Es un caos

SANTIAGO DE ANAYA, Hidalgo.- Magueyes destrozados por el camino y la desaparición de 100 mil árboles son ahora parte del paisaje en la comunidad de El Palmar, municipio de Santiago de Anaya.

En esta localidad, que forma parte de los 38 municipios más pobres del país, el ruido de la Cementera Santa Anita, que calienta motores para comenzar su producción en febrero de 2013, es ya constante.

Cerca de 16 mil indígenas  otomíes del Valle del Mezquital, que se autodenominan hñä hñü, los que hablan la lengua nasal, padecerán los estragos ambientales causados por la cementera.

El Valle del Mezquital abarca 28 municipios, entre ellos Actopan, Alfajayucan, El Cardonal, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo y Zimapán. 

Hace un año que comenzaron los trabajos, pero nadie dijo a sus habitantes que se trataba de una planta de este tipo, sino de un proyecto agropecuario.

Cuando comenzaron a ver que abrían caminos entre los montes, arrasando con la flora y fauna, se dieron cuenta que se trataba de otra planta cementera. Santa Anita es propiedad de Cementos Fortaleza, del consorcio Elementia, una inversión conjunta de Carlos Slim y Antonio del Valle.

Ante la indiferencia de sus gobernantes y legisladores, los indígenas formaron el Movimiento Santiago de Anaya para defender sus derechos ante el temor de que la planta contamine sus tierras y merme el abasto de agua, ya de por sí escaso.

La cementera requerirá unos 3 mil 500 litros de agua por tonelada de cemento, y ha comenzado a perforar pozos para tomar líquido de los mantos acuíferos con la autorización de la Comisión Nacional del Agua.

Ponciano Jiménez, representante del movimiento, denunció que la empresa recurrió a engaños, e incluso a  la  intimidación para comprarles a los comuneros 372 hectáreas a 10 pesos el metro cuadrado, a cambio de instalar una empresa agroindustrial para mejorar sus cosechas.

Denuncian complicidad

Desde 2010 habían acusado al ex gobernador Miguel Ángel Osorio Chong; al delegado de la Semarnat, Martín Bermúdez Mendoza, y al ex edil de esta localidad, Cliserio Ramírez, de complicidad en el cambio de uso de suelo para permitir el asentamiento de la empresa en 3 millones 722 mil metros cuadrados.

El regidor Patricio Telésforo Rodríguez denunció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por violar convenios internacionales sobre sustentabilidad y respeto a la biodiversidad en comunidades indígenas.

Nunca se llevó a cabo una consulta a la sociedad de los pueblos vecinos afectados para su instalación, como demanda la Ley de Protección al Ambiente Federal, advirtió.

La Sociedad Ecologista Hidalguense (SEHI) alertó que la actividad de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita SA de CV., podría causar severos daños al ecosistema de la región y provocar escasez de agua a medio plazo.

El presidente del SEHI, Marco Antonio Moreno Gaytán, dijo que, desde que se inició la construcción de la planta, hubo opacidad por parte de la Semarnat a la hora de revelar el daño al ecosistema que podría generar la actividad de extracción de materiales.

Ante esta negativa de dar a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental por parte de la empresa, la organización ecologista presentó una solicitud ante los órganos de transparencia.

La consulta pública, que debió realizar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de acuerdo a lo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fue omitida.

Argumentó que la fracción V del artículo segundo establece la obligación de conservar y mejorar el hábitat, así como preservar la integridad de sus tierras. “Circunstancia que en este municipio no sucede, ya que excluyen a las comunidades de cualquier acción en torno a la empresa”.

No solo fue quebrantada la consulta pública ordenada en la ley de protección por el tipo de impactos que generará la operación de la planta, sino también infringieron el precepto constitucional de libre autodeterminación de pueblos indígenas, denunció.

“La Semarnat ha incumplido con la publicación de su Manifiesto de Impacto Ambiental. Nosotros hemos estado insistiendo en que se transparenten los procedimientos por los cuales se autorizó su asentamiento en esta zona”, agregó Ponciano Jiménez.

“Aquí se hacen extracciones de los cerros de la zona y podría tener un alto impacto ambiental, como ya lo hemos visto en Tepeji del Río, en Atotonilco de Tula y en Tula de Allende.

“Pero el caso de Santiago de Anaya es aún más especial porque sus habitantes viven del ecosistema, lo necesitamos para comer”, aclaró.

Pero el director de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), Eugenio Bravo Quintanar, se defiende. En diversos medios ha aclarado que la empresa cumple con todas las leyes de protección al medio ambiente y que sus permisos están en regla.

Los representantes del movimiento indicaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la instalación de una línea de alta tensión que afecta a ocho comunidades por su mala ubicación.

El recorrido, en el que se colocarán aproximadamente 200 torres que sostendrían los cables de alta tensión, es de alrededor de 15 kilómetros, desde Patria Nueva a Yolotepec.

“Las casas están en un costado, máximo a 10 metros, no pueden pasar esas líneas por zona urbana, están invadiendo los postes afuera de las viviendas y de al menos tres escuelas primarias (Dexthó, Francisco Villa y Caxuxi)”.

Los habitantes insistieron en que en la región ya tiene bajo voltaje, por lo que llevar electricidad a la cementera disminuirá la precaria potencia eléctrica.

Hasta ahora, afirmaron, los empresarios no han dado la cara ni han enviado a ningún representante; pelean por un derecho de vía inexistente ya que no han indemnizado a los pueblos donde van a poner los postes de electrificación.

Por lo pronto, la cementera ya subcontrató a la empresa Construcciones y Desarmados Industriales (Codeinsa) para comenzar a abrir nuevos caminos.

Hasta ahora, sus senadores Omar Fayad Meneses, David Penchyna e Isidoro Pedraza, han hecho oídos sordos a sus demandas, al igual que sus diputados.

Generador de tóxicos

La producción programada de 600 mil toneladas de cemento al año producirá también sílice, un polvo muy fino generador de asma y cáncer, fácil de propagarse en el aire, así como la quema de elementos tóxicos que causan lluvias ácidas.

Además, se requiere utilizar dinamita para la extracción del material, lo cual pone en riesgo un derrumbe de las reconocidas Grutas de Xoxafi, donde se han encontrado fósiles marinos.

De acuerdo con el geólogo Alejandro Cabrera Barroso, consultor externo de la Minera Autlán y egresado del Instituto Politécnico Nacional, estas explosiones pueden causar daños irreparables en el centro ecoturístico de las Grutas de Xoxafi.

El experto recomienda realizar estudios geológicos antes de que se extraiga materia prima, porque la planta está situada a 3.8 kilómetros de la entrada de las grutas.

“Las explosiones podrían afectar al centro turístico, al ex monasterio de San Nicolás de Tolentino, en Actopan, y a viviendas de los comuneros”.

Consorcio bajo lupa

Con una inversión conjunta de Carlos Slim y Antonio del Valle por 300 millones de dólares, el consorcio mexicano Elementia anunció la creación de Cementos Fortaleza, que se ubica en Santiago de Anaya, Hidalgo.

La compañía proyecta contar el próximo año con 500 puntos de venta para comercializar cemento gris para albañilería y a granel.

En una primera etapa, abastecerá a 11 estados del centro del país, donde se concentra el 50 por ciento del consumo, como Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero.

En principio, se concentrará en atender al sector de la autoconstrucción, distribuyendo el 85 por ciento de su producto en saco, y el 15 por ciento a granel, para abarcar el 3.0 por ciento del mercado cementero en el país.