¿Es cierto que los vapeadores son tan peligrosos como el fentanilo?

El gobierno federal busca elevar a nivel constitucional la prohibición de los cigarrillos electrónicos y cerrar de forma definitiva su venta, comercialización y uso. A través de una reforma a la Carta Magna, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en vetar a los llamados vapes en México al equiparar su consumo a los daños producidos por el fentanilo.

La propuesta de la administración federal se sustenta en que los vaporizadores producen daños similares a los del cigarro convencional, además de los presuntos efectos nocivos de los aceites que los componen.

Según la iniciativa del Ejecutivo federal, incluida en el paquete de enmiendas estructurales enviado al Congreso el pasado 5 de febrero, estos dispositivos electrónicos no cumplen con estrictas normas de seguridad, y las sustancias que utilizan son engañosas para el consumidor.

“La evidencia refiere que dichos sistemas calientan o vaporizan sustancias tóxicas inhaladas o absorbidas por las vías respiratorias con graves riesgos para la salud; que generan aerosoles que también ponen en riesgo la salud de las personas cercanas a las usuarias de estos dispositivos”, detalla la iniciativa de reforma.

Es así que el Congreso de la Unión tendrá la última palabra sobre la prohibición de los vaporizadores, donde diputados de fracciones parlamentarias como Movimiento Ciudadano y Morena se han manifestado a favor de regular este mercado en lugar de prohibirlo.

Prohibición del vapeo: por esto se oponen los activistas

En Panamá, activistas y representantes de organizaciones civiles a favor del vapeo en México y otros países, como Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica, reprobaron esta propuesta de reforma constitucional, pues señalaron que, en caso de que se apruebe, provocará un problema más grave de salud pública.

Reunidos para debatir sobre los vapeadores en el “Segundo Foro Latinoamericano de Nicotina y Reducción de Riesgo: ciencia, regulación“, el presidente de la organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), Rafael Lara, rechazó esta proihibición a los dispositivos electrónicos, ya que, a su consideración, esta medida no beneficia a la sociedad mexicana y, por el contrario, genera un mercado negro.

Mientras que Juan José Cirion Lee, presidente de la organización Mundo Vapeando AC, calificó como un atentado relacionar los daños que provoca el fentanilo con los asociados al acto de vapear.

“No hay pruebas científicas que demuestren que los vaporizadores provocan los mismos daños que los convencionales, mucho menos ahora con los asociados a esta droga. Se necesitan estudios profundos sobre los impactos que provoca el vapeo. Son menos dañinos y una alternativa para dejar de fumar”, declaró a Reporte Índigo el activista.

Expresó también: “Es un atentado lo que busca poner en la Constitución el presidente de México. Las medidas prohibitivas lejos de evitar el consumo provocan un mercado negro. Vamos a seguir con esta batalla legal en los próximos meses”.

Tomas O’Gorman, miembro fundador de la organización mexicana Provapeo, también se pronunció en contra de la iniciativa presidencial y aseguró que esta prohibición afectaría los derechos humanos de 1.7 millones de consumidores de estos dispositivos.

¿Qué sucede con los vapeadores en otros países?

Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista en Costa Rica, señaló a este diario que impulsar medidas prohibitivas de esta naturaleza lejos de resolver el problema del consumo, lo único que provocan es que se detone un mercado clandestino.

Puso como ejemplo a Costa Rica, donde las autoridades han intentado sancionar los vaporizadores de manera similar a los cigarros de combustión. Sin embargo, esta medida no ha prosperado y ha generado un aumento en el consumo a través del mercado negro.

“En Costa Rica, la regulación de los vapeadores comenzó una administración atrás. Se equipara a los vaporizadores con el uso del cigarro convencional cuando se necesita poner punto y aparte. Lo mismo sucede en México y creo que ahí está el error”, abundó también en entrevista María Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social de Costa Rica.

En tanto, Víctor Manuel Salcedo, diputado del Partido de la Unión por la Gente en Colombia, declaró que a mediano plazo este tipo de iniciativas, como la que se promueve desde el Gobierno de México, generan un rezago en la creación de políticas públicas y creación de impuestos.