Conforme pasan los sexenios, la militarización de la seguridad pública del país se agudiza, dejando de lado a las corporaciones policiacas.
La estrategia que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, con la cual sacaron a los militares de los cuarteles para combatir a los grupos del narcotráfico y hacerse cargo de la seguridad ciudadana, se continuó con Enrique Peña Nieto y desde entonces se ha mantenido como respuesta al problema de la inseguridad.
Sin embargo, el rumbo que se ha mantenido a lo largo de tres sexenios, es contrario a lo que recomiendan especialistas, pues ha generado una crisis estructural que permea los tres niveles de gobierno.
La crisis de inseguridad del país ha avanzado proporcionalmente al desmantelamiento de las corporaciones de seguridad pública civil ante la falta de presupuesto, capacitación e interés de las autoridades.
Actualmente, quienes cargan con la mayor responsabilidad en el rezago son los gobiernos estatales y municipales
A pesar del complicado panorama, la reforma policial que necesitan las corporaciones del país es muy poco probable que se materialice.
Mayra Hernández, especialista en reforma policial, conoce las entrañas de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el cómo operan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y cómo es la coordinación de las fuerzas federales con las corporaciones policiacas locales, formó parte activa de los foros de parlamento abierto de 2019.
La experta en la materia comenta que durante ese tiempo se justificó la creación de la Guardia Nacional argumentando que en el país las capacidades de las corporaciones policiacas son limitadas, existe corrupción en los cuerpos de seguridad y varios de los policías están coludidos con el crimen organizado.
Lo que muchos no recuerdan o ni siquiera saben, confiesa, es que la reforma constitucional obliga a las entidades a fortalecer sus capacidades institucionales respecto a sus cuerpos policiales locales y municipales, algo que no se ha cumplido.
“Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto (26 de marzo del 2019), el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
“Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años”, señala el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional.
Hernández revela que esta obligación, que se debió de haber presentado en 2020 y 2021, no es cumplida por la mayoría de los gobiernos estatales.
“Les he preguntado a varios legisladores sobre el transitorio y todos desconocen de qué les estoy hablando. Es muy triste darte cuenta que se siguen reformando las leyes para crear voluntades políticas que no van a cumplirse en el plano legislativo.
“Me gustaría parar con el drama de que vamos a militarizar la seguridad, estamos en varios territorios militarizados por la falta de capacidades policiales ocasionado por varios gobernantes que no asumen su responsabilidad de seguridad”, acusa.
Sin embargo, la especialista aclara que esta situación es una oportunidad para que gobernantes, legisladores, especialistas y políticos de oposición se pongan a trabajar en una reforma policial que fortalezca las corporaciones de seguridad locales.
“La Guardia Nacional ha estado desde hace dos años en varios municipios del país y no ha dado resultados. Sustituyendo a una corporación no van a lograr los objetivos en materia de seguridad. Se necesita una reforma policial”
“En el discurso político siempre escuchamos a los gobernantes decir que la seguridad es una prioridad y en campaña los escuchamos hablar sobre las policías, pero la reforma policial no significa crear nuevas leyes, es importante emprender un plan, el cual es una área de oportunidad para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y para el Consejo Nacional de Seguridad Pública para trabajar en este fortalecimiento”, agrega la especialista.
Reforma urgente para corporaciones policiacas
Sobre las características que debe de tener la reforma policial, dice Mayra Hernández, está mejorar las condiciones salariales y laborales de los uniformados, ya que en promedio en el país, un policía gana 13 mil pesos mensuales en promedio, pero hay municipios en los que su sueldo no rebasa los cinco mil pesos.
“Cuando un policía llega a fallecer en el cumplimiento de su deber el seguro de vida aproximadamente, es de 250 mil pesos, cuando los familiares de un soldado caído en el cumplimiento de su deber reciben un millón de pesos”, revela.
Otro de los puntos que se debe de considerar al momento de crear la reforma es la opción de que los policías tengan acceso a una vivienda y a créditos, pero como desempeñan una actividad de riesgo, muchos bancos no les prestan dinero.
Uno de los objetivos de la reforma policial debe ser mejorar las condiciones salariales y laborales de los uniformados, ya que en promedio en el país, un policía gana 13 mil pesos mensuales, pero hay municipios en los que su sueldo no rebasa los cinco mil pesos
“El tercer punto es que no se ha trabajado en un fondo de retiro, no hay un sistema de pensiones para los policías. Esto quiere decir que un policía después de cumplir su carrera que es en promedio de 25 años, simplemente se va a su casa. (…) no solo se trata de comprar patrullas y equipamiento para los policías, hay que mejorar sus condiciones laborales y salariales”, concluye.
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