Las denuncias ante la autoridad por acoso u hostigamiento sexual en el ámbito público y privado resultan muy difíciles de acreditar en los espacios de trabajo, afirma Fernanda Salazar, vicepresidenta en Impacto Social Metropolitan Group.
“Es muy difícil para la víctima probar. Resulta muy muy difícil y a veces es un estrés muy grande para una víctima de acoso laboral, de hostigamiento laboral o acoso sexual en el trabajo, poder probar su palabra frente a personas que quizás muy probablemente están en unas posiciones de poder más altas que las de la víctima y, en ese sentido, termina siendo una palabra de una persona contra la otra”, expone la especialista.
Considera que las personas que trabajan en las instituciones tienden a desacreditar la palabra de las víctimas y ello provoca un círculo vicioso en el que no aparece la justicia.
“Sabemos que las instituciones suelen poner en duda la palabra de las víctimas, sobre todo en casos de violencia sexual y acoso sexual, porque es muy difícil de probar”
Las víctimas quedan en una situación de vulnerabilidad una vez que denuncian, por ello es difícil que alguien que padece de acoso u hostigamiento sexual o laboral se atreva a señalarlo y, en caso de denunciar, existe impunidad para los agresores.
“Si eres una persona subordinada y además te atreves a denunciar, seguramente ya estás en una situación bastante delicada, incluso emocional. Esa persona (agresora) no está sujeta a la rendición de cuentas por parte de la propia institución”, sentencia.
Considera que existen fallas en la aplicación del protocolo de la violencia contra las mujeres en el ámbito de gobierno, ya que ni siquiera se toman en cuenta factores como el origen del denunciante.
Otro tema preocupante es la cifra negra, es decir, el número de casos que no se denuncian y que se estima sea la gran mayoría de los que ocurren en ambientes laborales.
“Lo más probable es que esto sea sólo un pequeño porcentaje de las personas que en realidad están viviendo estas circunstancias y es porque precisamente si en las denuncias de la ciudadanía no se dan procesos de justicia en estos temas, lo más probable es que a nivel institucional tampoco se den, y eso es por la propia naturaleza de este problema, que implica relaciones de poder”, afirma Fernanda Salazar.
