“Estrangulan” a negocios y les exigen hasta 10 mil pesos por cobro de piso

La “renteada” es la forma a la que ahora llaman diferentes dueños de locales y negocios al cobro de piso. Un modus operandi que se ha afianzado en varios estados del país, a pesar de los llamados urgentes para frenar este delito.

Son miles de personas que tienen que aceptar esta modalidad de pago que les imponen diversos grupos delictivos para seguir con sus centros de trabajo. Las cuotas a cubrir van desde los tres mil hasta los diez mil pesos semanales, según el giro de cada negocio.

En caso de que algún comerciante o dueño de un local se niegue a acatar esta forma de pago las consecuencias son severas: los dueños de estos lugares son amenazados, asaltados o incluso llegan a perder sus negocios, pues estos son incendiados o vandalizados.

La estadística oficial confirma que la extorsión o mejor conocida como “cobro de piso” se ha disparado en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas de la iniciativa privada que exige que se atienda este problema de fondo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), en 2018 se registraron seis mil 721 delitos de extorsión, mientras que para 2023 esta cifra aumentó al alcanzar los 10 mil 336 casos.

La tendencia de esta modalidad se ha ido acelerando en los últimos años. En 2019, se reportaron ocho mil 734 casos; en 2020 tuvo un ligero descenso con siete mil 960, aunque en 2021, tuvo un repunte con ocho mil 828 delitos de este tipo y en 2022 tocó su punto más alto en lo que va de este sexenio con 10 mil 343 reportes.

Es así que cientos de propietarios de establecimientos comerciales han tenido que llegar a un “acuerdo” para poder laborar, pues quienes se niegan son amedrentados, agredidos o forzados a cerrar sus centros de trabajo de manera indefinida.

En entrevista por separado, dueños de distintos comercios ubicados en la  Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco, revelaron que detrás de las extorsiones y “cobro de piso” se encuentran varios grupos criminales que operan en completa impunidad.

“Nos vemos forzados a pagar para que tengamos seguridad en nuestros negocios y éstos no sufran algún percance, estamos entre la espada y la pared, pues se nos obliga a cooperar con estas bandas criminales”, externaron a Reporte Índigo comerciantes de la capital mexicana.

En caso de que algún comerciante o propietario de algún establecimiento se rehúse a pagar este “impuesto” adicional, sufre actos de intimidación y amenazas que escalan hasta la violencia física o la destrucción del negocio mismo, explicaron los locatarios, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias.

La entidad mexiquense tampoco se salva de este problema. Josué Vázquez, a quien cambiamos su nombre por cuestiones de seguridad, fue víctima de la “renteada” de su negocio, el cual se vio forzado a cerrar de manera definitiva por el pago que le exigían.

Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, dijo que los montos que se imponen a los establecimientos depende del giro y que es un problema que se ha ido extendiendo en fechas recientes, incluso en regiones donde antes no existía este problema.

“Cualquier tipo de negocio que sea visible puede estar en la mira del crimen organizado o desorganizado, es decir, muchos dicen venir de un cártel de la droga cuando esto no es cierto”, precisó el directivo.

Mercados tampoco se salvan

La problemática del ‘cobro de piso‘ también alcanzó a los mercados públicos del país. Estas prácticas ilícitas, se han convertido en una situación generalizada que afecta a centros de abasto popular.

En entrevistas realizadas, diversos comerciantes afirmaron que en las últimas semanas se han presentado personas que exigen el pago de una cuota mensual de hasta cinco mil pesos, bajo amenazas de daños a sus locales en caso de negarse.

“En varias ocasiones hemos denunciado este tipo de extorsiones y nunca nos hacen caso. Lo grave es que hemos visto como varios locales se incendian bajo situaciones misteriosas“, afirmó Mari Carmen, locataria de uno de los mercados en Benito Juárez.

‘Impuesto criminal’ quiebra a negocios

La “renteada” no solo la padecen comerciantes y propietarios de negocios individuales, sino también empresarios y dueños de comercios de mayor escala en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) este modus operandi ha alcanzado a todas las unidades económicas que operan en México, a las cuales les imponen cobros de hasta 50 mil pesos mensuales.

Para dimensionar el tamaño de este problema, las extorsiones de este tipo representan hasta el 20 por ciento de las ganancias de los comercios y negocios del país.

La ANPEC confirmó que el cobro al derecho de piso afecta a más de dos tercios del territorio nacional, lo que lleva a muchos pequeños comerciantes a cerrar sus negocios.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC aseguró a Reporte Índigo que este problema ha ido en ascenso en los últimos años y aún cuando se ha denunciado esta práctica ilegal, los grupos criminales siguen apropiándose de las cadenas de producción de varios sectores del país.

“La extorsión se le veía como un daño colateral y se ha ido normalizando cultural y socialmente. Cada vez es más común que las cosas ocurran de esta manera, es decir, cuando alguien abre un negocio sabe que debe pagar a estos delincuentes”, sostuvo.

El presidente de la ANPEC afirmó que ante la imposibilidad de continuar con estos pagos que se prolongan  por varios meses o incluso años, varios negocios quiebran o desaparecen de forma definitiva.

“La extorsión tiene varias aristas, pues los comerciantes pagan para que no los molesten; para tener horarios más extendidos; para que no le hagan nada a su clientela, entre otras cosas que pierden. La extorsión sigue operando con más fuerza”, precisó.

Y sentenció que el tema del “cobro de piso” se da prácticamente en toda la República Mexicana, pues a pesar de que las cifras oficiales en algunos estados van a la baja, esto no quiere decir que este delito no exista, ya que la cifra negra es muy superior a lo que se denuncia.

Perfeccionan modus

El crimen organizado y grupos de personas que trabajan en solitario han perfeccionado sus métodos de extorsión. De acuerdo con cámaras empresariales consultadas por Reporte Índigo revelan que se ha sofisticado el cobro de derecho de piso de varios grupos.

Los negocios son asediados de cerca por varias personas que visitan constantemente estos centros de trabajo y presionan a los dueños o a su personal para cumplir con los pagos exigidos.

También son acosados con llamadas telefónicas en las que reciben amenazas dirigidas tanto hacia ellos como hacia su familia.

Encarecen alimentos y servicios

La proliferación de casos de extorsión han generado una merma a negocios y establecimientos comerciales de varios estados y, por si fuera poco, también al costo final de los alimentos y productos que generan dichos negocios.

Uno de los casos más evidentes es en Michoacán en donde la “renteada” ha influido en el precio del limón y aguacate, pues los productores de estos alimentos han tenido que negociar con los grupos criminales para que no detengan la distribución de sus cosechas por el país.

“Ellos marcan el precio final del limón y del aguacate. Nos imponen una cuota por cosecha para que no les pase nada. Por cada metro cuadrado nos cobran de 100 a 200 pesos a la semana y hay que pagarlos puntualmente”, sostuvo un productor de aguacates en Morelia.

En Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla está condicionado también por la extorsión. En el Estado de México, el abasto y el valor del kilo de pollo se ven afectados por esta misma problemática.

Uno de los últimos casos que se vivió fue Texcaltitlán, Estado de México, en donde comuneros se alzaron contra presuntos integrantes de La Familia Michoacana, quienes exigían una cuota económica por trabajar sus tierras y negocios.

Mientras tanto, en Sonora y parte de Baja California, el crimen organizado ha tomado el control total de la pesca y la distribución de productos marinos. En Jalisco la cosa no pinta mejor: el negocio del ganado bovino de exportación también se encuentra cooptado por varios grupos del narco.

Mientras que en Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, se registran interferencias en los precios y el suministro de diversos alimentos.

De acuerdo con la última Encuesta de Victimización (ENVIPE-2023), el delito de cobro de piso y extorsión ocupa el tercer lugar en recurrencia a nivel nacional. Aunque no es un delito nuevo, su expansión se ha extendido a al menos 23 estados del país.