La tarde de este miércoles, magistrados y jueces de México mostraron su respaldo a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después que el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, amenazara con interponer un juicio político.
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Lo anterior como parte de las acusaciones de Zaldívar en contra de Piña por una presunta intervención en el proceso electoral.
Incluso, la SCJN informó que conforme a la normativa que rige la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es competencia de la presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Fue por medio de un comunicado que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) mostró su apoyo a la ministra presidenta.
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“La JUFED expresa su absoluto respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández”, se lee.
Asimismo, la JUFED acusó que el intento de someter a la ministra Norma Piña a un juicio político es, más bien, parte de una campaña difamatoria por cumplir con su trabajo.
“Resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, añade.
De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar y acusar en algún juicio político como el de Zaldívar.
Sin embargo, a partir de la Reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones:
“Esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas”.
Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas.
En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal, por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos, “El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.
Finalmente informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.
