Argumentando que tienen más de dos años de retraso, la presidenta del Congreso local, Lorena de la Garza, acudió al Palacio de Gobierno para entregar un oficio en el que le exige al gobernador de la entidad, Samuel García, publicar casi 500 resolutivos pendientes en el Periódico Oficial del Estado (POE).
De acuerdo con la legisladora priista, la papelería consta de 48 decretos y 444 acuerdos tomados por el Pleno del Congreso, mismos que debieron ser publicados en el POE de forma inmediata.
#IndigoMTY | La Comisión Jurisdiccional del Congreso de #NuevoLeón reactivó el proceso de juicio político contra el secretario General de Gobierno, @javier_navarrov, por no publicar decretos legislativos en el Periódico Oficial del Estado.https://t.co/ITQiR4oSVQ
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 25, 2023
Algunos de ellos, afirmó, esperan en asuntos pendientes desde mediados de 2022.
“Trajimos la documentación de 48 decretos y 444 acuerdos no publicados de cosas que hemos aprobado, que envió el Congreso y aquí no se han publicado (…) Recordemos que la facultad para publicar en el Periódico Oficial es del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, y por eso se los trajimos el día de hoy”, comentó De la Garza Venecia.
Desconoce motivo de retraso en publicación
Aunque la problemática tiene ya más de dos años, Lorena de la Garza afirmó que desde el Congreso local no se tiene un motivo concreto por el que el Gobierno del Estado haya optado por “ignorar” la publicación de acuerdos y decretos.
“No sabemos por qué no se han publicado cuando ellos, por ley, están obligados a hacerlo; no sabemos si se traspapeló, si hubo algún tema con los documentos que enviamos, entonces se los hacemos llegar nuevamente (…) Esto para que el área jurídica pueda analizarlo y posteriormente publicarlo, es una tarea que tienen pendiente”, afirmó la legisladora.
La no publicación de decretos en el POE es una de las batallas más antiguas entre los diputados de oposición y el Gobierno de Nuevo León, enfrentamiento por el que, incluso, el Legislativo pretende realizarle un juicio político al secretario General de Gobierno, Javier Navarro.
En diciembre de 2022, meses después de comenzado el conflicto, Verónica Dávila, la titular del Periódico Oficial del Estado, presentó su renuncia definitiva al puesto argumentando presuntas presiones por parte del PRI y el PAN; el cargo permanece vacante desde entonces.
