A pesar de que la corrupción está reconocida como uno de los mayores problemas que enfrenta el país en su conjunto, ocho Gobiernos estatales recortaron el presupuesto de sus fiscalías anticorrupción hasta en un 71 por ciento, según lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción” que publicó el IMCO en diciembre de 2021, junto a la organización Tojil, se detalla que las entidades federativas donde se implementaron estos recortes presupuestales a las fiscalías anticorrupción, en el año 2020, fueron Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Veracruz y Quintana Roo.
Las organizaciones confirmaron que entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto en ocho fiscalías anticorrupción, y que una proporción importante de estos órganos estatales carecen de autonomía presupuestaria, pues descubrieron que 24 no tienen independencia presupuestal ya que su asignación y ejercicio depende de la Fiscalía estatal.
La investigación que desarrollaron las asociaciones también corroboró que, en general, los gobiernos estatales destinan pocos recursos para sostener el funcionamiento de estas dependencias, y por lo tanto, para financiar el combate directo a la corrupción.
La investigación del IMCO y Tojil reveló que los Gobiernos estatales destinan pocos recursos para financiar el combate directo a la corrupción, en promedio 25.4 millones anuales
“En 2020, el promedio nacional del presupuesto para las fiscalías anticorrupción fue de 25.4 millones. En 2020, la fiscalía anticorrupción con mayor presupuesto tuvo 165.6 millones (Estado de México). La de menor presupuesto tuvo 2.9 millones (Tamaulipas)”.
El reporte advierte sobre los efectos de este financiamiento tan bajo para las áreas encargadas de investigar y sancionar la corrupción.
”La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las fiscalías generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y a su vez, limitar la capacidad operacional por falta de recursos”
Deficiencias de diseño de Fiscalías Anticorrupción
El Informe que elaboraron las asociaciones IMCO y Tojil identifica diversas deficiencias en el diseño jurídico de las Fiscalías Anticorrupción de los estados, que puede convertirlas en dependencias con poca o nula autonomía en su funcionamiento, e incluso sujetarlas a criterios de tipo político.
“Sobre el nivel de autonomía de las fiscalías anticorrupción, en 10 estados el nombramiento del fiscal no es autónomo, esto significa que el titular de la institución es nombrado por el fiscal general. Este dato es relevante, ya que, si bien no se cuenta con evidencia del impacto que este modelo organizacional ha tenido, este pudiera ser un elemento que limite o restrinja la autonomía de los fiscales anticorrupción al no tener una certeza en la estabilidad de su cargo, por lo que puede quedar sujeto a decisiones de índole político”.
Además, aun cuando hay estados que sí blindaron los nombramientos de los fiscales anticorrupción para que no dependieran directamente de los fiscales generales, cometieron el error de no replicar esta autonomía en el ámbito presupuestario, lo que vuelve a poner en riesgo la operación de las instituciones de combate a la corrupción.
“Es importante que la autonomía de las fiscalías anticorrupción también se refleje en el presupuesto. A pesar de que el nombramiento de los fiscales anticorrupción en algunos estados es autónomo, el ejercicio de su presupuesto no lo es. Algunos ejemplos de esto son los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz. Además, son los estados cuya FA tuvo recortes presupuestarios entre 2019 y 2020”.
Otra deficiencia es que no todas las fiscalías anticorrupción de los estados cuentan con facultades para obtener acceso a información bancaria, lo que restringe sus capacidades para rastrear recursos con un posible origen ilícito, dice al respecto el documento.
“Las fiscalías anticorrupción pueden hacer uso de la información que recaban y poseen otras instituciones, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puede facilitar y acelerar la investigación del delito. Sin embargo, algunas FA carecen de esta facultad”.
Según la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) Hidalgo, Guerrero y Sinaloa son los tres estados que no tienen facultades para solicitar información a la CNBV de manera directa y tienen que hacerlo por conducto de la Fiscalía General.
Esto representa un riesgo al acceso completo de la información y, a su vez, puede retrasar la investigación en curso, cuando para los delitos en general y los delitos de corrupción en particular el tiempo es de suma importancia”.
En 10 estados del país el nombramiento del fiscal anticorrupción depende del fiscal general, por lo que el titular no es autónomo
Las mejores fiscalías
Hay algunas fiscalías anticorrupción que destacan del resto por sus niveles de desempeño. Por ejemplo, Sonora que judicializó el 13 por ciento de las investigaciones, Michoacán el 10 por ciento y Sinaloa y Coahuila nueve por ciento.
“Mientras que cuatro estados (Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí) reportaron no haber judicializado una sola investigación, 16 estados reportaron haber judicializado entre 1 por ciento y 8 por ciento de las investigaciones iniciadas”.
En las vinculaciones a proceso destacan las fiscalías de Sinaloa, Coahuila y Nuevo León, que vincularon el 100 por ciento de las investigaciones.
“La apuesta fue clara: crear instituciones especializadas en corrupción. Sin embargo, la realidad demuestra que, pese a que hay muchos avances que destacar, persisten aún importantes áreas de oportunidad. En algunos estados es posible advertir que, se cuenta con fiscalías anticorrupción a nivel normativo pero no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional”, concluyó el informe.
