Estado de agresión

Por lo menos 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a causa de la deficiente procuración de justicia durante el periodo de gobierno compartido por Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara, podrían emitirse contra el gobierno estatal de Michoacán en los próximos meses. La primera de ellas ya fue hecha, exponiendo dilación y omisiones en la averiguación del asesinato de cinco jornaleros ocurrido en el 2013.

El reflejo del estado anárquico que prevalece en la entidad desde el 14 de febrero del 2012 continuará, dijo un funcionario de la CNDH, al considerar que en los próximos siete meses se podrían presentar nuevas recomendaciones para el gobierno estatal en turno, por omisiones hechas en la procuración de justicia.

Las quejas ante la CNDH no solo se encaminan contra el aparato procurador de justicia. Estas apuntan en todas direcciones, desde la prestación de servicios y atención de funcionaros, hasta la falta de políticas y obras públicas de la actual administración, donde el factor común en la mayoría de las dependencias es la falta de atención a la gente.

Actualmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tiene un registro de al menos 274 denuncias por violación de garantías individuales en Michoacán, en donde en al menos el 70 por ciento de ellas se señala al gobierno estatal como el principal responsable. En un 20 por ciento se acusa a funcionarios de los gobiernos municipales, en tanto que en el restante 10 por ciento se denuncia a organismos federales de salud, agrarios y castrenses.

En la mayoría de las denuncias presentadas ante la CNDH, en donde se acusa al gobierno estatal de omitir las condiciones para preservar los derechos humanos, se menciona a la Procuraduría de Justicia del Estado, atribuyendo el mayor número de faltas a los agentes del Ministerio Público, a los que se les reclama falta de diligencia para el cumplimiento de sus funciones.

En estos momentos, dijo el funcionario que habló a condición de preservar el anonimato, el gobierno del estado de Michoacán es una de las entidades con mayor número de denuncias por violación a las garantías individuales, superado apenas por los gobiernos estatales de Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y Sonora, donde también el principal reclamo es la falta de acceso a la procuración de justicia.

Entre las quejas que valora la CNDH para hacer conclusiones a la mayor brevedad, se encuentran las presentadas por los familiares de los asesinados en el presunto enfrentamiento ocurrido en Apatzingán, la madrugada del 6 de enero de este año, en donde más allá de la duda sobre la versión oficial de los hechos resalta la falta de interés del gobierno de Salvador Jara para procurar justicia a las víctimas y sus familiares. 

También –por la cantidad de señalamientos hechos por los familiares de las víctimas- llama la atención la denuncia presentada en contra del gobierno estatal, por el trato otorgado a los familiares de los asesinados en el rancho del Sol, cerca de la comunidad de Tinaja de Vargas, en donde al menos 42 personas perdieron la vida. Allí, los deudos denunciaron actos de humillación, prepotencia y criminalización al momento de reclamar los cuerpos de sus familiares.

El estado de agresión a los derechos humanos, tolerados por los ejecutivos de este periodo de gobierno, también se evidencia en al menos 18 denuncias presentadas por civiles de la zona de Tierra Caliente en contra de miembros de los grupos de autodefensa, los que han asumido el papel del estado en cuanto a la procuración de Seguridad Pública en diversas localidades.

Primera llamada de atención

Dentro de la recomendación 16/2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos oficializó la responsabilidad del gobierno estatal de Michoacán en cuanto a omisiones y dilación en la investigación sobre el asesinato de cinco jornaleros agrícolas, los que fueron secuestrados y ejecutados el 29 de octubre del 2013.

La investigación sobre el asesinato –según se plasma en el expediente- no se llevó a cabo de manera puntual porque hubo prejuicios: el procurador de justicia en ese momento consideró que se trataba de un grupo de delincuentes al servicio de algún cartel. La doble victimización fue denunciada por los familiares de los trabajadores ejecutados.

Esa no fue la única ocasión en que el prejuicio del titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, sobre si los asesinados eran o no criminales, influyó para retrasar o dar celeridad a una investigación de asesinato. Entre algunos funcionarios de la CNDH existe la convicción de que el periodo de gobierno de Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara se caracteriza por el deficiente sistema de atención a víctimas.

En la recomendación que se ha emitido al gobierno de Salvador Jara, aun cuando el gobernador responsable fue Fausto Vallejo Figueroa, la CNDH ha señalado la irresponsabilidad del agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento del caso, el que sin justificación no solo retrasó la averiguación, sino que omitió y desapareció evidencias que permitían conocer la verdad histórica sobre el asesinato en cuestión.

Aunque es la primera vez que la CNDH emite una recomendación sobre el protocolo de investigación de la procuraduría de justicia de Michoacán, el caso de la desaparición de evidencias y omisión de líneas de investigación, así como la cancelación de protocolos de atención a las víctimas, es el tema recurrente en la investigación de delitos de todo tipo en el estado de Michoacán.

Reclaman alerta de género

No solo las investigaciones de la CNDH han puesto a la procuraduría de justicia de Michoacán bajo la lupa. También organismos civiles han cuestionado el trabajo de la dependencia, a la que se le reclama indolencia frente al estado de violencia que se vive en la entidad.

Recientemente la organización Familiares y Víctimas de Desaparecidos, encabezada por Jimena Gómez, demandó del gobierno estatal el lanzamiento de un Alerta de Género, a fin de que el gobierno estatal reconociera el alto índice de feminicidios que se han presentado en la entidad.

Y es que Michoacán es uno de los principales estados en donde el índice de violencia contra las mujeres va en aumento. Solo en los últimos 12 meses, la tasa promedio de asesinatos de mujeres creció en un 9 por ciento con relación a los índices del año anterior.

Desde hace 6 años –explicó Jimena Gómez- no se ha detenido el incremento en los feminicidios. La tasa anual de mujeres asesinadas en Michoacán ya llega a 14 mujeres por mes, “es decir, casi cada 48 horas una mujer tiene que morir de manera violenta en Michoacán”, y de eso –asegura- no dice nada el gobernador Salvador Jara Guerrero.

La única postura oficial del gobernador sustituto, sobre el reclamo para el decreto de una alerta de género en Michoacán, es en el sentido de que no se puede emitir dicha alerta porque eso “alarmaría a la sociedad”. 

Recomendación al vacío

Aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido una histórica recomendación para el gobierno estatal, la dependencia no ha reclamado un periodo de tiempo para que se subsanen los vicios de origen, que violentaron los derechos constitucionales de los ejecutados y sus familiares.

El documento de la CNDH en donde se reconocen fallas en la procuración de justicia en Michoacán no tiene plazo perentorio, por lo que el gobierno estatal de Salvador Jara puede o no dar atención a la recomendación antes de que termine el periodo de gobierno actual, o –en su defecto- puede heredar la recomendación a la administración de Silvano Aureoles Conejo.

Además, la observación de derechos humanos llega cuando no hay titular responsable al frente de la dependencia, luego que el anterior procurador, Martín Godoy Castro, presentó su renuncia al cargo desde el pasado 15 de junio. La procuraduría se mantiene a la espera de que el gobernador Jara Guerrero designe a un nuevo encargado de procurar justicia en la entidad.