El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y el secretario de la Contraloría Interna en la entidad, Álvaro Bardales Ramírez, confirmaron que presuntos involucrados en “La Estafa Siniestra”, que desvió 522 millones de pesos del erario estatal, se están acercando a las dependencias gubernamentales con el fin de devolver el dinero comprometido.
El pasado lunes, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, visitó Palacio Nacional haciendo suponer que el triunfo de Morena en el estado fue previamente negociado y con ello buscar su posible incorporación al Gobierno federal.
Mientras Fayad continúa señalando a exfuncionarios estatales para que paguen las consecuencias de los desvíos económicos, algunos de los involucrados ya buscan la forma de devolver el recurso que se señalaba como perdido.
“La Estafa Siniestra” involucra al menos a los presidentes municipales de Acaxochitlán, Nopala de Villagrán, Huautla, Epazoyucan, Acatlán, Jaltocán, San Agustín Metzquititlán y Pacula, así como a dos dependencias estatales, que se canalizaron a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) para que rindan su declaración y deslindar responsabilidades.
Por su parte, Álvaro Bardales señaló que ninguno de los 13 ayuntamientos involucrados ha podido comprobar el destino del recurso, ya que en cada municipio hay por lo menos seis personas involucradas, lo que implica que actualmente se encuentran bajo observación alrededor de 69 funcionarios públicos.
El contralor estatal confirmó que tres personas se han acercado a la Contraloría para reembolsar parte de ese recurso, pues, aseguran, aún lo tienen; en tanto que los restantes 10 sí gastaron en su totalidad el recurso, toda vez que en los repartos de cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo aparecen comprobados, pero con documentación que no es la apropiada.
Por su parte, el encargado del despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, declaró que no descarta que se sumen más ayuntamientos, aunado a que ya se desarrollaron inspecciones ministeriales con tres carpetas de investigación listas para judicializarse.
La dependencia detectó que 40 por ciento de los encargados de los Órganos Internos de Control de la administración anterior no contaba con el perfil profesional acorde a las responsabilidades del puesto. Además, cinco de ellos no tienen licenciatura, entre ellos el de la Secretaría de Educación Pública, y otros más, antes de concluir el sexenio anterior, tenían tres días de haber recibido su nombramiento, lo que demuestra el grado de corrupción que permitió el exgobernador, Omar Fayad Meneses.
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