La organización internacional Open Society Justice Initiative presentó su más reciente informe ‘Corrupción que mata’ en donde afirma que la situación de violencia, corrupción, impunidad y violaciones en los derechos humanos en México se han deteriorado a niveles a alarmantes en los últimos años por lo que urge a implementar un mecanismo internacional independiente que permita ayudar a abordar esta crisis.
Durante la presentación del documento, James Goldston, Director Ejecutivo de Open Society Justice Initiative argumentó que debido a los impedimentos oficiales para llevar a cabo investigaciones y la documentada complicidad en muchos delitos perpetrados por organizaciones delictivas es necesario el establecimiento de este mecanismo.
“La violencia y la impunidad que hemos documentado siguen y en varios aspectos la situación ha empeorado. El denominador común de esta violencia y la impunidad que la acompaña es la corrupción. La situación no puede seguir así sin cambio y un mecanismo internacional se necesita para ayudar a resolver este problema”, apuntó.
En 2016, la organización presentó un informe titulado Atrocidades Innegables, en donde se demostraba con base razonable la colusión de fuerzas federales con miembros del cártel de los Zetas para perpetrar crímenes de lesa humanidad.
En dicho documento ya se establecía que la principal razón por los que existe tanta impunidad para este tipo de crímenes es la obstrucción política que existe a múltiples niveles.
Ahora en este nuevo informe se parte del hecho de que esta situación se ha agravado y la rendición de cuentas para crímenes como homicidio, tortura, desapariciones y ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos no solo han aumentado, sino que la rendición de cuentas al respecto es prácticamente nula.
“La creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México”.
“Estos patrones de corrupción no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata”, detalla el informe.
Ante la violencia extraordinaria y los cuestionamientos sobre la probable colusión oficial es que en el informe se plantea la necesidad de implementar un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos.
“México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces. Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad”, señala el informe.
A pesar de que la organización prevé una negativa por parte del gobierno bajo el argumento de una violación a la soberanía nacional, ante la situación de violencia e impunidad desbordada lo plantean como la única opción viable.
“Ya no podemos esperar, ya lo hemos intentado todo”, apuntó Michael Chamberlin activista del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila.
El informe contó también con la colaboración de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras organizaciones.
