Ética para legisladores

Ansiosos por cambiar la mala imagen que se tiene del Poder Legislativo en el país, la Cámara de Diputados podría aprobar este mes su nuevo Código de Ética que los metería en cintura… por lo menos en el papel.

Desde el PRI se trabajó en un Código para evitar escándalos como el cobro de “moches”, la organización de fiestas con escorts o la asistencia a sesiones del pleno en estado de ebriedad, que han demeritado la actividad parlamentaria de la Cámara baja.

De acuerdo al proyecto de dictamen que se revisa en comisiones, al que Reporte Índigo tuvo acceso, se establece que los diputados tendrían prohibido cobrar “moches”, aceptar regalos, derrochar recursos, ser ostentosos y pronunciar expresiones vulgares.

Según una medición “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, los diputados federales son la penúltima institución con la peor evaluación pública.

En una escala del 1 al 10, los diputados tienen apenas una aprobación de 5.2, solo por encima de los partidos políticos que tienen 4.9 puntos.

Las instituciones con más alta calificación fueron las universidades (7.3), la Iglesia (7.1) y el Ejército (7.0).

El nuevo Código de Ética de la Cámara de Diputados estará conformado por varias propuestas. Una de ellas fue la presentada por Carolina Monroy, diputada del PRI y secretaria general del tricolor, quien afirmó que los legisladores deben actuar con dignidad, pulcritud y verdadera vocación de servicio.

“Es un hecho que para el otorgamiento de su confianza las y los mexicanos exigen que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, y al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia”, expuso Monroy en octubre pasado.

Una de las medidas que había sido anunciada al presentar la iniciativa fue que se erradicaría el consumo de alcohol en el recinto legislativo, pues “entorpece el funcionamiento óptimo de las capacidades humanas”.

Empero, dicha disposición fue eliminada del proyecto de dictamen que será votado en comisiones.

Ahora, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias está en la recta final de su análisis y se prevé que el nuevo Código se vote antes del 30 de abril.

Les piden honradez

Como si se tratara de un mal chiste, el nuevo Código de ética de los diputados federales los obligará a comportarse bajo ciertos principios que quedarán asentados en papel –aunque debieran ser una obligación per sé-.

Se hará mandatorio para los legisladores manejarse de manera digna, decorosa, sobria y moderada.

De acuerdo al proyecto de dictamen que se votará en la Comisión en los próximos días, los diputados deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Dentro del principio de legalidad, el código de ética contempla no solo que la actividad de los legisladores debe darse dentro de la ley, sino que deben denunciar cualquier hecho indebido del que tengan conocimiento.

“Denuncian ante las autoridades correspondientes los actos de los que tuvieren conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieren causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquier disposición legal”, señala en su artículo 5.

Una de las conductas a la que estarán obligados será a evitar filtraciones sobre asuntos que se traten en el Congreso.

“Se abstienen de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o confidencial conforme a las disposiciones vigentes”.

En el caso del principio de honradez, en el Código de ética quedará asentado que los diputados no podrán incurrir en actos de corrupción o de conflicto de interés.

Además, “declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor al que corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan ser medio para interferir en el desempeño de sus funciones”.

Quedará expresamente prohibido que los congresistas pretendan obtener beneficios o ventajas “indebidas” para sí mismos o para otras personas.

El Código pedirá a los parlamentarios evitar actos de ostentación porque van “en demerito de la respetabilidad de su cargo”.

Tendrán la obligación de informar a la ciudadanía si tienen conflicto de interés, sea personal, familiar o económico, con ciertos asuntos que se traten en el Congreso.

Evitarán, incluso, el “abuso, derroche o desaprovechamiento” de los bienes del Estado, que deben proteger y conservar.

Tampoco podrán realizar trabajos o actividades remuneradas fuera de sus funciones y que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades; ni participar o prestar su imagen en campañas publicitarias.

Para cumplir con el principio de lealtad, el Código de ética indicará a los diputados que deben vivir una vida conforme a su cargo.

“Mantienen un trato solidario, de respeto, de consideración, de cooperación y de lealtad mutua conforme a su investidura, y en todo momento desempeñarán una conducta intachable y transparente tanto en su vida pública como privada”, se lee en el artículo 7 del proyecto.

Una de las fracciones del artículo 8 refiere que los diputados federales deben observar una conducta digna y decorosa, “actuando con sobriedad y moderación”.

Los mexicanos exigen (…) que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia”

Depende de la falta, la sanción

Si los diputados no observan cualquiera de estas disposiciones contenidas en su Código de ética, la Mesa Directiva de la Cámara baja podrá aplicar una serie de sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta.

Esas irán desde la amonestación privada, sin que quede constancia escrita; hasta la suspensión de su dieta –ingresos- de un día hasta dos meses.

Para poder castigar a un legislador, se establece que “cualquier persona puede informar al presidente de la Mesa Directiva de conductas de los legisladores que presuntamente violen las obligaciones y principios a que están constreñidos en su carácter de servidores públicos”.

El o la titular de la Presidencia de la Mesa Directiva podrá realizar cualquier investigación.

Los ciudadanos que quieran denunciar la mala práctica de un diputado tendrán derecho de audiencia; lo mismo, los legisladores acusados.

El tiempo máximo para la resolución de un caso será de seis meses, en los que la Mesa Directiva deberá decidir si hubo o no alguna falla y si procede alguna sanción.

Sin embargo, si la sanción es una amonestación, ésta debe ser aplicada por el coordinador parlamentario del legislador al que se castigará.

Las sanciones podrán aplicarse en tanto dure la Legislatura donde se cometió la falta.