El agua: la otra guerra

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebrará la próxima semana, existe un tema que está presente en las negociaciones de México y Estados Unidos: el Tratado de agua del Río Colorado y Río Bravo.

En el plano de enemistad en el que pretende poner el presidente Donald Trump las relaciones México-Estados Unidos, con su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), el vecino país del norte podría sacar la peor parte.

En el Senado de la República ya existe una iniciativa de ley para someter a revisión no solo el TLC, sino los 66 acuerdos bilaterales que mantienen ambas naciones.

Uno de esos, en el que desde 1944 México ha estado en desventaja frente a Estados Unidos, es el llamado “Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado y Bravo”, en el que se estableció la administración conjunta de los afluentes del Colorado, desde Tijuana, y del río Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, debido a lo cual, por décadas, México ha venido pagando cuotas de agua a Estados Unidos.

El tratado vigente sobre la administración conjunta de los dos principales ríos fronterizos, establece que a Estados Unidos sólo le corresponderán 431 millones 721 mil metros cúbicos de agua, en tanto que a México le asiste el derecho a disponer de hasta 2 mil 096 millones 931 mil metros cúbicos de las aguas contenidas en los ríos Colorado y Bravo.

En apariencia, el tratado de aguas beneficia a México, pero eso no es así, explica el doctor Federico Mancera Valencia, especialista en temas del agua del Centro de Investigación y Docencia (CID) del estado de Chihuahua, pues EU siempre argumenta sequías para sacar la mejor parte del acuerdo.

“Lo que -a su juicio- no lo permiten aprovechar la totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del Río Bravo, procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto”, ubicados en suelo de EU.

Por esa razón, tal como lo garantiza el Tratado, el reclamo de agua a México ha sido constante en los últimos 50 años; siempre bajo el argumento del gobierno norteamericano, que refiere bajos volúmenes de captación en los escurrimientos de los afluentes alimentadores de los ríos Bravo y Colorado, establecidos en el tratado, aun a sabiendas de que esos ríos alimentadores no aportaban gran cantidad de agua a los dos ríos fronterizos.

El tratado sobre la administración conjunta de los ríos Colorado y Bravo es la base legal sobre las que el gobierno de EU ha mantenido, desde 1944, una política de sumisión al gobierno de México, al exigirle compensaciones del vital líquido por la falta de lluvia en los desiertos de Arizona, Nuevo México y Texas, donde las precipitaciones pluviales nunca se han registrado en la forma en que fueron consideradas al momento de la firma del Tratado.

El “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México”, como oficialmente se llama, fue firmado el 3 de febrero de 1944, por la representación mexicana encabeza por el embajador en EU, por Francisco Castillo Nájera, y Rafael Fernández Mac Gregor, titular entonces de la Comisión Internacional de Límites.

Por parte del gobierno norteamericano firmaron Cordell Hull, secretario de Estado de los EU, George S. Messersmith, embajador en México, y Lawrence M. Lawson, titular de la Comisión Internacional de Límites de ese país, quienes vislumbraron condiciones ventajosas en el uso del agua propiedad de los mexicanos.

Este es un tratado ventajoso para EU, aclara el investigador Federico Mancera, porque simplemente los representantes mexicanos de aquel tiempo no vislumbraron los cambios climáticos que EU -con el avance de su ciencia- ya pronosticaba, y que han venido sucediendo.

A consideración de este investigador, “es urgente replantear el uso del agua de los dos principales ríos de la frontera norte”, a fin de evitar un colapso en las actividades agrícolas y urbanas de la zona norte de México.

Contrato leonino

El Tratado de aguas entre México y Estados Unidos, que finalmente se ha convertido en un contrato, en donde por periodos de cinco años las dos partes que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revisan los volúmenes de lluvias que caen en ambos lados de las fronteras, para decidir el volumen de agua que debe ser aprovechado en cada país, ha dejado saldos negativos para México.

La deuda de agua de México con Estados Unidos se ha incrementado gradualmente desde 1992, luego de reconocer las dos partes del CILA que durante el quinquenio 1992-1997, los escurrimientos en los ríos a los que tiene acceso Estados Unidos, dentro de su territorio, y que alimentan a los ríos Colorado y Bravo, no permitieron al gobierno de esa nación acceder a los volúmenes de agua acordados en el Tratado.

Solo la escasez de agua en Estados Unidos, en el quinquenio 1992-1997 y 1998-2002, también conocidos como los periodos 25 y 26, hizo que México acumulara una deuda de agua a favor de Estados Unidos por un volumen estimado de 734 mil millones de metros cúbicos, los que no se habían podido pagar hasta apenas en octubre del 2016. También en el quinquenio 2003-2007, el periodo 27, México terminó con un déficit de agua tasado en 884 millones de metros cúbicos de agua.

Para el periodo 28, comprendido entre los años del 2008 al 2012, el gobierno de Estados Unidos volvió a argumentar -bajo los establecidos del Tratado- que tuvo baja captación de agua en sus afluentes, y exigió al gobierno mexicano el pago de los volúmenes no obtenidos por lluvias, los que fueron tasados en 324 millones de metros cúbicos de agua, los que fueron entregado apenas el pasado mes de octubre del 2016.

El balance de agua entre México y Estados Unidos, correspondiente al periodo 29, del quinquenio 2013-2017 se tendrá que revisar antes de octubre próximo, en donde, de acuerdo a académicos investigadores del tema del agua, se presume que el resultado no sea distinto a los de los otros cuatro quinquenios anteriores, donde México podría seguir presentando deuda de agua al gobierno norteamericano.

Y es que, en los últimos cinco años, las sequías han afectado severamente a la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México, opina el doctor Damián Aarón Porras Flores, director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien consideró existe por parte del gobierno mexicano una desatención para revisar las condiciones bajo las que opera el Tratado de Aguas con Estados Unidos.

Falta planeación

México se encuentra en la encrucijada del agua, porque al Gobierno federal le ha faltado mayor visión para entender lo que el gobierno de Estados Unidos pretende con el manejo de sus recursos naturales, explicó el doctor Federico Mancera, pues el gobierno norteamericano busca de alguna forma aprovecharse de los recursos naturales de nuestro país, en la medida excesiva en que sea posible.

La falta de planeación del gobierno mexicano, siguió el investigador del CID Chihuahua, no ha sido tan adelantada como la de Estados Unidos, “pues el gobierno norteamericano planeó el Tratado de Aguas con una visión a futuro. No solo fue por una relación de amistad con el gobierno de México: se proyectó un programa de infraestructura hídrica a partir del uso del agua que se podría arrebatar a los mexicanos”.

La principal muestra de esa tesis es el beneficio de infraestructura eléctrica que hoy permite a algunas localidades norteamericanas, como la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, que gozan de energía eléctrica a partir de represas que se alimentan con el agua que se reclama en deuda cada cinco años al gobierno de México.

Pero también hay otros aspectos visionarios con los que se planteó el tratado de aguas entre México y Estados Unidos, en donde se resaltan proyectos económicos, dijo el doctor Mancera Valencia, en donde se proyectan plantas desalinadoras y la construcción de hidroductos que terminaran por vender agua a los mexicanos, cuando se agoten los afluentes de los ríos Bravo y Colorado.

Y es que la demanda de agua va en aumento en los estados fronterizos como Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, en donde el líquido es cada vez más escaso, pero es mayormente demandando por las actividades agrícolas, donde los productores no cuentan con un programa oficial para el cambio de cultivos agrícolas, que no solo disminuyan el consumo de agua, sino que permitan mejorar la captación del líquido en los mantos freático, agrega el doctor Carlos Manjarrez Domínguez.

Uso de agua irracional

Para el catedrático y también investigador de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad de Chihuahua, Carlos Manjarrez Domínguez, el gobierno de Estados Unidos, a través del tratado ventajoso de aguas que mantiene con México, está proyectando parte de su política de seguridad nacional, “pues le resulta más barato comprar productos agrícolas en México que producirlos allá mismo, por el solo hecho de que así está conservando sus reservas de agua”.

“Quiere llevarse de suelo mexicano solo las empresas norteamericanas que menos uso de agua proyectan en sus procesos de producción: por eso se ha lanzado sobre la planta automotriz, que es rentable en la generación de empleos, pero que a la vez es la que menos agua consume. ¿Por qué no habla de sacar de México a las empresas agrícolas?”.

El doctor Carlos Manjarrez Domínguez sostiene que si la intención del presidente Trump fuera meramente económica al intentar sacar empresas norteamericanas de suelo mexicano, también estaría hablando de retirar plantas de procesamiento de carne, de embutidos, mineras y del ramo de la agrotecnología, que se encuentran en México no solo por las condiciones de mano de obra favorables, sino por el acceso al agua sin mayor limitación.

Al citar ejemplos de sus investigaciones realizadas en torno al uso del agua en procesos productivos, Manjarrez Domínguez señala los niveles insospechados de uso de ese recurso en procesos industriales, agrícolas y ganaderos, aparentemente inocentes, sobre los que la autoridad federal no repara a fin de ejecutar una política de mayor cuidado y planeación.

Las investigaciones hechas por Manjarrez Domínguez revelan que para producir 500 gramos de maíz se requieren en promedio 450 litros de agua; para la obtención de un bistec de res de 300 gramos son necesarios 4 mil 500 litros de agua; para producir 500 gramos de queso se requieren 2 mil 500 litros de agua; en tanto que para producir una bolsa de frituras es necesario el uso de por lo menos 185 litros de agua.

Dijo el investigador que el estado de Chihuahua, a causa de la mala planeación gubernamental en el uso del agua, no se encuentra lejos de enfrentar un colapso económico y social por falta de ese recurso, lo que podría ocurrir de manera más rápida si continúan acciones políticas, como la del Tratado de Aguas con Estados Unidos.

Y es que ese tratado ha orillado a los productores rurales de los estados de la zona norte del país, a utilizar agua del subsuelo, mediante la perforación de pozo profundos para riego y brebaje ganadero, ante la falta de agua de los ríos Colorado y Bravo, de donde se destinan grandes volúmenes para el pago de deuda de agua con Estados Unidos.

Acuerdos a revisión

Para el diputado federal Alex Le Barón González, integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, representante del distrito VII de Chihuahua, este convenio se debe revisar pese a que considera que “el Tratado de Aguas con Estado Unidos ha sido benéfico para México, en términos generales, pues hay regiones agrícolas como las del Valle de Mexicali, que se benefician enormemente con el agua que proviene de Estados Unidos”.

Pero estima que en términos particulares este tratado no ha dejado ningún beneficio para regiones como la de Chihuahua, de donde se aportan volúmenes de agua muy importantes no solo a Estados Unidos, sino para sustentar la actividad agrícola de otros estados del país, como Sonora y Sinaloa, en donde a cambio los habitantes de Chihuahua no reciben ningún tipo de beneficio o compensación económica por parte de la autoridad federal, “lo que se debe revisar de manera puntual”.

Considera que, si existen avances en materia legislativa sobre el tema minero, en donde ahora la federación obliga a la aportación de recursos a los municipios que aportan parte de su riqueza a esa industria, también se debe avanzar en ese mismo sentido, con leyes que favorezcan económicamente en las regiones que aportan agua, sea para el consumo nacional o para el pago de deuda de agua con Estados Unidos, en donde el estado de Chihuahua es el más importante.

Desde la óptica de este legislador, el Tratado de Aguas que mantiene México con Estados Unidos, “es un tratado caduco, que se debe revisar tanto en sus generalidades como en sus particularidades”, a fin de que la administración binacional del agua de los ríos Bravo y Colorado beneficie a todos los mexicanos, pero, sobre todo, que garantice la sustentabilidad productiva y económica de zonas productivas tan importantes como la del estado de Chihuahua.