Las nuevas medidas anunciadas por Petróleos Mexicanos para controlar el robo de combustibles en sus ductos contrastan con una inversión para “fortalecimiento” de este tipo de transporte anunciada hace apenas cinco meses.
El anuncio de Pemex de que cambiará la estrategia de transporte de combustibles por ductos echa por tierra una inversión previa que la propia petrolera había anunciado en su sistema Scada, uno de los tres que le permiten controlar la cantidad de combustible que pasa por todo su sistema de ductos.
Este martes 17, la dependencia a cargo de Emilio Lozoya dio a conocer que transportará por sus ductos exclusivamente gasolinas y diésel no terminados, en una etapa cuando no son aptos para usarse en vehículos y plantas industriales.
La nueva estrategia busca que la mezcla final de los combustibles se realice en las terminales de almacenamiento de Pemex, por lo que el robo de los ductos no permitirá a los ladrones vender el producto para que ser utilizado.
La petrolera anunció a los usuarios que si no compran su combustible en estaciones de servicio o distribuidores autorizados “pueden dañar a los motores”.
Este nuevo esquema es una respuesta al crecimiento exponencial que ha presentado este delito en los últimos dos años, según cifras de la propia petrolera, que implican 17 mil millones de pesos en pérdidas al año.
La determinación parece un revés a una decisión que se había tomado al final de 2014 para invertir mayores recursos en la detección en tiempo real de la cantidad de combustible que recorre la red nacional.
Una red para medir la presión
El 10 de septiembre, Pemex anunció que iba a realizar una inversión de 282 millones de dólares en el sistema de automatización Scada.
Este sistema funciona por medio de detectores de cantidad de hidrocarburo colocados al interior de los ductos, que mide los niveles de presión interna para que la petrolera pueda localizar donde se van dando los faltantes.
La ampliación presupuestal para el sistema buscaba ampliar este monitoreo automatizado a 186 sitios en el país.
El objetivo de este gasto era “la detección inmediata de caídas de presión en el flujo de la Red Nacional de Ductos así como la atención oportuna de las tomas clandestinas, a fin de salvaguardar la seguridad de la población ya que el robo de combustibles pone en riesgo a las comunidades de las zonas aledañas y al medio ambiente”.
Con esta inversión se buscaría automatizar 35 mil kilómetros de ductos de las áreas de Refinación, Gas, Petroquímica y Producción, en 47 sistemas de transporte por ductos de la red del Sistema Nacional de Refinación, además de zonas estratégicas de cuatro ductos petroquímicos.
Las inversiones estarían divididas en 85 millones de dólares durante 2014 y otros 197 millones entre 2015 y 2016.
Una parte del presupuesto, que no fue desglosado por Pemex, estaba encaminado a fortalecer la infraestructura de los centros de control Scada en la Ciudad de México y el de Venta de Carpio, en el Estado de México, que planeaba reubicarse en la zona metropolitana del Distrito Federal.
El año pasado, de acuerdo con los archivos publicados por el IFAI, Pemex sólo firmó dos contratos relacionados con este sistema, aunque ninguno enfocado a una ampliación de la red de detecciones instantáneas.
Los beneficiarios fueron Rolcat, S.A. de C.V., con un contrato por 33.9 millones de pesos para instalaciones al sistema en la refinería Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León y Servicio e Ingeniería en Tecnología Electrónica, por 26.5 millones de pesos.
‘Entierran’ inversión
En contraste con la baja en los números de contratos anunciados, en lo que va del actual sexenio, Pemex ha firmado 51 contratos con compañías privadas, que le han representado un gasto por 268.5 millones de pesos para hacer estudios de las zonas contaminadas después de una toma clandestina, encapsular y limpiar el área afectada.
De estos contratos, 31 han sido por adjudicación directa y la mayoría, 14 de ellos, se han ubicado en tomas clandestinas localizadas en municipios del Estado de México.
Tan solo en diciembre de 2012, Pemex Refinación adjudicó tres contratos por 114 millones de pesos para limpiar el derrame de combustible provocado por tres tomas clandestinas en las zonas aledañas al río San Juan, en el municipio veracruzano de Hueyapan, otra en el río Coatzacoalcos y una más cercana al poblado de Coatzintla, igualmente en Veracruz.
Las compañías beneficiadas fueron Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental, Caprimex y Geoclean de México.
