En 2022, la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México otorgó más de cinco millones de pesos en contratos a un proveedor que ha sido evidenciado como irregular.
De acuerdo con investigaciones de órganos auditores, la demarcación del suroriente de la capital, gobernada por Berenice Hernández, benefició a Acasmo S.A. de C.V. con dicho monto a pesar de que ha incumplido convenios comerciales con otras demarcaciones.
Sin embargo, destaca que el alcalde antecesor, Raymundo Martínez Vite, también tuvo señalamientos por presuntas anomalías durante su gestión.
¿De qué se le acusa al exalcalde de Tláhuac?
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local solicitó al Gobierno de la Ciudad de México, en 2021, investigar al morenista por supuestamente incurrir en actos de corrupción inmobiliaria.
El 8 de septiembre de dicho año, la bancada blanquiazul dio a conocer una carta en la que empresarios de la construcción denunciaron que la administración de Martínez Vite pedía “moches” y extorsionaba a constructoras.
Según Federico Döring, legislador panista que dio a conocer la acusación, funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Urbano eran los encargados de pedir dinero a cambio de otorgar autorizaciones.
#CDMX | Durante la administración de Raymundo Martínez Vite, como alcalde de #Tláhuac, acumuló varias irregularidades en su historial de acusaciones por corrupciónhttps://t.co/NUqqgsjGLy
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 26, 2021
El señalamiento anterior no es el único que se hizo en contra del mandato del exalcalde, pues también se le acusó de presuntamente favorecer a empresarios sin justificación.
En diciembre de 2020, el mismo Döring Casar, a nombre de la bancada del PAN en el Legislativo, denunció que la alcaldía benefició, en ese año, con 129 contratos a un solo proveedor, Hugo Gerardo Calzada Velázquez, a quien se le han adjudicado obras que también enfrentan acusaciones de anomalías.
Contratos millonarios a empresa investigada por Iztacalco
El Gobierno de Tláhuac firmó cinco contratos con Acasmo S.A. de C.V. para la compra de vara de perlilla, emulsión catatónica, productos minerales no metálicos, materiales de construcción y materiales metálicos, señala información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En total, los cinco convenios comerciales, con números de folio CC-021, CC-022, CC-035, CC-037 y CC-064, suman un total de 5 millones 255 mil 263 pesos, y se entregaron por adjudicación directa, es decir, no hubo un concurso de licitación pública.
Lo anterior, a pesar de que la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal mandata que los entes públicos deben evitar las adjudicaciones directas.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrá exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 del marco legal.
Tláhuac debió priorizar los concursos de licitación pública
También establece que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
“(Los procesos de contratación) serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente ley”, detalla la disposición.
Los contratos mencionados convirtieron a Acasmo S.A. de C.V. en la empresa a la que más recurrió el Gobierno de Berenice Hernández durante el año 2022.
Acasmo S.A. de C.V., una empresa con historial dudoso
Acasmo S.A. de C.V. fue contratada por Tláhuac, aunque en otras demarcaciones ha sido reprobada por incumplimientos.
De acuerdo con la auditoría A-2/2022. clave 1-6-8-10, del Órgano de Control Interno de Iztacalco, la empresa incumplió con la ejecución de los servicios adquiridos por Iztacalco en 2021.
La primera acusación corresponde a las inconsistencias detectadas en la ejecución de los trabajos que se realizaron a través del contrato AISR/AI/035/21 para el “Mantenimiento a los CENDI (Centro de Desarrollo Infantil): Pantitlán, Leandro Valle, Derechos de los Niños, Infonavit y Juventino Rosas”, así como en los bienes adquiridos a través del contrato AIZT/ADB/042/042/2021 para la compra de “Muebles de oficina y estantería”.
Respecto al primer contrato, la contraloría detectó que hubo deficiencias en los trabajos realizados en el CENDI Infonavit, al encontrar que no se llevaron a cabo los trabajos de desmantelamiento, recubrimiento y acabados ni las instalaciones hidrosanitarias, ni las instalaciones eléctricas.
Pese a no cumplir con lo que se estipuló en el contrato, la demarcación encabezada por Armando Quintero Martínez pagó al proveedor un total de un millón 420 mil pesos de los recursos públicos.
