“Esta va en serio, no como la inútil pregunta de la consulta”, apuntó la senadora Lilly Téllez luego de presentar una iniciativa de reforma ante el Senado de la República para llevar a juicio político al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Presenté iniciativa para hacer sujeto de juicio político al presidente de México y cuyas sanciones serían destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún otro en el sector público”, explicó la legisladora.
En la iniciativa, la senadora por Sonora propone un proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución e incorporar la figura del presidente de los Estados Unidos Mexicanos entre los servidores públicos a quienes se les puede iniciar un juicio político.
Esto, debido a que actualmente la legislación sólo contempla como sujetos de sanción a los senadores, diputados, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Despacho, magistrados y jueces, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE, entre otros.
El objetivo de la legisladora es incluir en esa lista a la figura del Presidente de la República “para exigirle responsabilidad a través de ese procedimiento que se sustancia en ambas Cámaras del Congreso de la Unión”.
El juicio político se erige cuando los funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico “en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, especifica la senadora.
Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las causas que motivarían a iniciar un juicio político son las siguientes:
- El ataque a las instituciones democráticas
- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
- Las violaciones a los derechos humanos;
- El ataque a la libertad de sufragio;
- La usurpación de atribuciones;
- Infracciones a la Constitución o a las leyes federales;
- Omisiones de carácter grave;
- Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, de la CDMX y a las leyes que determinan los recursos económicos.
Las sanciones por estas violaciones a la ley consisten en la destitución del servidor público, así como su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante 20 años.
“Hoy tenemos la oportunidad para perfeccionar un régimen de responsabilidades para el primer mandatario mexicano pero ahora que sea de carácter político y administrativo como lo es el juicio político”, apuntó.
Además, recordó las palabras del presidente de México antes y al inicio de su administración: “cuando rindió su protesta al asumir el cargo de presidente de la República, se comprometió a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no, que la Nación mexicana se lo demande”.
Recordó que distintos países democráticos ya cuentan con figuras similares para sancionar, inhabilitar y destituir a sus presidentes: el impeachment en Estados Unidos; así como otros en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
👁 Esta va en serio, no como la inútil pregunta de la consulta 👇🏻
Presenté iniciativa para hacer sujeto de juicio político al Presidente de México y cuyas sanciones serían destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún otro en el sector público: https://t.co/2MXEXNLU3f
— Lilly Téllez (@LillyTellez) June 17, 2021
