Es Jalisco segundo en desapariciones

La desaparición de personas en Jalisco sigue siendo un problema muy serio, y una de las más grandes materias pendientes para el Gobierno estatal.

La reciente actualización de la base de datos nacional respectiva lo confirma ahora como el segundo estado con más casos de todo el país. 

Desde su primera versión pública, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas había ubicado a Jalisco entre sus entidades protagonistas, en un cuarto lugar, con 2 mil 230 víctimas, después del Distrito Federal, México y Tamaulipas; aunque la situación apenas era abordada por la autoridad local. 

Ahora, tras los ajustes al Registro anunciados el 21 de agosto por el Gobierno federal, Jalisco tuvo una ligera reducción para quedar en 2 mil 113 desaparecidos, solamente superado por Tamaulipas, uno de los estados con la peor crisis de inseguridad ante los embates del crimen organizado, con 4 mil 875 casos. 

Bajo las nuevas cifras, de cada 10 personas desaparecidas en Jalisco, ocho son hombres (82 por ciento o mil 729), y dos mujeres (18 por ciento o 384); esta proporción se revirtió con respecto al primer conteo, cuando el 53 por ciento eran mujeres (mil 184), y 47 por ciento hombres (mil 46). 

A nivel nacional, por su parte, siete de cada 10 desaparecidos son hombres (70 por ciento o 15 mil 586), y tres mujeres (6 mil 678), aunque hay una cifra pequeña de 58 casos donde se desconoce el sexo de las víctimas. 

Los números de Jalisco, empero, requieren de un análisis más detenido para entender lo que ha sucedido. 

Algunos encontrados… y nuevos casos

De una versión a otra del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas existe una disminución de apenas el 5 por ciento o 117 desaparecidos, sin embargo, hay cambios que demuestran más avances de los aparentes en la atención de esta problemática. 

Al detallar la evolución de Jalisco en el Registro, y de acuerdo a las fechas de todas sus desapariciones, se observa que la Fiscalía General del Estado (FGE) logró resolver al menos mil 438 casos de los 2 mil 230 originales, es decir, un 64 por ciento del total, los cuales estaban comprendidos entre 2008 y 2011. 

Esta disminución en la base de las desapariciones de Jalisco elaborada por la pasada gestión, se dio por distintas vías: ya sea que la búsqueda concluyó con el paradero de la víctima, o que ésta había retornado a su hogar por propio pie (depuración); o que sus restos fueron identificados por los servicios forenses. 

El 4 de diciembre de 2013, el fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco declaró que llevaba un avance muy importante sobre el Registro que encontró:

“En este momento tenemos aproximadamente un 40 por ciento depurado este padrón, si no es que un poco más. 

“Lo que queremos dejar en claro es que hay un compromiso claro de que no podemos abandonar a toda esta gente que tiene familiares desaparecidos, muestra de ello es que hoy estamos investigando a fondo todo lo que tiene que ver con crimen organizado”, dijo el fiscal. 

Por eso, el cuestionamiento es ¿si hubo una reducción del 64 por ciento del Registro, por qué hoy hay casi tantos desaparecidos como antes en Jalisco? La respuesta no es esperanzadora: el registro ha tenido que ser alimentado con las cientos de nuevas desapariciones que continúan sucediendo en el estado. 

Es decir, durante la actual gestión estatal el Registro creció en al menos mil 384 desapariciones, de las cuales, 994 ocurrieron en los años 2013 y 2014, y para ser más específicos aún, 926 de éstas a partir de marzo de 2013, es decir, ya bajo las riendas de este gobierno. 

Para ponerlo en perspectiva, en el 2011, el año con más violencia homicida en Jalisco del crimen organizado y también el de más desapariciones, se dieron 701 –primera versión del Registro-, mientras que en todo 2013 fueron 639, la diferencia de uno a otro es de solo nueve por ciento.

Hoy en día, el 44 por ciento de todas las desapariciones sin resolver en Jalisco plasmadas en el Registro se originaron ya durante esta administración.

De entre todas las personas cuyo rastro se perdió en el estado, un 14 por ciento son menores de edad (293); un 5 por ciento va de los cero a los 14 años (118); un 2 por ciento son infantes de los cero a los nueve años (49). Estos son los pendientes de la FGE y el Gobierno estatal. 

A nivel nacional estas proporciones son más graves que las locales: más de un tercio de todos los desaparecidos están registrados con edades que van de los cero a los 17 años (7 mil 529 o 34 por ciento); 4 mil 835 tienen de cero a 14 años (22 por ciento); 3 mil 356 de cero a nueve años (15 por ciento). 

Asuntos pendientes

La vorágine de sucesos dolorosos incluye a todos los estados del país, pero Jalisco lleva un sello especial.

Es la entidad de esos 74 cuerpos hallados en La Barca, cuyas fosas parecían no tener fondo; el de los 17 más en Zapopan, en Palo Gordo, su zona rural; el de los 19 cadáveres de Tlajomulco de Zúñiga, y los seis más en límites de Tlaquepaque y Tonalá, todo entre noviembre del 2013 y marzo del 2014. 

Hoy las desapariciones en Jalisco son más numerosas en un 36 por ciento que las del Estado de México, donde su profunda condición de inseguridad obligó a una intervención especial de las fuerzas federales, y pese a tener el doble de habitantes. 

Hay más personas sin rastro en Jalisco que en Michoacán, donde el crimen organizado invadió toda su vida institucional, económica y socia; pero el primero tiene un 122 por ciento más víctimas de este tipo que la tierra de “La Tuta”. 

En el 2011 en Jalisco también se encontraron 26 cuerpos en los Arcos del Milenio, y luego los 18 en la Carretera a Chapala en 2012. 

El fiscal general asegura que hay un compromiso del Estado por atender estos hechos, pero sigue sin crearse, por ejemplo, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas, a pesar de que especialistas han reiterado los nexos existentes entre la desaparición de mujeres y la explotación humana. 

Esta Fiscalía debería existir por mandato legal desde el 30 de diciembre del 2012, en cambio, el Ejecutivo y Legislativo alistan la puesta en marcha de la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales, aprobada apenas en julio pasado, al parecer un tema de mayor interés para la clase política, para ello, el 7 de septiembre el gobernador mandó la terna para elegir a su titular.