El 26 de marzo pasado, la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional cumplió dos años, lo que significa que al Gobierno federal le quedan únicamente tres para poder seguir utilizando “de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil”, al Ejército mexicano.
“La reforma no solo concibió a esa corporación como una fuerza de seguridad civil, sino todo un plan de desmilitarización que obligó a regular el uso de la fuerza y las detenciones, el fortalecimiento de las policías locales y acotar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
“En su conjunto, la reforma fue un acuerdo para la desmilitarización de la seguridad pública a lo largo de cinco años, aprobado por todas las fuerzas políticas del país y los congresos estatales”, explica el colectivo #SeguridadSinGuerra.
No obstante, también acusa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de violar ese acuerdo y continuar con la expansión militar de los gobiernos anteriores.
“En los hechos, la Guardia Nacional es una corporación militar y no civil como dice la Constitución. Además, López Obrador emitió el #AcuerdoMilitarista el 11 de mayo del año pasado, un instrumento que sin pasar por el Congreso, otorga facultades civiles en materia de seguridad pública al Ejército y la Marina sin control civil y sin mecanismos de control o fiscalización”, dice el documento creado y publicado por MUCD el 7 de abril de 2021.
Quejas sobre Guardia Nacional y Ejército ignoradas
La CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad dados los riesgos para los derechos humanos que implica la aplicación de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, en su momento, Laura Rojas, hoy expresidenta de la Cámara de Diputados, promovió una controversia constitucional en contra del acuerdo firmado el 11 de mayo por el primer mandatario del país acusando que deja a ciudadanos y miembros de las Fuerzas Armadas en la incertidumbre jurídica.
No obstante, al día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha atendido estas quejas.
“El silencio de la SCJN es ímprobo. Las ministras y ministros han postergado el estudio y resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH; y de la controversia constitucional promovida por la diputada Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados”, denuncia el colectivo #SeguridadSinGuerra.
