Estudios indican que se deben redoblar esfuerzos contra la violencia en México
Especialistas y el IBD aseguran que es necesario un rediseño de la estrategia de seguridad; México se coloca como uno de los países más violentos del mundo por los nexos que tienen las organizaciones criminales con funcionarios públicos y sectores productivos, así como la corrupción y la impunidad
Rubén ZermeñoEspecialistas proponen un rediseño de la política de seguridad pública con miras a disminuir la cantidad de homicidios y violencia en el país.
Dieciocho de las 50 ciudades más violentas se encuentran en México, siendo el país con la aparición más alta en esta lista, de acuerdo con un ranking elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
Los primeros ocho lugares de la lista están ocupados por ciudades mexicanas cuya tasa de homicidios es mayor a 70 por cada 100 mil habitantes. Zamora (196.63), Ciudad Obregón (155.47), Zacatecas (107.47), Tijuana (103.19), Celaya (100.92), Ciudad Juárez (95.79), Ensenada (76.95) y Uruapan (73.40).
En el ranking también aparecen Colima en el lugar 14, Acapulco en el 16, Cuernavaca en el 18, Irapuato 21, León 22, Chihuahua 30, Morelia 34, Cancún 40, Culiacán 43 y Guadalajara 47.
Por entidad, Michoacán y Guanajuato tienen en su territorio a tres ciudades de las más violentas del mundo y Baja California y Chihuahua a dos, cada uno.
La aparición de tantas ciudades mexicanas en este ranking es un reflejo de la inseguridad que se padece día tras día en el país y a las estrategias erróneas que han emprendido las autoridades para intentar frenar las oleadas de criminalidad.
Otros de los factores que han incrementado la inseguridad en México es el nexo que tienen las organizaciones criminales, con funcionarios públicos y con importantes sectores económicos, como la minería y la agricultura, además de la corrupción y la impunidad.
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Rediseñando la estrategia contra la violencia
Para identificar esta problemática, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República en su estudio “Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México” propone un rediseño en las políticas públicas del país y principalmente en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) con el objetivo de disminuir la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
El estudio propone generar entornos comunitarios con mayor seguridad pública y condiciones para el armónico desarrollo de la sociedad.
“Si bien este documento (la ENSP) es el conjunto de principales estrategias para afrontar los efectos de la delincuencia en la población, y que incluso define a la Guardia Nacional como ‘una institución policial’; el texto no señala aspectos concretos para reducir la incidencia criminal en las ciudades”, concluye el Instituto Belisario Domínguez.
Además, el informe señala que otro de los desafíos en la seguridad pública de las urbes con mayor tasa de homicidios es el fortalecimiento de las policías locales.
“En su última versión (2021) el informe da a conocer que la gran mayoría de las entidades y municipios no tienen el estado de fuerza necesario para cubrir de manera adecuada los turnos y los sectores de vigilancia en sus ciudades y regiones, lo que refiere a una crisis en el número de elementos policiales para atender las emergencias de seguridad en las grandes urbes.
“Uno de los grandes obstáculos para la mejora de la seguridad pública en las ciudades mexicanas es el estado de fuerza, es decir, el número de elementos policiacos por cada 10 mil habitantes. En ese sentido, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Pública impulsado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que existen 650 municipios en el país sin policías municipales. Es decir, el cuatro por ciento de la población nacional vive en municipios sin policías”, agrega el estudio.
Entre las acciones que propone el IBD para contrarrestar los riesgos de la inseguridad y la violencia, es el Programa de Mejoramiento Urbano, el cual busca promover la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país mediante el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal.
