Una investigadora del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien prefiere mantenerse en el anonimato, declara a Reporte Índigo que, al existir en el país una dimensión tan grande del patrimonio arqueológico, se vuelve una problemática su protección, algo que se ha salido de las manos, pues no existen los lineamientos adecuados para la salvaguarda de bienes.
Es por ello que la repatriación de piezas es tan compleja, pues se localizan en diferentes partes del mundo, ya sea en museos, galerías o en manos de coleccionistas particulares.
“En tanto no tengamos claridad de la existencia de ese tipo de bienes y en dónde se localizan específicamente, no podremos tomar acciones. Lamentablemente no existe una adecuada organización que permita la repatriación, no hay un programa como tal”, aclara.
Actualmente, las instancias que trabajan en la recuperación de bienes son la Secretaría de Relaciones Exteriores, Interpol y el INAH; sin embargo, la investigadora argumenta que en la mayoría de los casos se enteran demasiado tarde para actuar, porque existe un largo procedimiento antes de que ellos se enteren de las pujas.
Además, implica un análisis general de las piezas para verificar su origen, temporalidad y corroborar que pertenecen al territorio nacional.
“Todo el proceso necesario para hacer algún trámite jurídico va retrasado. Por otra parte, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con hacer un peritaje con base en fotografías, porque las casas de subastas, sobre todo aquellas en donde su marco legal les permite el coleccionismo, protestan sobre este tipo de peritaje”, dice.
La investigadora indica que el problema central es que no existe un organismo especializado que realice un programa a través de una política clara de repatriación, enfocada al retorno de bienes.
Esto, además depende de la normativa legal acorde a cada país. En el caso de Francia, por ejemplo, se trata de uno de los países con los cuales se han tenido circunstancias particulares, pues su normativa permite el coleccionismo.
“Si se unieran todos estos esfuerzos, podríamos saber concretamente qué es lo que se va a reclamar, por qué, y cuándo”, indica.
Todo debe realizarse con personal especializado, incluso, tendría que colaborar un abogado con experiencia en derecho internacional y conocimiento amplio de los protocolos para el intercambio del país en cuestión, algo nada sencillo.