Estado y Municipio ignoran peligro por gasolinera

El Estado y el Municipio de Santa Catarina ignoraron durante dos años el peligro potencial que implicaba la construcción de una gasolinera entre dos planteles educativos.

El Instituto Sierra Madre y la escuela primaria Ramón López Velarde advirtieron desde 2011 a las autoridades sobre los riesgos a la seguridad de sus alumnos y de los vecinos de la colonia Enrique Rangel, donde se ubica la franquicia.

Las instituciones enviaron misivas a diferentes dependencias acompañadas por más de 400 firmas de padres de familia, en las que pedían la cancelación definitiva del establecimiento porque se ubica a menos de los 50 metros de resguardo.

Pero la comunidad educativa y los vecinos nunca obtuvieron respuesta.

La carta más reciente, recibida por el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, el pasado 25 de enero, fue para solicitar una audiencia con el funcionario y discutir con él la actuación de Protección Civil del Estado.

Esta última dependencia otorgó el Visto Bueno (VoBo) a las medidas de seguridad del establecimiento, basado en una supuesta auditoría técnica realizada por su homóloga en Santa Catarina, que después desconoció la existencia del documento.

“Está por inaugurarse un expendio de gasolina, el cual para su instalación violó nuestras leyes en perjuicio de la seguridad, tranquilidad y paz de nuestros alumnos y vecinos”, se lee en el escrito.

Karla Patricia Vázquez, firmante de la petición y una de las propietarias del Instituto Sierra Madre, afirma que la ilegalidad del establecimiento fue denunciada por ambas escuelas desde que se percataron de la construcción.

“Sí es bastante frustrante que las leyes no nos protegen como ciudadanos, a los niños, a instituciones educativas, que es la parte más preciada de nuestro país. Y más allá de una simple gasolinera es lo triste de que las leyes no se respeten”, dice.

En otro oficio similar girado al secretario de Educación, José Antonio González, se le solicitó su intervención por ser la máxima autoridad en la materia en la entidad y por formar parte del Consejo de Protección Civil del Estado.

“Para prevenir que suceda una catástrofe de grandes dimensiones al estar en constante riesgo nuestros alumnos, personal directivo, docentes, personal de apoyo, así como la comunidad en general”, se le pidió.

Esta misiva sin respuesta fue recibida el pasado 18 de enero y firmada por autoridades e integrantes de las asociaciones de padres de familia de la escuela Ramón López Velarde, en sus turnos matutino y vespertino.

Una de las peticionarias fue la directora del plantel del primer turno, Herlinda Oviedo, quien confirma que este mensaje nunca fue contestado.

“Es un peligro para nuestros niños, que se les violan sus derechos porque (la estación) está a una distancia que no corresponde”, enfatiza.

La educadora aclara que aunque no hubo una respuesta formal de las autoridades locales, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación estatal brinda asesoría legal a la primaria que ella encabeza.

Vecinos, padres de alumnos y los directivos de ambas escuelas también giraron más solicitudes a otras dependencias para advertirles que la obra incumplía con la ley.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Protección Civil de Santa Catarina, así como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, las recibieron entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2011.

Sin embargo, las representantes de ambos planteles aseguran que ninguna de las anteriores respondió a las cartas.

La gasolinera fue construida por la empresa Carburantes Acueducto S.A. de C.V., que obtuvo la concesión de la Subgerencia de Ventas Regional Norte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La vigencia de la concesión concluyó el 8 de noviembre del año pasado y fue otorgada en base al “Programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de servicio”.

Este programa ha sido criticado por especialistas en la materia y calificado como “obsoleto” por miembros de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.

En una situación similar se encuentra otra franquicia ubicada en la colonia La Fama, operada por Estación Díaz Ordaz S.A. de C.V., que tiene una concesión con una vigencia hasta el próximo 8 de agosto.

Ambas obras fueron avaladas por tres diferentes administraciones de Santa Catarina de extracción panista.

Éstas fueron las de los exalcaldes Dionisio Herrera y Gabriel Navarro, y del actual edil Víctor Pérez.