Lo que debería de ser un derecho, en la Ciudad de México es un privilegio, la vivienda digna. Miles de personas en la capital del país viven en inmuebles a punto de derrumbarse en condiciones de riesgo, indignas e insalubres.
Reporte Índigo realizó un recorrido por inmuebles catalogados como de alto riesgo, para los que las intenciones de reconstruirlos quedaron solo en el papel desde hace varias décadas.
Norma Zavala tiene alrededor de 30 años viviendo en el inmueble de Buen Tono 35 esquina con Narro Acuña en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero.
Cuando alguien la visita, en vez de sacar un álbum fotográfico y contar su historia, la narra a través de grietas, derrumbes y escombros.
A pesar de utilizar bastón y ser de las personas de edad más avanzada en el edificio de cinco pisos color menta, se mueve con la agilidad de un adolescente. Conoce las debilidades y fortalezas de su vivienda, sabe dónde pisar y a qué partes ni siquiera acercarse.
También conoce todas las leyendas del lugar y sus habitantes, por lo que cariñosamente revela que para ella las más de 120 personas que viven en el inmueble de menos de 250 metros cuadrados, son su familia.
Por ese instinto maternal de proteger a quienes ama, cada que tiembla, que últimamente ha sido muy constante, Norma en lo primero que piensa es en poner a los niños a salvo.
“Nos sentimos nerviosos y presionados, pero a la vez todos somos uno, nos consideramos una familia y por ese aspecto no solo pensamos en nosotros, sino en los niños, nos preocupamos mucho por su seguridad”, comenta.
El inmueble de Buen Tono fue ocupado por damnificados del sismo de 1985 procedentes de la misma alcaldía Gustavo A. Madero.
La historia de cómo llegaron ahí no es clara, pero los habitantes coinciden en que fue gracias a líderes del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y con aval del Gobierno. Ya habitando el lugar se enfrentaron a engaños, actos de corrupción y fraudes, pero ellos se aferraron al inmueble.
En 2005 y ante el riesgo de perder su vivienda, los habitantes del lugar se acercaron a Judith Barrios Bautista, integrante del Comité de Defensa del Valle de México, quien después de seis años de trámites, papeleo y burocracia consiguió que el inmueble fuera catalogado como de alto riesgo en 2011.
“Pudimos comprobar que la situación económica de las familias que viven aquí es baja, tienen necesidad de vivienda y hay un hacinamiento terrible por cómo ocupan la vivienda. Estuvimos pidiendo al gobierno dictaminarla como de alto riesgo y se logró en 2011. A la fecha no hemos podido lograr la expropiación de este inmueble para poder regularizarlo y construir”, comenta Barrios.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º que toda familia tiene derecho a disfrutar de una “vivienda digna y decorosa”, la cual es descrita por la Ley de Vivienda como la que cumple con las disposiciones de salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Respecto a las expropiaciones, el artículo 27º constitucional señala que se pueden hacer por causa de utilidad pública y siempre mediante indemnización.
“Ya comprobamos el arraigo de 24 familias en el inmueble, pero los trámites han sido muy lentos. Desafortunadamente la gente tiene que solventar los gastos año tras año. Ya estamos en 2022 y no se ha podido expropiar, pedimos que haya más eficiencia del gobierno para que se sensibilice ante esta necesidad”, agrega Barrios.
Las personas del inmueble de Buen Tono 35 han padecido los estragos de la crisis sanitaria, dos sismos de alta magnitud y amenazas de miembros del crimen organizado
Víctimas de la inseguridad, piden vivienda digna
La mayoría de los habitantes de Buen Tono trabajan en ferias, por lo que durante la pandemia de COVID-19 padecieron las restricciones de no poder laborar y por ende no generaron ingresos. En aquellos meses vivieron prácticamente de la caridad de vecinos y organizaciones sociales que les llevaban despensas.
Durante el último año, estas personas han padecido los estragos de una crisis sanitaria, dos sismos de alta magnitud y amenazas de miembros del crimen organizado, quienes aprovechándose de su vulnerabilidad, les ofrecieron arreglarles el edificio a cambio de sus niños y de convertir al inmueble en un punto de operaciones.
Judith Hernández es la líder del inmueble, sus tres hijos nacieron ahí y casi todos los recuerdos de su vida los construyó en ese edificio apuntalado y desmoronándose. Aferrada a proteger su vivienda, incluso con su vida, cuenta cómo enfrentaron a los presuntos miembros del crimen organizado.
“Nos aventamos una bronca fuerte con ellos (personas armadas que se identificaron como miembros de la Unión de Tepito), pero no nos dejamos. Querían que les prestáramos a los niños y que dejáramos que pusieran aquí un punto (de venta y operaciones) a cambio de arreglar el edificio. Pero no, salimos todos y vieron que estábamos unidos.
“No dejamos que entraran, eran como ocho personas armadas en dos autos y en dos motos. Vinieron como tres veces y las tres veces les dijimos que no. Por qué íbamos a dejar que viniera otra gente a ‘menearnos’ cuando esto nos ha costado a nosotros. Yo fui de las iniciadoras y aquí seguiré luchando por una vivienda digna”, exclama.
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