Es momento de negociar

Las repercusiones de frenar el Corredor Cultural Chapultepec (CCC) aún no terminan para el Gobierno de la Ciudad de México, que a través de la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales negocia con la firma Invex cómo dar por cancelado el Fideicomiso Chapultepec.

Representantes del consorcio inversionista, que desarrollaría el millonario proyecto en pleno corazón de las colonias Juárez, Condesa y Roma, acudieron ayer a las instalaciones del Gobierno de la ciudad.

La visita fue para discutir posibles alternativas para dar salida al conflicto con el menor impacto posible para las partes.

De las negociaciones quedó totalmente excluido Simón Levy Dabbah, titular de ProCDMX y responsable de la atracción de dichos capitales en la Ciudad de México.

El funcionario atraviesa por una situación difícil hacia dentro y fuera del Gobierno de la capital, pues fue obligado a cancelar la más reciente convocatoria en la que invitaba a ciudadanos a presentar proyectos para rescatar espacios abandonados en beneficio de la comunidad.

Y es que aunque la convocatoria se hizo pública a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, no contaba con la autorización del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien al verla publicada ordenó su inmediata cancelación.

Se instruyó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que encabeza Manuel Granados, prohibir hasta nuevo aviso cualquier publicación de ProCDMX en la Gaceta Oficial. 

El titular de ProCDMX ha mantenido silencio respecto al presunto veto que padecen él mismo y sus proyectos.

Los términos del fideicomiso

El consejero jurídico Manuel Granados fue asignado para hacer frente a las negociaciones con el consorcio Invex, al que pretenden ofrecerle otras opciones de inversión en la capital antes de involucrarse en demandas ante los tribunales correspondientes.

La vía que en su momento propuso ProCDMX para la cancelación del contrato del Corredor Chapultepec fue recurrir al argumento de “causa de fuerza mayor.

Desaparecer en un acto y por decreto la concesión y el Fideicomiso Chapultepec integrado por ProCDMX y el consorcio de las empresas Invex, Acosta Verde y Constructora Garza Ponce, tendrían consecuencias jurídicas y económicas para ambas partes, aunque la obra nunca inició.

Sin embargo, para cuando se anunció de manera oficial la cancelación del  proyecto Corredor Cultural Chapultepec, los inversionistas ganadores ya habían entregado 50 millones de pesos para la creación del Fideicomiso F/1889, y 15 millones de pesos más para gastos preoperativos, estudios, asesorías y constancias administrativas.

Reporte Indigo publicó que de acuerdo con la cláusula segunda estipulada en el contrato de Fideicomiso se precisa que se constituyó con la aportación de la concesión para explotar la avenida Chapultepec por 40 años,  que realizó ProCDMX.

Más la aportación de 50 millones de pesos por parte de Proyectos de Infraestructura Chapultepec (integrada por Invex, Acosta Verde y Garza Ponce).

“El inversionista ganador apostará los recursos (capital de riesgo y financiamiento) que se requieran para el diseño, construcción y operación del proyecto de coinversión ZODES Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, estipulan los criterios de selección.

En ese sentido, previo a la suscripción del Fideicomiso, el inversionista cubrió un monto de 15 millones de pesos más el IVA por concepto de gastos preoperativos, a dicha cantidad se le sumó un millón 850 mil pesos por concepto de “garantía de seriedad”.

“Aclarando que en caso de no concretarse el proyecto, no le serán devueltos dichos gastos”, se precisa.

Sin causa de fuerza mayor

Aunque es posible revocar la concesión y extinguir el fideicomiso con la sola voluntad de las partes y sin que medie penalización para alguna, según la cláusula 27 del propio instrumento, las cosas se complicarían si los inversionistas Invex, Acosta Verde y Garza Ponce no están de acuerdo en aceptar la cancelación debido a los resultados de la consulta.

Para cancelar el compromiso el GDF, a través de la Oficialía Mayor o la Secretaría de Finanzas, tendría que argumentar fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la concesión.

Pero la justificación estaría en debate:  aunque la consulta ciudadana es una manifestación de voluntad ajena a las partes, no es vinculante y atender los resultados de la misma es optativo para la administración de Miguel Ángel Mancera.

El artículo 27 de la citada concesión para explotar la avenida Chapultepec por 40 años considera como eventos de fuerza mayor los siguientes casos:

“Aquellos en los que interviene directa o indirectamente la voluntad del hombre, y entre los que se señalan de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes: guerras, disturbios civiles, armados o no armados, revueltas, insurrecciones, ambulantaje, sabotajes, plantones, actos de terrorismo, huelgas, embargos comerciales en contra de México.

“Accidentes de transporte, ya sean terrestres o aéreos, y actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental Competente que no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada ni ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones bajo el presente Título de Concesión o cualquier Ley Aplicable, incluyendo pero sin estar limitado a las obras catalogadas como declaraciones de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos en términos de la legislación aplicable”.

Luego entonces, derivado del aplastante “no” en la urnas de la consulta ciudadana, dentro de las 96 horas posteriores a los resultados oficiales del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), la Oficialía Mayor debió notificar a la concesionaria que, como resultado de la consulta ciudadana del 6 de diciembre de 2015, por causa de fuerza mayor el proyecto no es susceptible de realización, por lo que procede revocar la concesión.