Nulidad: grave precedente

La decisión que tome el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la fiscalización de los gastos de campaña, podría abrir la puerta a que por primera vez se anule una elección por rebasar los topes de gasto.

En México se han anulado 29 elecciones, tres de ellas a la gubernatura. Sin embargo, ninguna de estas anulaciones han tenido como causa el rebase de topes de campaña, detectado con el nuevo sistema de fiscalización que se instituyó en la reforma político electoral del 2014.

Será este viernes cuando los consejeros electorales emitan sus dictámenes de fiscalización sobre los gastos de campaña de las cuatro entidades donde hubo elecciones el 4 de junio.

El criterio sobre los gastos de fiscalización será el tema principal sobre el que debatirán no solo los consejeros, sino los partidos políticos; tomar en cuenta algunos gastos específicos podría cambiar el sentido de estos dictámenes.

Una vez que sean aprobados, estos informes serán enviados a los tribunales electorales de las entidades, que deberán decidir si se anula o no la elección. Si hay impugnaciones, la palabra final la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El principal foco de atención está en la elección de Coahuila, donde la Unidad de Fiscalización del INE detectó que los candidatos rebasaron los topes de campaña. Lo mismo ocurrió en algunos municipios de Veracruz y en Nayarit.

En el Estado de México, en cambio, los candidatos quedaron muy por debajo del tope de gastos de campaña.

Los dictámenes que fueron aprobados por la Comisión de Fiscalización tendrán que ser discutidos y votados por el Consejo General del INE. En esa discusión, los criterios y las cifras pueden ser modificados. Nada está escrito.

Tarea titánica

Una de las tareas del INE, a partir de su transformación con la reforma electoral del 2014, es la fiscalización de los gastos de campaña de todas las elecciones en el país.

Sobre el proceso de este año, la Unidad de Fiscalización del INE revisó los informes de gastos de campaña de 3 mil 256 candidatos a todos los cargos de elección popular que estuvieron en disputa.

Utilizando el Sistema Integral de Fiscalización, los partidos políticos pudieron presentar su información sobre operaciones de ingresos y gastos, adjuntando las facturas o comprobantes de cada movimiento.

Esto le permite al INE ir armando los reportes de gastos casi de forma inmediata al momento en que recibe los datos y la documentación.

Además de lo reportado por los partidos, el INE también hace visitas a los eventos y otros actos de campaña, utiliza testigos de los gastos que hacen realmente los candidatos y cruzan datos con otros entes, como el Sistema de Administración Tributaria y los proveedores.

La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó el establecimiento de ciertos criterios diferenciados para el cálculo de los gastos de campaña. Entre ellos, el pago a los representantes de casilla.

El Instituto pudo detectar que una irregularidad común es que los candidatos gastan más de lo que reportan.

En las elecciones de este año, ese gasto se ubicó en 264 millones de pesos; en total, el gasto de las campañas a gobernador fue de 796 millones de pesos. Es decir, los candidatos no reportaron a la autoridad electoral la tercera parte de su gasto.

En cada uno de los estados, los gastos de los candidatos fueron sometidos al escrutinio de las autoridades electorales.

Los dictámenes de fiscalización deben ser aprobados por el Consejo General del INE –lo que sucederá este viernes-. Quienes se inconformen, deberán impugnarlos ante los tribunales electorales.

En una primera instancia, la decisión de la validez o no de las elecciones estará en los tribunales electorales de los estados y en el TEPJF.

La primera estrategia que pondrán en marcha los partidos políticos será inconformarse con el cálculo de los gastos de campaña, por lo que el INE tendrá que asegurarse que estos nuevos criterios se apeguen a lo que está en la ley, sin introducir medidas nuevas que no existían antes del proceso electoral..

Coahuila, el jaloneo

Coahuila es el estado donde el jaloneo por la gubernatura ha sido mayor y donde, por la aplicación de un criterio de fiscalización, podría cambiar la historia de la elección.

De acuerdo con información del Instituto, Miguel Riquelme (PRI), virtual ganador de la elección, habría gastado 25 millones 223 mil 700 pesos; mientras que Guillermo Anaya (PAN) habría erogado 24 millones 361 mil 451 pesos.

El tope de campaña en la entidad era de 19 millones 242 mil 478 pesos; es decir, Riquelme habría rebasado por más de 31 por ciento el límite, lo mismo que Guillermo Anaya, quien se habría pasado en 26 por ciento.

Esta cifra es más del 5 por ciento que se establece en la Constitución Política como causal de nulidad.

Este rebase de topes de campaña ocurrió luego de que la Comisión de Fiscalización del INE decidiera incluir el pago de los representantes de casilla como gasto de campaña.

Ese pago fue tasado en mil 350 pesos por cada representante de casilla; por ello, el gasto se elevó en millones de pesos para cada candidato.

Este hecho despertó las críticas de los partidos, sobre todo del PRI.

Carolina Viggiano, secretaria jurídica del PRI y esposa del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, criticó que el INE establezca reglas posteriores a la elección.

“Son criterios que la Comisión (de Fiscalización) está tratando de establecer, pero falta la sesión del Consejo General. Nosotros confiamos en que haya una reflexión sobre el tema, porque no pueden establecerse normas después de la elección”, consignó el diario Milenio Laguna.

Y aunque quedara establecido que sí se considerarán los pagos a los representantes de casilla, tanto el PRI como el PAN han afirmado que no pagaron a las personas que realizaron esa función el día de la elección.

Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, aseguró que tienen pruebas para demostrar que su partido no pagó a quienes los representaron el 4 de junio en las casillas, mismas que volverán a presentar el viernes ante el Consejo General.

El dirigente tricolor sostuvo que ya el TEPJF ha determinado cuáles son los gastos de campaña y que estos deben ser hechos para ayudar a conseguir votos, una función completamente distinta a la de los representantes en las casillas.

“No es congruente pensar que un representante de un partido en una casilla el día de la elección deba contabilizarse como gasto de campaña, cuando para entonces las campañas ya terminaron. Además, su función es totalmente diferente a la de la promoción del voto.

“El PRD es el único partido al que se le ha comprobado que pagó mil 350 pesos a cada uno de sus representantes en las casillas. El INE determina esta situación como el ‘hallazgo mayor’ y, en una lógica incorrecta, establece esa misma cantidad como lo que supuestamente pagaron todos los partidos políticos”, expuso Ochoa en un comunicado.

Guillermo Anaya, excandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, aseveró que su partido tampoco pagó a sus representantes de casilla, por lo que no existirá tal rebase en el tope de campaña.

Sin embargo, el panista afirmó que en pos de una posible anulación se tienen que tomar en cuenta otros factores.

“No solo rebasaron los topes de campaña; coaccionaron y condicionaron el voto, infiltraron a funcionarios electorales, usaron recursos públicos en la elección y se apoyaron en la fuerza pública para consolidar el fraude”, sostuvo Anaya en un comunicado.

De establecerse que se anula la elección por el rebase de topes de campaña de ambos candidatos, la ley establece que el infractor no puede volver a participar en la elección extraordinaria que se realice. Es decir, ni Riquelme ni Anaya podrían postularse nuevamente como candidatos.

En todos, menos en Edomex

Para Nayarit, la Unidad de Fiscalización del INE determinó que el candidato ganador de la elección, Antonio Echevarría (PAN) rebasó el tope de campaña en 1.6 por ciento.

El gasto total de su campaña habría sido de 20 millones 783 mil pesos, cuando el tope era de 20 millones 465 mil pesos.

Sin embargo, la ley establece que para haber nulidad, se deben haber rebasado en 5 por ciento los topes de campaña, por lo que no se aplicaría en esa entidad.

En la elección de Veracruz se estableció que en algunos municipios se hizo más gasto del permitido en los topes de campaña.

En Boca del Río, el panista Fernando Yunes –hijo del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes- habría rebasado el tope de campaña en 25 por ciento.

En el Estado de México, en cambio, el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE establece que ninguno de los candidatos gastó más que el tope de campaña, establecido en 285 millones 566 mil pesos.

¿La anulación # 30?

Una recopilación hecha por la consultoría Strategia Electoral señala que en el país se han anulado 29 elecciones locales; tres han sido de elección a gobernador.

En Colima se ha anulado dos veces la elección a la gubernatura, en 2015 y en 2003, por la intervención del gobierno del estado.

En Tabasco se anuló la elección a gobernador en el año 2000 por tres causales: la desproporción en el acceso a medios; la intervención del gobierno del estado; e irregularidades en más del 20 por ciento de las casillas.

En 21 ocasiones se han anulado las elecciones hechas para elegir a nuevos ayuntamientos en los municipios. Las causales más comunes son la intervención de los gobiernos o la intromisión de la iglesia.

Solo en una ocasión se determinó anular una elección para ayuntamientos por el rebase de topes de campaña y ocurrió en el 2009, cuando el Tribunal Electoral determinó anularla en el municipio de Lamadrid por haber gastado 42 por ciento más de lo que se permitía –el tope de campaña era de 42 mil pesos y la candidata del PAN gastó 60 mil-.

También se han anulado 3 elecciones de diputados federales en el mismo número de distritos; y dos de diputados locales.

El doble discurso panista

La estrategia del PAN de judicializar la elección en Coahuila y cuestionar el desempeño de los órganos electorales, contradice la postura que ha adoptado históricamente el panismo en los tiempos poselectorales.

Mientras que el partido blanquiazul hace llamados al respeto a las instituciones y al voto popular cuando los resultados le favorecen, sus dirigentes y candidatos hacen desplantes, presentan impugnaciones e incluso apuntan su frustración hacia las autoridades electorales cuando los resultados les son adversos.

La elección presidencial de 2006 terminaría con el panista Felipe Calderón como presidente y con el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador encabezando un movimiento de protesta.

Todas ellas acciones que en su momento tanto criticaron y descalificaron la dirigencia y la militancia panista, quien hacía constantemente llamados a dejar el conflicto poselectoral y pedía un voto de confianza a las instituciones.

Hoy ellos mismos han emprendido todas las acciones que condenaron hace 11 años.

Desde el día posterior a la elección, el candidato panista a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, respaldado por el presidente nacional Ricardo Anaya se lanzaron a una cruzada para impugnar la elección, a pesar de que el Instituto Electoral local le otorgó el triunfo al priista Miguel Ángel Riquelme.

Conferencias de prensa denunciando una ‘elección de estado’, declaraciones de la dirigencia y del candidato descalificando al árbitro electoral, giras y marchas por las principales del estado denunciando fraude electoral, ha sido el saldo a un mes de los comicios.

La elección está cerca de ser invalidada por posible rebase de los topes de gasto de campaña.

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