En repudio a la intentona de que el jefe de Gobierno sea quien designe al fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, 20 diputados locales de Morena acudieron a la Suprema Corte de Justicia para denunciar que se violaron leyes y la propia Constitución Política de México.
“No al fiscal carnal, fuera corrupción”, gritaron los legisladores morenistas desde los portales del edificio de gobierno donde despacha Miguel Ángel Mancera.
Con el apoyo de los diputados independientes, Carlos Candelaria y Beatriz Olivares, Morena presentó tres recursos de inconstitucionalidad con el argumento de que “la mayoría ficticia”, como ellos llaman al grupo integrado por el PRD-PAN, fundamentalmente, violó la Carta Magna y la primera Constitución de la Ciudad de México.
Al salir de la Suprema Corte, los diputados José Alfonso Suárez del Real, Raymundo Martínez Vite, Beatriz Rojas, Paulo César Martínez, Ana María Rodríguez, David Cervantes, Citlalli Hernández, Ana Juana Ángeles y Olivia Gómez cruzaron la calle y caminaron a las oficinas del jefe de Gobierno bajo las consignas “fuera corrupción, “no al fiscal carnal”, para exigir que se respete lo estipulado por las constituciones local y federal.
La primera de estas acciones de inconstitucionalidad va en el sentido de que la Asamblea Legislativa violentó el marco constitucional al querer designar al fiscal del Sistema Anticorrupción local de manera indebida, en contra del artículo 113 constitucional y de la ley general del Sistema que establece mecanismos de mayoría calificada para el nombramiento y designación.
La segunda, porque el fiscal no debe durar en su cargo siete años con posibilidad de permanecer por 14 años. La Constitución de la Ciudad de México, precisan, establece que debe durar en su cargo cuatro años.
Y la tercera acción se presentó porque la Constitución local señala que sea el Comité Coordinador, es decir, la cara ciudadana del sistema, el que debe nombrar al secretario técnico, y no la Asamblea ni el jefe de Gobierno.
El bloque conformado por los legisladores de Morena y de los diputados independientes, Carlos Candelaria y Beatriz Olivares, presentó los recursos ante la Suprema Corte
Suman impugnaciones
La legisladora Aleida Alavez Ruiz, de Morena, advirtió que el caso del fiscal y secretario técnico no son los únicos, lo mismo ocurre con el contralor general, los contralores internos y los magistrados del Tribunal Administrativo, entre otros.
Los 20 legisladores locales de ese partido firmaron el documento que se entregó a la Suprema Corte de Justicia y que contiene a detalle las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes que conforman el Sistema Anticorrupción local, con la finalidad de que los ministros resuelvan en favor de las constituciones federal y local para terminar con los atropellos contra esas dos importantes normas.
En su oportunidad, Alavez Ruiz explicó que también se impugnará la publicación realizada por el gobierno local, a través de la Consejería Jurídica, porque se alteró el artículo 6to Transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción al facultar al jefe de Gobierno a emitir la terna para el nombramiento del secretario técnico, la cual correspondía a las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas del órgano legislativo.
Mensaje al consejero
En su calidad de coordinador de los morenistas en la ALDF, César Cravioto le envió un mensaje al consejero jurídico, Manuel Granados, para que respete lo que se aprueba y no cambie de manera ilegal lo que determina el órgano legislativo.
Como antecedente a estas violaciones, recordó que lo mismo sucedió con el Código Electoral y en una reforma de la Ley de Desarrollo Urbano; ésta es la tercera ocasión en la que se cambia algún dictamen, es el desaseo absoluto, reprochó el diputado.
Morena pretende llevar el tema al terreno de las denuncias administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables de las modificaciones, pues de no castigarse, se dejaría la puerta abierta a más atropellos y a la evasión de las responsabilidades de los servidores públicos.
Demanda PRI imparcialidad
En su oportunidad, a través de la diputada Dunia Ludlow el PRI pidió también a la mayoría integrada por el PRD y PAN que se rectificaran cinco puntos del documento para evitar la inconstitucionalidad del sistema y permitir la participación ciudadana.
Buscando así evitar que el fiscal anticorrupción sea susceptible de ser coptado por los partidos.
El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México está integrado por un cuerpo de once leyes que permitirán operar esta nueva figura, que busca combatir actos de corrupción de manera paralela al órgano nacional.
Para alcanzar este objetivo se busca que el fiscal anticorrupción no se asocie ni responda a los intereses particulares de personas ni partidos.
De ahí la batalla para que sea lo más imparcial posible y enviar un mensaje a la ciudadanía de certeza, de que todo aquel acto irregular en la administración pública será investigado con independencia a los colores partidistas.
Recurren a la Corte
Los argumentos de Morena para promover las tres acciones de inconstitucionalidad sobre el Sistema Anticorrupción local:
> Primera. La Asamblea Legislativa violentó el marco constitucional al querer designar al fiscal del Sistema Anticorrupción local de manera indebida, en contra del artículo 113 constitucional y de la ley general del Sistema que establece mecanismos de mayoría calificada para el nombramiento y designación.
> Segunda. El fiscal no debe durar en su cargo siete años con posibilidad de permanecer por 14 años. La Constitución de la Ciudad de México, precisan, establece que debe durar en su cargo cuatro años.
> Tercera. La Constitución local señala que sea el Comité Coordinador, el órgano ciudadano del sistema, el que nombre al secretario técnico, y no la Asamblea ni el jefe de Gobierno.