¿Estamos listos?

Este fin de semana entró en vigor en el país el nuevo sistema penal acusatorio, la reforma más ambiciosa en la historia de la justicia mexicana.

Durante 8 años, estados y el Gobierno federal se prepararon para esta fecha, sin embargo no todo son buenas noticias, pues el proceso de implementación no será tan terso como se podría suponer.

En el aparato de justicia prevalecen prácticas arraigadas, viejos sistemas y complejas estructuras burocráticas que serán difíciles de terminar por decreto.

Uno de los principales desafíos será la capacitación y profesionalización de todos los actores involucrados en la ejecución del nuevo sistema: jueces, ministerios públicos, abogados y policías.

El tema de la actuación de la policía, al ser el primer eslabón del proceso, cobra especial relevancia, pues de su respeto al debido proceso depende gran parte del éxito del mismo.

Si hay una actuación deficiente, no hay caso, y los presuntos criminales podrán recuperar su libertad.

Sumado a esto, organizaciones civiles, señalan una falta de coordinación en el proceso de implementación, con 33 procesos paralelos desarticulados, y acciones en forma aislada.

En cuanto al tema legislativo, apenas la semana pasada se aprobaron en el Congreso las últimas reformas para dotar de fuerza institucional al nuevo sistema penal.

Por muchos de estos señalamientos, la viabilidad a mediano y largo plazo del nuevo sistema de procuración de justicia en el país estaría seriamente comprometida, y pasarían aún varios años para que su funcionamiento sea el óptimo.

La percepción ciudadana es otro de los factores que deberán tenerse en cuenta para la evaluación del funcionamiento de la reforma penal.

Actualmente, hay un índice muy bajo de procuración y administración de justicia, y las personas no confían en las instituciones encargadas de la misma, y mientras esta situación no cambie drásticamente, la legitimidad estará en entredicho.

En el papel, este nuevo sistema de procuración de justicia tendrá como prioridad el respeto a los derechos humanos, tanto de la parte afectada como del acusado.

De igual forma, se sustituye un sistema penal inquisitorio, ya obsoleto, por uno acusatorio, priorizando la presunción de inocencia, y se impulsarán los mecanismos alternativos de solución y las audiencias públicas, entre otras medidas.

Con los juicios orales como la parte medular del nuevo sistema penal, se tiene como intención evitar los procesos largos y costosos y erradicar los abultados expedientes de investigación.

Los desafíos del nuevo sistema

En cuanto al tema legislativo, aún hay un largo camino que recorrer, así lo reconoce Alonso González, de la Red de Juicios Orales, pues es necesario contar con la estructura regulatoria necesaria para fortalecer la reforma penal.

Según el abogado penalista, queda por aprobar el paquete de leyes, reglamentos, protocolos de actuación, que regulen el desempeño de los operadores, jueces, fiscales y policías.

“Vamos a llegar al 18 de junio, todavía incompletos, falta mucho por aprobar, tanto a nivel federal, como a nivel de las 32 entidades”.

Otro de los grandes desafíos es lograr impactar en la operación de manera progresiva, esto significa que el cuerpo normativo se traduzca en una distinta manera de actuar.

González asegura que más allá de la capacitación tiene que ser reforzado por un proceso de acompañamiento, para que la capacitación pueda ser reflejada en la actuación de los operadores y realmente trascienda.

El proceso de acompañamiento de la reforma penal, va más allá de la mera capacitación.

De nada sirve decir tener 40 horas de capacitación, si el Estado no está acompañando este proceso de transformación.

Para María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, aunque el nuevo sistema de justicia penal estará formalmente funcionando al 100 por ciento, el problema es que aún no existen las condiciones y capacidades necesarias.

“Hemos visto que se ha dado una importante inversión en capacitación, pero el problema es que se ha capacitado, pero no se han generado condiciones en términos de un desarrollo del servicio de carrera de estos operadores”, asegura.

Según la estimación del CIDAC, gran parte de los operadores que se han capacitado para el nuevo sistema de justicia, actualmente ya no están operando, lo que conlleva a una pérdida de la inversión, y que no se estén generando las capacidades requeridas.

Además, no ha habido un relevo generacional, ni una estrategia adecuada para involucrar a los actores del sistema de justicia en su nuevo rol, y dejar atrás las estructuras del pasado.

“Seguimos en la mayoría de los casos, con los mismos operadores que vienen del sistema tradicional, no hay una estrategia de buscar a las nuevas generaciones”, declara Novoa.

De igual forma, considera que la difusión sobre la implementación de la reforma penal ha sido deficiente, por lo que la ciudadanía no está informada, y por tanto no se puede involucrar.

“Se ha fallado mucho en dar a conocer esta nueva forma de hacer justicia penal en México. No estamos demostrando que con el sistema vamos a tener mejores resultados, es importante que la sociedad lo vea”.

Evaluación y monitoreo

Uno de los grandes riesgos que puede comprometer la viabilidad del nuevo sistema de justicia penal es que pasado el 18 de junio, se crea que se ha cumplido la meta y se le de un carpetazo.

Es por eso, que cobra especial relevancia la evaluación, el monitoreo y seguimiento de la implementación del sistema en todo el país, para lo cual es necesaria la participación ciudadana, así como la transparencia de las instituciones.

“Sí necesitamos tener una evaluación independiente y eso es solo a través de organizaciones. Una sociedad civil informada, que inclusive, técnicamente pueda dar respuesta, y que tenga credibilidad técnica, y eso hay que seguirlo fortaleciendo”, señala María Novoa.

Actualmente, las instituciones de procuración de justicia, enquistadas aún en las viejas prácticas y formas, son muy poco abiertas al escrutinio ciudadano y a transparentar su información, situación que se contrapone a los ideales de la reforma penal.

“Hay que exigir a las instituciones rendición de cuentas, que nos quiten los obstáculos para tener acceso a la información y que la información que nos dé sea información de calidad”.

Control del ejercicio del derecho

En nuestro país, no hay un censo confiable de cuántos abogados existen, cuántos de ellos están en activo, cuál es su área de especialidad, si se mantienen actualizados, ni sobre los asuntos que han llevado en el pasado.

“Estamos absolutamente en la oscuridad sobre quienes son las personas que representan intereses ajenos”, asegura Alonso González.

Para el abogado, la identificación y rendición de cuentas por parte de los abogados particulares, es un elemento fundamental para que se pueda consolidar una verdadera transformación en la impartición de justicia penal.

“Tenemos que tomarnos en serio el esfuerzo de identificar quiénes son los abogados que existen, obligarlos a que rindan cuentas, a que digan qué han estudiado, dónde han estudiado y que de manera constante y permanente se les obligue a mantenerse actualizado”, propone González.

Alonso González está convencido, de que los primeros opositores a un mayor escrutinio de su desempeño profesional son los propios abogados, quienes, reconoce, sufren un desprestigio por su propia conducta.

“Hoy por hoy no tenemos ningún mecanismo de supervisión sobre la conducta ética del abogado”.

Otro de los grandes vacíos que señala González es la proliferación de instituciones educativas que ofertan la carrera de derecho, sin que haya un verdadero control sobre su funcionamiento.

Datos de la organización Abaroli México, hay más de mil 700 instituciones en el país que ofrecen el diploma universitario que facilita el ejercicio profesional del derecho, en Alemania, hay 14, y en Estados Unidos, menos de 300.

“Tenemos una proliferación enorme de instituciones de educación superior en materia de derecho, porque se ha convertido en un negocio. No tenemos un sistema normativo claro que exija de manera transparente requisitos mínimos para que las instituciones funcionen como de educación superior”.

Nuevo sistema es ambicioso

Layda Negrete, de México Evalúa, advierte que la reforma del sistema de justicia penal es tan ambiciosa, que la inercia institucional va a ser a no cambiar, con el riesgo de que se sigan manteniendo las mismas estructuras y el mismo actuar de los agentes de procuración de justicia.

“Las autoridades son las mismas que vienen operando, son las antiguas, y alterando la gestión, es decir, ‘vamos a recibir la denuncia igual que antes, vamos a hacer esperar a la víctima igual que antes’, eso puede suceder”, advierte.

De igual forma, hace un llamado a la sociedad civil a evaluar el funcionamiento de la reforma penal y a protegerla, para evitar que en áreas como el poder legislativo se pierda el terreno que se ha ido ganando.

“La fuerza de la contrarreforma va a seguir existiendo y nosotros vamos a tener que estar muy alertas a que eso no nos suceda a nivel legislativo”.

Javier Carrasco, del Instituto de Justicia Penal Procesal, considera que el futuro inmediato del nuevo sistema de justicia penal no puede pasar por la autocomplacencia del Gobierno federal y estatal, pretendiendo que con la implementación formal desaparecen los problemas de raíz.

“Y que se pongan la medalla a nivel internacional de que ya cumplieron, de que ya estamos respetando los derechos humanos, más con la crítica que ha recibido el gobierno por la sistemática violación de los derechos humanos”.

Policías que torturan, ministerios públicos que no integran las pruebas, abogados que se roban el patrimonio de sus clientes, universidades que no están actualizadas en el sistema acusatorio, todos ellos riesgos que ponen en entredicho la viabilidad de la reforma.

“Todas estas son realidades, si permitimos como sociedad civil que así sigamos, vamos a tener un sistema de justicia peor que el que estamos abandonando, porque creo que ni sabemos la razón por la cuál estamos cambiando”, puntualiza.

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‘Ahora sigue consolidar la reforma’ Por Indigo Staff