Exalcaldesa de Allende otorga permiso de uso de suelo a su esposo

A días de abandonar su cargo, Patricia Salazar exalcaldesa de Allende, aprobó el cambio de uso de suelo a su esposo, cayendo así en un evidente conflicto de interés
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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El municipio de Allende, Patricia Salazar, alcaldesa del municipio de Allende hasta hace unos días, dejó el cargo no sin antes favorecer a su esposo al otorgarle un permiso de uso de suelo en un evidente conflicto de interés, en el que utilizó su poder para beneficio familiar.

Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que por unanimidad los regidores del Cabildo aprobaron favorecer a Romeo Leal Esparza, pareja de la exalcaldesa, poco antes de entregar su administración, con este permiso.

El nuevo alcalde, Eduardo Leal, de extracción panista, será quien tendrá que tomar medidas necesarias para combatir este aparente hecho de corrupción.

Salazar, quien llegó por el PRI a la presidencia municipal de Allende, y había sido cercana del exgobernador Rodrigo Medina, se cambió a Movimiento Ciudadano.

En la pasada elección, Patricia Salazar, quien participó en la sesión de Cabildo para aprobar el uso de suelo de sus terrenos familiares, se registró como suplente de la entonces candidata al Senado de la República por este partido, Martha Herrera.

La exalcaldesa entregó el uso de suelo a Romeo Leal Esparza para construir y operar una línea de autotransporte de carga, en una zona donde no existía este tipo de reglamento de desarrollo urbano.

Se aprobó un área de 2 mil 709 metros cuadrados en el predio del esposo de la alcaldesa con expediente de catastral 50-000-183 para la operación de esta línea de camiones de carga.

Y tendrá construcción de 91.74 metros cuadrados que, tendrá una afectación vial de 340.21 metros cuadrados según señala el documento que fue aprobado por los regidores.

Además, solo tendrá un área verde de 30 metros cuadrados con tres cajones de estacionamiento con una zona de absorción por 2 mil 578 metros cuadrados, que significa un objeto de superficie no definida.

La empresa de autotransporte estará ubicada en la calle Jorge A. Treviño y Doctor Mier, Hacienda San Javier, en Allende, según consta en el acta de Cabildo, de la cual este medio tiene una copia.

Fuentes del municipio revelan que no solo se aprobó uso de suelo al esposo de la exalcaldesa, sino también se otorgó a su madre y a una empresa mielera, así como a un centro de padel propiedad de un yerno de Patricia Salazar, además de descuentos.

Aprueban nuevo uso de suelo

En el último trayecto de su gestión, que acabó el pasado 30 de septiembre de 2024, Patricia Salazar Marroquín aseguró su plan de vida familiar para beneficiar a su esposo.

La edil participó en la sesión de Cabildo en la que se aprobó en el número de acta 82 el uso de suelo para la construcción de cabañas a su pareja, en un evidente conflicto de interés.

Se trata de un predio con expediente catastral 68-000-129 a nombre de Leal Esparza para la construcción de cabañas en un área de 27 mil 100 metros cuadrados, cuyo uso de suelo cambió para zona residencial, cuando antes era comercio y turismo.

El documento establece que se pretende construir 691 metros cuadrados, con 12 cajones de estacionamiento y solo 130 metros cuadrados de área verde, que levantaría el valor del terreno.

Prácticamente, la exalcaldesa se aprobó este uso de suelo a ella misma, lo que podría convertirse en un delito por violar varias leyes y hasta la Constitución mexicana, un caso que debería ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León.

Aprobación viola disposiciones federales y locales

La aprobación de uso de suelo a Romeo Leal Esparza, esposo de la exalcaldesa de Allende, estaría violando varias disposiciones no sólo federales, sino también locales.

La Ley General de Responsabilidades Federales de Responsabilidades en su artículo 3 fracción VI establece que se entenderá conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos.

“En razón de intereses personales, familiares o de negocios”, dice esta Ley.

Mientras que el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León señala que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga.

“Por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que tengan conflicto de interés o impedimento legal”, dice este artículo.

La Constitución mexicana en su artículo 109 establece que los servidores públicos, serán sancionados por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en desempeño de sus empleos o cargos.

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