Más de 100 personas protestaron este miércoles en la sede del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20 para exigir se ejecute una sentencia a su favor, donde se les restituyen cientos de hectáreas que les fueron despojadas por particulares en el Ejido San Nicolás, ex Hacienda el Canadá, en el municipio de Escobedo.
Encabezados por su representante legal, el abogado Gabriel Guajardo Muñoz, los quejosos argumentaron que en el área fue construido un desarrollo inmobiliario por parte de varias empresas, justo en el perímetro de las avenidas Alfonso Reyes, Universidad y Sendero.
Los manifestantes exigieron además, que el Tribunal Unitario Agrario admita una demanda judicial en contra del proyecto Canadá City.
Guajardo Muñoz expresó que las tierras del ejido San Nicolás les fueron entregadas a los manifestantes desde el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, en 1936; además, aseguró que el Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México resolvió que se les deberá regresar a los ejidatarios la cantidad de 220 hectáreas, divididas en 115 hectáreas de riego y 105 de agostadero.
También señaló que el área que los afectados buscan conservar mediante decreto de expropiación para uso de suelo agrícola es de casi 4.5 millones de metros cuadrados.
‘Se niegan a cumplir con sentencia’
“Hasta ahí llegó la sentencia, que fue recurrida por el secretario de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), el amparo promovido por ellos, fue sobreseído, alcanzó firmeza jurídica la sentencia, en la cual se le ordena la entrega de 220 hectáreas de terreno, las cuales no ha querido cumplir el Tribunal Unitario Agrario de Monterrey”, afirmó Gabriel Guajardo.
“Ya existe una orden, ya existe una cosa juzgada, ya causó ejecutoria, y aún así son renuentes las autoridades del Tribunal Agrario en cumplir con una sentencia”, reclamó el abogado.
Guajardo acudió para solicitar una audiencia con el magistrado Raúl Eduardo Covarrubias para que le informara por qué se niega a cumplir con la ejecución de la sentencia que le fue ordenada desde el máximo Tribunal Agrario.
Comentó que las empresas ‘invasoras’ son parte del Grupo Inmobiliario Monterrey, que integran las constructoras Javer, Garza Ponce, Marfil y Prohabimex, entre otras, y que es diseñado por la firma internacional Callison RTKL.
