisos en 2018. Realizamos un conjunto amplio de solicitudes de información y a partir de ese estudio y de esa experiencia de solicitar información al Estado mexicano podemos decir que sí hay una deuda y un incumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas en estos instrumentos
En la investigación “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, Fundar reveló que de 2 mil 380 solicitudes de información elaboradas mediante la Plataforma de Transparencia entre 2013 y 2015 para conocer el estatus de estos instrumentos financieros, solo el 41 por ciento fueron respondidas. Sin embargo, los datos contenidos eran en su mayoría incompletos, cerrados o de poca calidad.
Del total de solicitudes, el 29 por ciento fue respondido como inexistencia de la información o incompetencia para responder, el 11 por ciento fue resuelto con datos que no correspondían a lo solicitado, otro 11 por ciento se catalogó como disponible para consulta pública y el 8 por ciento fue calificado como confidencial.
“Esto no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que la solución sea extinguir los fideicomisos, nosotros siempre propusimos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas porque creemos que la solución no es extinguirlos sino mejorar estos mecanismos para que haya certeza de cómo están siendo ejercidos estos recursos”, agrega.
La directora ejecutiva de Fundar asegura que una de las principales preocupaciones con respecto a la extinción de los fideicomisos es que el Gobierno federal todavía no explica con claridad cuáles serán los nuevos mecanismos con los que garantizarán recursos a grupos vulnerables de la población como defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas de la violencia o personas damnificadas por los desastres naturales.
La desaparición de estos instrumentos, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, significa una bolsa de dinero cercana a los 68 mil millones de pesos y se estableció que dicha cantidad será empleada para atender los efectos de la pandemia de COVID-19 en la población
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que las personas beneficiarias de los recursos que emanaban de los fideicomisos seguirán recibiendo los apoyos federales.
“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya ‘aviadores’, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no; tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción”, dijo el mandatario en su conferencia matutina el 1 de octubre pasado.
Mexico sin fideicomisos, vulnerable ante desastres
México se enfrenta a un enemigo invisible que cada vez afecta a más personas y con mayor intensidad: el cambio climático.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el país es uno de los más vulnerables ante el calentamiento global.
El incremento de la temperatura en el mundo provoca la formación de más ciclones superiores a la categoría tres y sequías más severas que afectan en mayor medida a entidades del norte del país como Durango o Chihuahua, sin embargo, los efectos de dicho aumento se han observado en el 90 por ciento del territorio nacional.
Entre el 2001 y el 2013, alrededor de 2.5 millones de mexicanos fueron afectados por fenómenos meteorológicos y los costos superaron los 338 mil millones de pesos, según el documento “Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030”.
Cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) muestran que entre el 2000 y el 2020 se han hecho un total de 2 mil 312 declaratorias de desastre, emergencia o contingencia climatológica.
El año con más alertas fue el 2013 con 160 declaratorias, le sigue el 2015 con 152 y el 2018 con 151.
¿Nuevo sistema?
Con la eliminación del Fonden, el Gobierno federal deberá establecer un nuevo mecanismo para enfrentar el paso de huracanes, sismos o sequías en los años venideros.
De acuerdo con los criterios generales de política económica 2021 presentados por la Secretaría de Hacienda en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, México cuenta con un seguro catastrófico que brinda protección financiera al patrimonio del Fonden el cual fue renovado a inicios de julio y ofrecerá una cobertura de 5 mil millones de pesos. Asimismo, detalla que al cierre de junio de 2020 este fondo contaba con 6.8 mil millones de pesos.
“México cuenta con experiencia y una sólida estructura legal e institucional en materia de transferencia de riesgos hacia los mercados asegurador y financiero tanto nacionales como extranjeros.
Entre el 2000 y el 2020 se han emitido un total de 2 mil 312 declaratorias de desastre, emergencia o contingencia climatológica en el país
“Así, las finanzas públicas en el ejercicio 2021 contarán con una doble protección en materia de riesgos catastróficos: el Seguro Fonden y el Bono Catastrófico. Adicionalmente, se continuará trabajando en diversos frentes para fortalecer la cobertura no solo a las finanzas públicas sino a la economía en su conjunto, particularmente donde el funcionamiento del sector de seguros no permita atender las prioridades nacionales”, se lee en la página 88 de los criterios.
