La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León, en compañía de los diputados Waldo Fernández y Anylú Hernández, exigieron al Congreso dictaminar cuanto antes la iniciativa “3 de 3 Contra la Violencia de Género“, propuesta desde el pasado 10 de marzo, con miras a que pueda estar vigente para el proceso electoral del próximo año.
A grandes rasgos, la iniciativa “3 de 3” propone que ninguna persona que haya incurrido en agresiones sexuales, violencia familiar o sea deudor alimenticio pueda contender por puestos de elección popular, ya sean locales, estatales o federales.
Integrantes @MorenaNLMX acudieron ante @CongresoNL para agilizar la votación de la Ley 3 de 3 contra la Violencia y tenerla lista para las próximas elecciones @FdzWaldo @DiputadosMorena @MorenaSenadores @AnyluBendicion pic.twitter.com/PIo3XHSBxc
— Personajes (@reportecoco) May 9, 2023
Por ello, la plana morenista urgió a que los legisladores revisen la propuesta antes de los comicios de 2024, en una forma de asegurar que entre los candidatos que se presenten no exista alguien con antecedentes de violencia.
“Es urgente que en ninguno de los Poderes en el país se solape el abandono y la violencia de la niñez; exhortamos al Congreso para que no tengamos en la próxima elección a ningún violador, agresor ni deudor”, pidió Elizabeth Banda, titular de la Secretaría de Mujeres de Morena en la entidad.
Para que pueda estar en vigor a tiempo, la iniciativa debe ser aprobada, por lo menos, 90 días antes de las elecciones.
Iniciativa fue presentada hace dos meses
La propuesta fue presentada el pasado 10 de marzo por la diputada priísta Lorena de la Garza, acompañada por las activistas Yndira Sandoval, y Rosaura Guerra.
De la Garza Venecia aclaró que dentro del documento se especifica que quien desea tener un cargo público, no debe de contar con cargos por deudas alimenticias, violencia familiar, delitos contra la intimidad personal y acoso sexual.
Proponen que agresores sexuales y acosadores no puedan tener cargo popular en Nuevo León
“La reforma es de seis artículos de la Constitución, para que las personas que tengan un antecedente por agresión, acoso, o sean deudores alimentarios, no puedan aspirar a ocupar un cargo público por cierto tiempo”, detalló la diputada.
El tiempo del “bloqueo” dependerá del puesto al que aspire la persona acusada de violencia; para diputado se debe tener antecedente limpio en los últimos cinco años, mientras que para gobernador, en los últimos seis años.
En el caso del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Consejero de la Judicatura y del Instituto Estatal de Transparencia, los últimos 10 años; y para ser parte de Ayuntamiento en los últimos cinco años.
