El Gobierno federal asegura que cuenta con todos los elementos necesarios para atender la crisis sanitaria por coronavirus que azota al mundo.
“Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos y enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud”, aseguró el día de ayer Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sin embargo, gobiernos de distintos estados del país han tomado la decisión de aumentar las medidas de contingencia por el contexto de la actual situación y para evitar que los sistemas de salud locales se saturen.
La severidad en torno a los castigos para las personas que no cumplan con lo establecido por las autoridades locales alcanzó su punto máximo en Querétaro, entidad en donde el pasado 29 de abril, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del virus SARS-CoV2.
Entre ellas destacan una pena de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarentena; tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria.
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A pesar de no emitir medidas tan radicales como las del gobernador Francisco Domínguez Servién, otras entidades del país también han aumentado sus acciones de prevención contra el coronavirus en los últimos días.
En Mérida, Yucatán, por ejemplo, sólo se permite transitar a una persona por automóvil a menos que sea por una emergencia de salud, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento y son pocos los negocios que pueden continuar operando.
En Quintana Roo las medidas también se endurecieron. El gobernador Carlos Joaquín González anunció que se encuentran en un momento clave y quien “no obedezca será sancionado de acuerdo con lo que establecen las leyes locales”.
Otras entidades que han destacado por la severidad de sus medidas son Jalisco y Michoacán.