Exprocurador archivó denuncias de corrupción

Bajo el mandato del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, su Contraloría documentó diversos delitos cometidos en varias dependencias de gobierno, tan graves como enriquecimiento ilícito y peculado, pero todo terminaría encubierto y nunca expuesto a la opinión pública. 

Fraude, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, complementan la lista de los ilícitos que la Contraloría del Estado comprobó en las secretarías estatales con las auditorías que realizó durante el sexenio anterior. 

La Contraloría del gobierno de González Márquez llevó todos estos casos ante el Ministerio Público a través de 13 denuncias penales que fueron presentadas en los años 2009 (una), 2010 (nueve) y 2011 (tres). 

Fue ahí precisamente, en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), entonces en manos de Tomás Coronado Olmos, donde se determinó que estas investigaciones debían parar y no ir más lejos. 

Los hechos constitutivos de delito habían sido detectados por la Contraloría en sus tareas de fiscalización en 10 dependencias distintas y tan relevantes como la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), ejecutora de las obras más importantes en la entidad, hoy llamada Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

También en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con la plantilla de empleados y el presupuesto más grande para una dependencia estatal, y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), también con una de las estructuras más amplias del Ejecutivo. 

Las denuncias se dirigieron igual contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, y la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), que comercializa los productos que son hechos por los reclusos en el estado. 

Sin embargo, ni una sola de las 13 averiguaciones previas que abrió la PGJ de Coronado Olmos terminó siendo consignada ante un juez, por el contrario, todas fueron archivadas (canceladas), profundizando la impunidad en el ámbito gubernamental estatal, y logrando ocultar los casos de corrupción hallados por la Contraloría. 

Según el Código de Procedimientos Penales del Estado, la decisión de acabar con el desarrollo de una investigación de este tipo es atribución del procurador, en ese momento Coronado Olmos, pues dice el artículo 102:

“Cuando en vista de la averiguación previa, el agente del MP respectivo estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que hubiesen sido materia de la denuncia o querella inicial, remitirá el expediente con su opinión fundada al procurador general de justicia, a fin de que decida si la averiguación debe continuar, con expresión de las diligencias pertinentes; si se suspende en espera de mejores datos; o si se archiva definitivamente. Contra esa resolución del procurador no procede recurso alguno”.

Haber continuado con las investigaciones para consignar a los funcionarios involucrados habría representado, por supuesto, nuevos golpes político-mediáticos a la administración que encabezaba González Márquez. 

Los investigan

Contra la Sedeur, que estaba a cargo de Sergio Carmona Ruvalcaba, se presentó una denuncia penal en 2011 por desvío de recursos públicos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude. 

En la SEJ se generaron dos denuncias penales distintas en el 2010, una por peculado y otra por infringir los derechos de autor. 

En ese momento su titular era José Antonio Gloria Morales, quien asumió el puesto el 12 de enero de 2010 al relevar a Miguel Ángel Martínez Espinosa. 

El delito de peculado es aquel que comete “todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa”.

Contra la Secretaría de Vialidad y Transporte se presentaron un par de denuncias, una en el 2010 y otra en 2011, la primera por falsificación de documentos y la segunda por desvío de recursos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude. 

En ese tiempo su titular era Diego Monraz Villaseñor, quien llegó al encargo en marzo del 2010, luego de dirigir el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur); ahora sus aspiraciones políticas están en Zapopan. 

En la SSJ la Contraloría documentó fraude, en 2010, cuando su titular era Alfonso Petersen; éste y el exprocurador de Jalisco, Coronado Olmos, son ahora de las cartas que baraja el PAN para la alcaldía de Guadalajara en las elecciones de 2015. 

El exprocurador declaró recientemente sobre sus aspiraciones políticas en Guadalajara.

 “La tendencia es buscar convencer a la gente y eso es lo que estaremos haciendo. Yo creo que con el trabajo que hemos desarrollado durante 18 años en funciones y que hemos cumplido a cabalidad, vamos a llegar a Guadalajara a cumplir el periodo de los tres años”, dijo a medios locales.

En la Contraloría del sexenio pasado estuvo al frente Maricarmen Mendoza Flores, hasta diciembre del 2011, cuando salió para ser relevada por Francisco Trueba Pérez; hoy es coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Zapopan.

Educación y malos manejos

Las investigaciones que ha realizado la Contraloría, tanto en la anterior administración, del PAN, como en la actual, del PRI, demuestran que los institutos técnicos superiores del Estado, y en general los entes paraestatales, tienen problemas muy serios de corrupción. 

De estas 13 denuncias penales tres fueron dirigidas contra Organismos Públicos Descentralizados con un fin educativo. 

En el Instituto Técnico Superior de Chapala, en el 2009 se presentó una denuncia por falsificación de documentos y fraude; luego, en el 2010 mereció otra ante la PGJ por el mismo ilícito.  

En 2010 se dirigió una denuncia contra el Instituto Técnico Superior de Tequila, por fraude genérico, desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades. 

Ya en esta gestión, en 2014, la Contraloría clasificó un monto de 16 millones 358 mil 661 pesos como Riesgo de Daño, Daño Patrimonial y Desviación de Recursos en el Instituto Tecnológico Superior de Cocula; 479 mil 541 pesos en el de Zapotlanejo, y 468 mil 665 pesos en el de Tala. 

Los desvíos hallados con auditorías de 2013 y 2014 en la esfera paraestatal, con alcance hacia años atrás, superan los 4 mil 564 millones de pesos.