Legisladores del PRI y el PAN denunciaron una vez más la presunta violencia política sufrida a través del Gobierno de Nuevo León y del propio gobernador, Samuel García, situación para la que exigieron un alto inmediato.
Durante la sesión de hoy, la diputada Itzel Castillo, del PAN, aseguró que el mandatario no ha tenido reparo en utilizar mecanismos estatales para acosar tanto a diputados opositores como a sus familias, todo con el objetivo de amedrentar a sus rivales políticos en la entidad.
Estas actitudes, aseguró Castillo, lo hacen parecer un ‘dictador’, algo que contrasta con el ‘pluralismo político’ por el que votó el pueblo de Nuevo León en 2021, cuando eligió al emecista para dirigir a Nuevo León y a representantes del PRI y el PAN para tener mayoría en el Congreso Local.
“Samuel García ha recurrido al aparato del Estado para perseguir, acosar, comprar y hostigar, usando la violencia política en contra sus opositores políticos (…) Se le olvida que estamos en un Estado de Derecho, que el pueblo hace tres años votó a favor del pluralismo político, de la democracia, y usan métodos intimidatorios para acabar con la oposición en un inusitado intento para que sólo queden en el poder quienes piensan igual”, acusó Castillo.
La legisladora, quien aseguró que ya pueden contabilizarse alrededor de 300 casos de acoso cometidos por la actual administración estatal, convocó tanto a opositores como a ciudadanos a manifestarse en contra de los métodos de García.
Aseguran que hay acoso…contra Samuel García
En respuesta a las palabras de Castillo, la bancada emecista del Congreso aseguró que si existe un acoso sistemático es contra el propio gobernador, ya que existen denuncias en contra de varios funcionarios de la administración estatal sólo por tratarlos como ‘ciudadanos normales’.
Hablando de las presuntas clausuras injustificadas de oficinas propiedad de legisladores de oposición y sus familiares, Sandra Pámanes, diputada de Movimiento Ciudadano, señaló que este tipo de escenarios podrían evitarse si cumplieran con los requisitos mínimos de operación.
A su vez, afirmó que son los propios legisladores de PRI y PAN quienes han utilizado la Fiscalía General de Justicia para denunciar a funcionarios estatales.
“Lamentablemente, lo que tenemos es esta situación en donde ellos se pueden doler de muchas situaciones que, a lo mejor, podrían cubrirse si cumplen con cada uno de los requisitos que se les marcan administrativamente (…) No se puede permitir que se use una Fiscalía para perseguir funcionarios, son medidas administrativas”, sentenció.
