"Él informó que no tenía ninguna investigación penal abierta ni en instancias federales, ni estatales, (…) se hizo todo lo humanamente posible y lo que marca el sentido común”
En la lectura de los diputados la percepción general es que el estado es incapaz de proteger a sus propios funcionarios del más alto nivel
"Lo que queremos es que la recomendación para estar en el gabinete sea resultado de una prueba de control de confianza y no de terceras personas”
¿Qué certeza tenemos los jaliscienses respecto a la trayectoria de cada uno de los que integran el gabinete del gobierno del estado?
Eso fue lo que cuestionaron los diputados de la fracción panista en el Legislativo local a propósito de los avances en la investigación del Caso Gallegos.
En donde aún no queda claro cómo es que el secretario fallecido llegó al gabinete estatal.
Y es que el exfuncionario contaba con un emporio de empresas de construcción e inversiones millonarias en México y Estados Unidos emulando un esquema muy similar al lavado de dinero.
Para los legisladores panistas es importante recobrar la confianza en las autoridades, por lo que solicitaron al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, vía oficio, se apliquen las pruebas de confianza a todo el gabinete.
“Hay un nexo con el narcotráfico (que) vuelve indispensable lo que Acción Nacional ha pedido hace unas semanas, que son las pruebas de control de confianza”, apuntó el coordinador de la bancada Gildardo Guerrero.
“La ciudadanía de hoy en día merece saber quién está detrás del ejercicio de gobierno y que no hay después alguna cola que nos pisen.
“Lo que queremos es que la recomendación para estar en el gabinete sea resultado de una prueba de control de confianza y no solamente de terceras personas”.
En el escrito, enviado la mañana de ayer al gobernador, se pide que se apliquen las pruebas de confianza y se agilice el dictamen de la iniciativa de ley presentada por la fracción hace casi un mes referente al tema.
En la que solicitan que las pruebas de confianza se apliquen en los mandos altos del gobierno estatal y el gabinete ampliado, incluidos los directores de los organismos públicos descentralizados.
El diputado panista Juan Carlos Márquez dio lectura al oficio en el que refieren como importante brindarle certeza a los ciudadanos.
“El ciudadano debe confiar igual en un policía como en un funcionario que lo representa o maneja o administra sus recursos.
“En cualquier momento de la muerte de un funcionario de la importancia del secretario de turismo genera grandes inquietudes, no solo acerca de las posibles causas y relaciones que llevaron a cometer este crimen, sino también acerca de la seguridad con la que puedan desarrollar sus actividades cualquier ciudadano”.
Para ellos , dijo Márquez, la percepción es que la seguridad del estado es incapaz de proteger a sus propios funcionarios del más alto nivel.
En la misiva, firmada por Gildardo Guerrero a nombre de la bancada albiazul, afirma que sería muy lamentable que una vez más se tuviera que dar cuenta acerca del desconocimiento y vínculos de algunos de sus funcionarios con la delincuencia organizada.
Guerrero manifestó en rueda de prensa que su fracción está dispuesta a realizarse la prueba de confianza.
“Nosotros lo vamos hacer y vamos a poner muestra de ello”, dijo.
Para ello, sus compañeros diputados hicieron lectura de un oficio girado el pasado 3 de mayo al área de aplicación de controles de confianza a fin de que se les haga la prueba a los legisladores panistas.
Los diputados dudaron a la pregunta de si es necesario que el gobernador del estado se aplique también esta prueba.
“El gobernador tiene nuestro apoyo por que es el gobernador, pero le estamos pidiendo con todo respeto esta prueba de control de confianza (…) para todos, lo que la ciudadanía merece es confiabilidad.
“Si él considera que es susceptible de aplicársela sería muy bienvenida”.
No obstante, concluyó que la confianza ya no se tiene que regatear.
Presunto lavado
El propio fiscal general del estado, Luis Cárlos Nájera, informó el pasado 14 de mayo que según las declaraciones de los cuatro detenidos en el Caso Gallegos, todo apuntaba a que el exsecretario operaba para un cártel opuesto al de sus agresores.
“Jesús Gallegos estaba de alguna forma apoyando económicamente a un cártel rival y que por eso tenía que ser privado de la vida”, señaló el fiscal en rueda de prensa.
De 2006 al 2011 Gallegos constituyó 18 empresas de construcción e inmobiliarias en el estado de Texas, en Estados Unidos, con las que realizó inversiones millonarias en Greatlands Reserve, La Tranquila Ranch y algunos proyectos fallidos como La Tranquila, en la Isla del Padre.
Además, a través de otras seis empresas construidas en México, realizó tres desarrollos en Puerto Vallarta como La Tranquila, Deck 12 y Icon Vallarta, en donde el gobernador del estado tiene su departamento de descanso.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara se tiene registro de al menos 13 torres de viviendas construidas en la exclusiva zona de Andares y Providencia, ligadas a sus desarrolladoras.
Cuestionado sobre cómo llegó Gallegos al gabinete estatal, el fiscal general refirió que él no tenía por qué opinar sobre el tema.
No obstante, señaló que los expedientes de todos los funcionarios del gabinete fueron revisados, y que en éstos se contienen cartas de antecedentes no penales:
“Él informó que no tenía ninguna investigación penal abierta ni en instancias federales, ni estatales, lo cual nos lleva a que se hizo todo lo humanamente posible y lo que marca el sentido común”, refirió Nájera .
