Los aseguramientos de recursos forestales maderables con un origen ilícito que ha concretado la Fiscalía General de la República (FGR) durante la última década, han estado concentrados en las entidades federativas de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Así lo muestra un informe generado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, que forma parte de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de la FGR, y el cual fue proporcionado por esta autoridad vía transparencia.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, en las entidades federativas mencionadas esa Unidad Especializada concretó 19 aseguramientos de recursos forestales maderables con un origen presuntamente ilícito, en el periodo 2013-2022, y con un volumen total que ascendió a 4 mil 628.038 metros cúbicos.
Entre los recursos forestales maderables que quedaron en manos de las autoridades como resultado de estas acciones, se incluye madera, madera aserrada, madera en rollo y troncos, según la clasificación que utiliza la Fiscalía; además, se reporta la captura de 60 individuos que se vieron involucrados en estos hechos (Recurso de revisión RRA 10128/22).
Estos aseguramientos y detenciones se fundamentaron en el Artículo 419, del Código Penal Federal, el cual establece:
“A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad”
“La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida (ANP)”.
Salvo un aseguramiento que se fundamentó en el Artículo 418, en su fracción II, que establece: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: (…) Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, (…) La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un ANP”.
La estrategia para rescatar los recursos forestales
El 22 de julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el Gobierno de México tiene en marcha una estrategia “transversal” para combatir la tala ilegal, ante la necesidad urgente de proteger los bosques entre cuyos servicios ambientales debe considerarse la contención del cambio climático.
“Sabemos que los árboles liberan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero; regulan el clima y disminuyen los efectos del cambio climático, regulan los ciclos hidrológicos y contribuyen a evitar inundaciones, previenen la erosión de los suelos y favorecen el desarrollo agrícola; son hábitat de especies de flora y fauna”.
Además de la propia Semarnat, participan instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina; la Procuraduría Agraria, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Conafor en su medición de la Deforestación en México, de 2001a 2019 se han perdido permanentemente 212 mil 834 hectáreas al año de vegetación forestal por causas inducidas.
Otras acciones
En el Cuarto Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reportan las acciones que implementaron las autoridades ambientales para combatir la tala ilegal, entre septiembre de 2021 y junio de 2022.
“En 82 Áreas Naturales Protegidas, la Profepa realizó 232 recorridos de vigilancia, 296 inspecciones, 49 operativos y la instalación de 22 comités de vigilancia ambiental participativa en materia forestal, en las que se aseguraron 907.5 metros cúbicos de madera, 30 vehículos y 10 piezas de maquinaria, equipo y herramienta, además de la imposición de 67 multas por un monto de 5.5 millones de pesos”.
Además, en ecosistemas forestales del país se realizaron 2 mil 087 inspecciones, 191 operativos y mil 970 recorridos de vigilancia, con el aseguramiento de 121 equipos y herramientas, 55 vehículos, 5 ml 264 metros cúbicos de madera y 169 toneladas de carbón; asimismo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a seis personas.
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