El equipo de Ricardo Anaya Cortés realizó una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex Presidente Felipe Calderón y contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, por su participación en un presunto “esquema criminal” relacionado con los casos de corrupción de la constructora transnacional Odebrecht.
La tarde de este lunes, Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero del otrora Instituto Federal Electoral (IFE); el abogado Paulo Diez Gargari; la diputada Cecilia Soto y Rubén Aguilar (todos parte del equipo de campaña del panista) realizaron una conferencia de prensa en el que dieron a conocer los detalles de la querella.
“En la denuncia aparecen un conjunto de nombres, incluido el de Felipe Calderón, en relación con cada una de las acciones que se llevaron a cabo en su sexenio. Por ejemplo, deberá responder si en el decreto él tenía conocimiento de que había un contrato para favorecer a Odebrecht. Un decreto que está firmado por José Antonio Meade y Calderón”, dijo Alfredo Figueroa.
Además investigar al abanderado del PRI y al ex presidente de la República, la denuncia pide indagar la participación que tuvieron en dicho esquema Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Emilio Lozoya, Carlos Murrieta Cummings, Bruno Ferrari, Juan José Suárez Coppel y Jordy Herrera.
Según la demanda presentada ante la PGR, todos estos personajes participaron en una “red de corrupción” para beneficiar económicamente a las firmas Braskem/Gerupo Idesa, filiales de Odebrecht.
“(Es) una auténtica asociación para delinquir. Una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el gobierno en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y sus consumidores”, se puede leer en el documento.
La forma de beneficiar a estas empresas era la emisión de decretos para aumentar los aranceles al polietileno importado y de esta forma hacer a un lado a la competencia y poder dominar el mercado.
Además de firmar contratos con los que el gobierno se comprometía a suministrar etano por 20 años a un precio 30% menor a la empresa Braskem/Gerupo Idesa. Todo esto según la demanda.
“No se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional, es decir, en perjuicio de la hacienda pública federal y de los consumidores”, agrega la demanda.
