Expertos recomiendan establecer tarifas según usos del agua en la nueva ley general

Con el propósito de dar a conocer sus planteamientos sobre la nueva Ley General de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados, especialistas en la materia se reunieron con integrantes de la Subcomisión de Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Durante la reunión, los expertos recomendaron identificar las zonas y regiones para ubicar los problemas y necesidades regionales y establecer tarifas distintas de acuerdo a uso que se le dará al agua.

Francisco Valdés Simancas, especialista en mecánica de fluidos y sustentabilidad, propuso implementar tarifas para la venta de agua tanto potable para uso público urbano como en los distritos de riego para uso agrícola. También tecnificar el 100% de la superficie en zonas de alto estrés hídrico, hacer obligatorio el tratamiento, recuperación y reúso de la totalidad de las aguas residuales, y adecuar los volúmenes de post-tecnificación.

Víctor Báez Melo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, estimó indispensable identificar las zonas y regiones con necesidades y problemáticas en los organismos e infraestructura y atender el tema de las tarifas.

Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que de los 653 acuíferos que tiene nuestro país, 157 reflejan una situación de sobreexplotación. Agregó que continúa un problema de sequía fuerte, ya que el 82% del territorio nacional está bajo este esquema. “Hacemos un llamado a revisar con esfuerzo esa dedicatoria de que nuestro país requiere el agua como una palanca de desarrollo”.

Piedad Gómez Sánchez, de la organización Agua Capital, señaló que los beneficios esperados de una gobernanza hídrica adecuada es tener mayor fortaleza de las instituciones, toma de decisiones informadas, coordinadas e incluyentes, así como planes y políticas adecuadas a la realidad, mayor continuidad en los planes y políticas.  Además, tener acceso a información actualizada, adecuada y accesible, y un desarrollo de capacidades de autoridades y actores relevantes con la gestión.

Por su parte, Eduardo Viesca de la Garza, consultor de temas hidráulicos, precisó que la nueva ley reglamentaria exclusivamente va a ser sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, y debe ser una norma sencilla con los temas importantes y la distribución de competencias.

Fernando González Cáñez, exdirector general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que el derecho humano al agua en general se puede interpretar de muchas formas, pero es la capacidad que tiene un país para dotar de este líquido que necesita la población en su domicilio, crear empleo, tener energía, alimento y salud pública.

En su intervención, Roberto Olivares, experto en temas hídricos, comentó que se debe optimizar el agua y hablar de las tecnologías de reúso, mismo que se tiene que garantizar en esta ley general de aguas. Mencionó que es necesario que se destinen recursos a un sector que está abandonado.

Por último, Jorge Humberto Salgado Rabadán, del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, resaltó que frente a la crisis hídrica que se padece solo se tiene la opción de desplegar tecnologías en todo el territorio y en todos los sectores, para reducir la dependencia tecnológica del extranjero, “por eso deben conservarse y fortalecerse las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico”.

El presidente de la Subcomisión de Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, precisó que los objetivos de este grupo de trabajo es que a través de tres sesiones se escuchen a todos los usuarios del agua que deseen participar y proponer lineamientos para una nueva legislación.

Se busca, dijo, que todos participen y propongan, porque se pretende construir una propuesta para la próxima Legislatura y que sean los elementos que integren las bases de una nueva iniciativa. Un documento, añadió, que enliste la principal problemática desde el punto de vista de los expertos para entregarla al grupo de trabajo de la próxima presidenta de la República.