[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_wdi3ydos” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en Guadalajara se sometió al mandato y poder económico de los banqueros y consintió que estos le impusieran condiciones extra-contractuales para reestructurar la deuda municipal, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lejos del trato duro y severo que suele dar el ahora candidato por la gubernatura a sus rivales y críticos en general, la ASF muestra a un gobierno dócil que cedió a los deseos del banco BBVA Bancomer en julio pasado, el cual le exigió que le depositara varios cientos de millones de pesos de fondos municipales en máximo tres días si quería la deuda reestructurada.
No solo eso. La administración alfarista también aceptó transferirle a ese banco la operación de la nómina del ayuntamiento, la más grande en su tipo de todo Jalisco y una de las mayores de entre los municipios del país. De acuerdo con la auditoría 1070-GB-GF, los hechos se dieron de la siguiente manera.
El 24 de julio de 2017, el gobierno de Guadalajara aún con Alfaro Ramírez como alcalde en funciones firmó un convenio con BBVA Bancomer para modificar las características del crédito que tiene con este por mil 580.7 millones de pesos, buscando principalmente una reducción de la tasa de interés efectiva (de 9.43 a 9.15 por ciento).
Lo que la ASF descubrió es que ese mismo día el gobierno tapatío suscribió un segundo acuerdo con ese banco en el que avaló cumplirle dos demandas. Primero realizarle una serie de depósitos hasta sumar 500 millones de pesos. Y segundo concederle la nómina municipal para que ahora fuera manejada por esa institución financiera.
La gestión alfarista se comprometió a contratar con BBVA Bancomer los servicios bancarios de la nómina municipal de hasta 10 mil empleados en forma gradual en el transcurso de tres años
“Se identificó que BBVA Bancomer condicionó al Municipio de Guadalajara la reestructuración de la deuda, con un acuerdo en el que se obligó a este último a depositar en ocho cuentas aperturadas con la institución financiera 340.2 mdp de ocho programas federales y estatales, así como asignar nuevas cuentas en 2017 y 2018, hasta llegar a un total de 500.0 mdp. Además, aceptó contratar los servicios bancarios de la nómina municipal de hasta 10 mil empleados, en forma gradual en el transcurso de tres años”.
Municipio sometido
Todas las demandas que BBVA Bancomer le impuso al gobierno de Alfaro Ramírez terminaron por ser aceptadas por éste, incluso con plazos máximos para ser acatadas, pese a que no tenían ninguna relación con el contrato de deuda que se quería reestructurar.
Por ello la transferencia de cientos de millones de pesos del municipio hacia el banco tuvo que efectuarse dentro de 3 días hábiles posteriores a la firma del convenio con la institución financiera.
De igual modo, la entrega al banco de la operación de la nómina municipal se acordó con tiempos precisos de cumplimiento, pues la gestión alfarista se comprometió a “contratar con BBVA Bancomer los servicios bancarios de la nómina municipal de hasta 10 mil empleados en forma gradual en el transcurso de tres años, como sigue: i) mil nóminas en 2017; ii) al menos mil 500 nóminas en 2018 y iii) el resto en 2019 o antes de concluir la actual administración, de acuerdo con los contratos celebrados”.
Este último punto, por tanto, con efectos hasta 2019, rebasa el periodo de gobierno de Alfaro Ramírez (2015-2018) -solicitó licencia al cargo en diciembre-, e involucra al de quien haya de sucederlo.
La recomendación
La Auditoría Superior de la Federación señaló al Ayuntamiento abstenerse de aceptar este tipo de condicionamientos extra-contractuales de los bancos en su Recomendación 9-1.
“Las medidas que le permitan evitar que las instituciones financieras condicionen costos financieros más bajos o mejoras en las condiciones contractuales de los financiamientos, reestructuraciones y refinanciamientos de la deuda pública, a cambio de la suscripción de acuerdos para la prestación de servicios bancarios o financieros independientes a los contratos de crédito”.
También lo conminó a que la contratación de bancos se dé con procesos abiertos y competitivos, “que le permitan recibir diversas ofertas económicas para la mejor toma de decisiones”, en lugar de negociar con uno solo, como ocurrió, lo que acabó por empoderar a BBVA a tal grado que impuso sus dictados.
En respuesta a la ASF, Guadalajara emitió un Manual de control y seguimientos de créditos de largo plazo, donde ya se prevé que en dichos procesos competitivos “se evite” que los bancos condicionen las mejoras contractuales “a cambio de la suscripción de acuerdos para la prestación de servicios bancarios o financieros independientes a los contratos de crédito”.
Acuerdos bajo el agua
El Municipio de Guadalajara nunca notificó al Congreso de esta operación de reestructura de deuda, pese a que debió hacerlo dentro de los 15 días siguientes a su formalización, lo que violó el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo mismo pasó con otra reestructura realizada, pero ésta sobre el crédito de Banorte (mil 100.0 mdp) del 12 de julio pasado. No fue sino hasta que fue descubierto por la ASF, que el ayuntamiento procedió a notificarle al Legislativo sus operaciones.
“Derivado de la observación, Guadalajara proporcionó los oficios en los que informó el 8 de diciembre de 2017 a la Legislatura Local la celebración de las operaciones de reestructuración de la deuda pública, cuatro meses después a los plazos previstos en los que debió informar”, señala el reporte.
