Estas son las propuestas de Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción en la administración pública

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la alianza Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, presentó el eje temático de su proyecto político “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”, con el objetivo de combatir la corrupción en la administración pública.

Dicha estrategia fue elaborada bajo la coordinación de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua e integrante del equipo de campaña Diálogos por la Transformación, que dirige el exsecretario de salud federal Juan Ramón de la Fuente.

Al anunciar el plan, Sheinbaum Pardo resaltó que no basta con tener gobernantes honestos, pero es indispensable que quien conduzca el Gobierno de la República, de algún estado o de la Ciudad de México no tenga anomalías en su historial político.

“Adelante ¿qué pienso que debemos hacer? Uno, servidores públicos de probada honestidad, en efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable. Segundo, un sistema de simplificación administrativa; y tener instituciones que permitan compartir información y avanzar en la cero impunidad”, declaró.

¿En qué consiste la estrategia para un gobierno honesto?

El encargado de dar los pormenores del eje “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto” fue Javier Corral, quien al iniciar su discurso aseguró que la corrupción es a la política lo que el cáncer a la enfermedad, “el emperador de todos los males” y su magnitud demanda una intervención integral.

El también expanista y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información declaró que el proyecto tiene el enfoque de hacer del combate a la corrupción una política de Estado en la que se involucren los tres niveles de gobierno mediante dos componentes básicos: prevención y cero impunidad.

“Constituye un enorme paso en la historia de México que el jefe del Estado ya no sea más el vértice por el que se mezclan los negocios y la política, pero a ese ejemplo hay que sumar ahora una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno persistente, transversal, sistémico y universal que ha representado para México un lastre que ha debilitado sus instituciones y minado la confianza pública”, subrayó.

Las principales líneas de acción

Estas son las principales acciones del eje temático ‘Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto’:

1. Garantizar un enfoque de derechos mediante el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho humano a una buena administración pública y a vivir en un ambiente libre de corrupción
2. Impulsar un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y Poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción de manera coordinada
3. Crear la Agencia Federal Anticorrupción para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y obras
4. Rediseñar la Secretaría de la Función Pública
5. Establecer un Modelo Nacional par Investigar Delitos de Corrupción, que incluye, entre otros puntos, la creación de un Catálogo Único de Delitos y Penas, y de un Sistema de Inteligencia Anticorrupción
6. Reformar el Poder Judicial para enfrentar la corrupción en la cadena seguridad-justicia
7. Mejores contrataciones públicas y transparentes
8. Diseño de un Esquema Nacional de Alertadores y Denunciantes de Corrupción que promueva la cultura de la alerta y la denuncia
9. Profesionalización y certificación de las y los servidores públicos
10. Desarrollar, en coordinación con el equipo de seguridad y justicia, un programa especial para mejorar las condiciones laborales de las Policías

Detalles de las propuestas planteadas por Javier Corral

En este sentido, Javier Corral dijo que las tres primeras líneas de acción proponen impulsar una iniciativa de reforma constitucional para que se reconozca el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción; impulsar un acuerdo nacional entre los distintos órdenes y Poderes de gobierno en el que se comprometan a combatir la impunidad, hacer mejores compras públicas y ofrecer mejores servicios, profesionalizar a los cuerpos policiacos, mejorar y digitalizar los trámites, cumplir con las obligaciones de transparencia y con el porcentaje de licitaciones públicas; y crear la Agencia Federal Anticorrupción.

La agencia propuesta estaría a cargo de la investigación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras, tendría dependencia directa de quien esté al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo federal, sería la instancia competente para resolver impugnaciones por contrataciones ilegalmente adjudicadas y asumiría las actuales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual tendría un rediseño para facilitar la prevención de los actos irregulares.

El plan estratégico también plantea el desarrollo de un Modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción con la finalidad de dotar de herramientas que garanticen una investigación eficaz anticorrupción, así como la recuperación efectiva de activos; incluye, entre otros puntos, la presentación de una iniciativa de Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción, crear un Catálogo Único de Delitos y Penas, y un Sistema de Inteligencia Anticorrupción, y fortalecer y poner en marcha el Sistema de Fiscalización.

Además, considera una mejora en las contrataciones públicas con una Ley General que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas hasta alcanzar la meta de que, en el año 2030, el 65 por ciento de las adquisiciones se realicen mediante licitaciones públicas; implementar un programa de combate a empresas fachada; tipificar como delito la simulación de contrataciones públicas por particulares y empresas; entre otros.

Reforma al Poder Judicial, otro objetivo prioritario

En seguimiento a lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia propone una reforma profunda al Poder Judicial tanto a nivel local como federal para enfrentar la corrupción en la cadena seguridad-justicia.

“Advertimos de la necesidad de una apuesta por la justicia digital que mejore la eficiencia de los procesos y evite al máximo el contacto entre personas funcionarias y usuarias cuando este no es indispensable. Necesario prever sistemas informáticos aleatorios y auditados para el turno de los asuntos y que los Poderes Judiciales transparenten tanto el ejercicio de los recursos públicos, sus adquisiciones, como la información de la ruta procesal que conocen”, detalló Javier Corral.

De igual forma, la modificación apunta a la conformación de un Consejo de la Judicatura ciudadanizado en el que no participen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar el conflicto de intereses; revisar y simplificar el sistema de fe pública; y asegurar la transparencia e integridad en la labor de los notarios públicos.