Ernestina Godoy, abogada con más de 40 años de experiencia, fue designada por la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dirigir la Consejería Jurídica.
Graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1979, Godoy fue fundadora y expresidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Durante la década de los ochenta se desempeñó como docente de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho, hasta que en 1985 instaló un despacho para atender legalmente a las víctimas del sismo.
En su trayectoria profesional ha participado en organizaciones civiles como Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y, décadas más tarde, fue una de las fundadoras de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
EZLN, el parteaguas a la vida pública
Godoy formó parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que buscaban garantizar los derechos de los pueblos indígenas, firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano, en 1994.
Como servidora pública, inició su colaboración en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el año 2000, cuando se desempeñó como Directora General de Estudios Jurídicos y Legislativos en la Consejería Jurídica y Servicios Legales del entonces Distrito Federal.
Posteriormente, trabajó con Clara Brugada Molina en la Procuraduría Social del Distrito Federal y en la alcaldía de Iztapalapa, desempeñándose como directora de Desarrollo Delegacional.
De Diputados a la Fiscalía en CDMX
En 2012, Godoy fue electa como diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal. En 2015, asumió el cargo de diputada federal por el Distrito 4 de Iztapalapa en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
En 2018, se convirtió en diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde fungió como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política.
El 5 de diciembre de ese mismo año, Claudia Sheinbaum Pardo la nombró Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y años más tarde, en 2020, se convirtió en la primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
Entre sus propuestas como senadora electa se encuentran reformar la ley para erradicar la violencia de género e impulsar la coordinación entre todos los niveles de gobierno para reducir los índices delictivos.
