Con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas, conmemorado el día 30 de julio, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), exigió al Gobierno de Nuevo León la implementación urgente de un plan que ayude a prevenir este delito en la entidad.
En un comunicado público, la CADHAC aseguró que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los 381 casos de trata de personas registrados en México durante 2022, 74 de ellos fueron en Nuevo León; en otras palabras, una de cada cinco víctimas de este delito son originarias de la entidad.
La organización mencionó que el delito de trata está estrechamente relacionado con la desaparición de personas, ramo en el que Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional.
Esta ‘coincidencia’, señaló el comunicado, retrata el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran niños, niñas y mujeres, principales víctimas de desaparición, además de los grupos de migrantes que, históricamente, han sido secuestrados y explotados por grupos del crimen organizado.
Exigen acciones concretas
Para hacer frente al problema, la CADHAC propuso acciones concretas a diversas autoridades, mismas que tienen como objetivo estandarizar los mecanismos de búsqueda y hacer más eficiente la procuración de justicia.
A la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, se le pide convocar al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención Combate y Erradicación de la Trata de Persona y revisar y publicar el Plan para la Prevención y el Combate contra la Trata de Personas de Nuevo León.
@FiscaliaNL @nuevoleon @mtygob @SanNicolasNL @ApodacaOficial @municipiodegpe @sspvescobedo @SSPCMexico @SSeguridadNL Combatir la trata de personas demanda acciones urgentes; por lo tanto, enfatizamos las siguientes medidas: pic.twitter.com/kYihOnOBmh
— CADHAC (@cadhac) July 30, 2023
Por su parte, a la Fiscalía General de Justicia se le exigió incorporar a la trata de personas como una probable línea de investigación en todos los casos de desaparición reportados en la entidad, además de verificar criterios de registro.
Por último, a los gobiernos estatal y municipales se les pidió coordinarse y colaborar con organizaciones civiles a favor de los Derechos Humanos, además de propiciar políticas y estrategias que prevengan, sancionen y erradiquen dicha práctica en Nuevo León.
