Una de las prisiones más conflictivas y sobrepobladas de Nuevo León, donde el autogobierno del crimen organizado marca la pauta, fue inspeccionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como parte de su visita oficial al estado, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, recorrió este domingo las instalaciones del penal del Topo Chico.
El funcionario de la asociación internacional fue acompañado de la directora de ese Centro de Prevención y Readaptación Social, Gregoria Salazar, quien le mostró las condiciones de los reos y el estado que impera en la prisión estatal.
Reporte Indigo publicó en diciembre de 2012 imágenes inéditas del interior del Topo Chico, convertido en un nido del crimen organizado, debido a que rebasó las expectativas de su capacidad a causa de años de guerra del narcotráfico.
Se puso en evidencia el hacinamiento y caos del penal, debido a la falta de recursos para su reacondicionamiento, y el control de Los Zetas que ha obligados a los integrantes de otras agrupaciones delictivas a ser transferidos a otros reclusorios.
Aunque la capacidad del penal es para 2 mil 600 reos, en ese entonces se informó que ya había 5 mil 185 internos, es decir, casi el 100 por ciento de sobrepoblación.
Sin embargo, la visita del Relator Especial de la ONU a Monterrey dejó más dudas que respuestas sobre el estado que guarda el sistema penitenciario en Nuevo León, porque no se dieron a conocer detalles de su visita a la prisión estatal.
La reuniones se caracterizaron por el hermetismo y la negativa para el acceso de la prensa a los encuentros que sostuvo el funcionario con el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La administración del gobernador Rodrigo Medina sólo dio a conocer mediante un comunicado que recibió la visita del Relator Especial en el Palacio de Gobierno, junto con miembros de su gabinete, y otros representantes de la ONU y la Cancillería mexicana.
Sin ahondar en más detalles, en el boletín únicamente se señaló que como parte de los temas discutidos en la junta estaba el “tratamiento penitenciario” y las “estrategias de prevención de maltrato”.
El argentino Méndez también sostuvo una reunión a puerta cerrada con la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez, en las instalaciones de la CEDH.
En plena cerrazón, el equipo de Comunicación Social de la institución no permitió, tras la reunión, un acercamiento de la prensa con el Relator Especial de la ONU.
Por otro lado, este domingo diversas organizaciones sociales del norte del país se reunieron con Méndez en las oficinas de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., (CADHAC).
Ahí, organismos de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua expusieron al representante de la ONU sus principales preocupaciones en el tema de la tortura.
CADHAC presentó un informe especial que integra casos de víctimas de tortura en Nuevo León y evidencia de esta práctica “sistemática” por agentes del Estado, como en las cárceles de la entidad.
La organización anfitriona informó que registró de 2012 al primer trimestre de 2014, un total de 204 víctimas que presuntamente sufrieron este delito por diferentes corporaciones policíacas y que, de ese total, 85 corresponden a reos.
Denuncian nuevamente a la ombudsman
Durante la visita del Relator Especial de la ONU a la CEDH, una extrabajadora de esa institución pública denunció la tortura y el “bullying” laboral que dice sufrió por parte de la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez.
La exproyectista Martha Alicia Valdez, en compañía de su abogado Luis Villarreal y de otros tres exempleados, también víctimas de despidos injustificados, entregó un escrito donde expone el caso que dio a conocer Reporte Indigo.
La intención de la defensa es que el documento sea remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y se entregó en sobre cerrado para cualquier interferencia de la ombudsman.
La denuncia, según la exempleada, se suma al expediente que entregó este domingo a Méndez a través de María Leoni, otra de las funcionarias de la ONU que acudió a la visita oficial en Monterrey.
Los extrabajadores que han señalado públicamente a la presidenta del organismo de hostigamiento laboral se han topado con la denegación de justicia.
El Ministerio Público estatal, el Consejo Consultivo de la CEDH, el Tribunal de Arbitraje del Estado, el Congreso local y la Contraloría de Nuevo León, han congelado los casos, los han declarado improcedentes, o sus resoluciones están impugnadas en amparos.
Esto se suma a las quejas, tampoco sin resolver, que hace un año interpusieron Valdez y el exdirector de Conclusión y Seguimiento, Gustavo Meraz, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
